Liliana Ledesma: la mujer que no quiso dar su tierra a los narcos
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
En el norte salteño un traficante de drogas acumulaba hectáreas para transformarse en el "dueño de la frontera"; la víctima se negó a dejar su propiedad y fue atacada por sicarios el 21 de septiembre de 2006; más de doce años después será llevado a juicio Delfín Castedo por ese homicidio
La estrecha pasarela se mantiene destartalada, pero la gente sigue pasando por ahí a pesar de que se mueve con el viento caliente que sopla en Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia. Faltan algunas tablas y los caños que la sostienen están despintados y herrumbrados. Si no llueve y el agua corre por ese cauce, siempre hay basura en la cañada, debajo del puente. La pasarela está recubierta con una fina película de tierra, que flota, como todo lo que está allí a la intemperie. El tráfico frenético de los camiones en la ruta 34 levanta esas nubes de polvo. A un costado de la pasarela se construyó un pequeño altar para recordar a Liliana Ledesma.
En ese lugar tenebroso, esa mujer fue emboscada el 21 de septiembre de 2006 por dos hombres, que la mataron de siete puñaladas, dos de esas estocadas fueron mortales al afectar el corazón y el estómago. Los otros cuchillazos fueron directo a su boca, que quedó destrozada. La historia de este crimen configura uno de los narcofemicidios emblemáticos de la Argentina, con una trama plagada de complicidades e impunidad.
Ese día Ledesma fue llevada directo a una trampa -según la investigación- por María Gabriela Aparicio, hermana del entonces diputado provincial del PJ Ernesto Aparicio. Ella la pasó a buscar y la condujo al sitio donde la asesinaron Aníbal Ceferino Tárraga y Lino Abdemar Moreno, sicarios del clan Castedo.
Los asesinos desfiguraron su rostro y su boca por un motivo claro. Ella había hablado. Liliana había denunciado que Delfín Castedo había bloqueado los caminos de esa zona, donde no solo estaban los campos del narco, sino también los terrenos de otras familias como los Ledesma y los Rojas. Su padre y hermano arrendaban un campo hacía 40 años y tenían unas 200 cabezas de ganado.
El marido de Liliana, Gilberto Villagómez, boliviano, oriundo de San José de Pocitos, había aparecido muerto un par de años antes a bordo de su automóvil acribillado a balazos en el barrio norte de la ciudad fronteriza. Tenía antecedentes por narcotráfico. Liliana dijo que fue asesinado por orden de Aparicio. Los Castedo dicen lo contrario. Y se sospecha que se quedó con un cargamento de cocaína.
Liliana vendía huevos en la calle principal de Salvador Mazza, a metros del límite con Bolivia, y su familia necesitaba pasar por los caminos que había bloqueado Castedo, como si fuera -en realidad, lo era- el dueño de la frontera.
Para llegar a su campo de 1250 hectáreas en pleno monte, en el paraje El Pajeal, los Ledesma deben atravesar un camino de tierra de unos 35 kilómetros que va paralelo a la frontera con Bolivia.
Castedo, según sospecha la Justicia, pasaba por allí la cocaína que traía de Bolivia, acopiaba en otras provincias y embarcaba rumbo a Europa. Este hombre que estuvo prófugo durante una década, con la protección política y la ayuda de la Justicia -ahí tenía un rol central el exjuez de Orán Raúl Reynoso- era el proveedor de Carbón Blanco, la banda que realizó los mayores contrabandos de cocaína de la historia.
En ese momento, cuando Castedo decidió cerrar los caminos y dejar aislado al ganado de los Ledesma y de otras familias, como los Rojas, Liliana tomó la voz cantante y comenzó a denunciar al diputado Ernesto Aparicio, socio de Castedo. Lo hizo con las periodistas Marta César, Paula Poma y Liliana Corvalán. Fueron ellas las que escucharon a esta mujer, que diez días después de esa entrevista sería asesinada en esa pasarela precaria que atraviesa la cañada.
"Mi hija lo denunció porque él tenía una cocina de droga, se quería quedar con la casa de ella y le cerró los caminos para trabajar a mi otro hijo, que tiene un campo y se dedica a la ganadería", contó Élida, la madre de la mujer asesinada, a LA NACION.
Castedo quería los campos de Ledesma y de otro productor ganadero, Sergio Rojas, para tener un control absoluto en la zona. "Él quería una zona liberada", explicó Jesús Ledesma, quien recuerda que Castedo cortó el único camino vecinal que lleva a los dos parajes. Puso tres portones y una barricada con troncos, que arrasó con topadoras.
Eugenio Ledesma, de 75 años, padre de Jesús, recordó que para ingresar a su campo debían cruzar la frontera y entrar por Bolivia. Salían por Salvador Mazza hacia Dorminí y pedían permiso a sus vecinos bolivianos para entrar en sus propiedades.
Raúl y Delfín Castedo serán juzgados este año, aunque aún no hay fecha de inicio de las audiencias que se harán en la ciudad de Orán. El juez de Garantías de Tartagal, Nelso Aramayo, elevó a juicio la causa en septiembre pasado y más de 12 años después los Castedo se sentarán en el banquillo acusados de "instigación al homicidio calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Liliana Ledesma".
El paso del tiempo, más de 12 años, es lo que deja al descubierto el entramado de poder que detentaba este hombre que creció a la sombra de la protección política en una zona fronteriza que es clave en el tráfico de cocaína.
Este esquema de complicidades, que sostenía un negocio millonario, llegó a niveles increíbles cuando el 5 de diciembre de 2013 el entonces juez Reynoso permitió que se presentara a declarar otra persona en lugar del imputado. El magistrado necesitaba ese trámite para favorecer a Castedo y eximirlo de prisión. No le importó al juez que el narco cargara sobre sus espaldas con un pedido de captura por el asesinato de Liliana. De esa manera, Castedo estuvo prófugo durante 10 años.
Reynoso está siendo juzgado actualmente en Salta como jefe de una asociación ilícita que se montó con otros abogados de Orán para liberar a narcos a cambio de dinero.
Desde la cárcel de Güemes Castedo se queja por permanecer preso, ahora sin la ayuda de Reynoso. El 1° de enero pasado apareció en su perfil de Facebook, ilustrado con una foto del nazi Joseph Goebbels, un texto en el que plantea: "¿Cuánto tiempo más me van a seguir despojando de mi vida? Desde hace dos años me pusieron en una celda de dos por quince y un patio desde el que ni siquiera puedo ver el sol".
El 10 de marzo de 2017 los fiscales federales de Salta José Luis Bruno y Carlos Amad y la Procunar pidieron a la Secretaría de Fronteras del Ministerio de Seguridad la elaboración de un proyecto para darles "un fin social" a las 18.000 hectáreas que la Justicia Federal decomisó a Castedo.
El temor es que si esas tierras siguen siendo manejadas por este narco esa organización puede continuar operando en esa geografía compleja, casi inaccesible.
La Unidad Especial de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional estableció que la finca El Pajeal -que el entonces diputado Aparicio les habría cedido a los Castedo- posee un camino de tierra de grandes dimensiones y en buen estado de conservación, que va desde lo que sería el casco de esa estancia hasta el límite internacional, terminando en un portón. Ese camino se introduce en territorio boliviano, y allí no hay ningún tipo de control.
Al ser detenido uno de los integrantes del clan Castedo en 2017 -atrapado con 100 kilos de cocaína en su vehículo-, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , recordó que ese clan "no solo actuó como grupo narco, sino que hubo una situación muy concreta que fue intentar capturar tierras para traer la droga con más facilidad y desplazar a los pobladores".
Liliana Ledesma fue una de las víctimas de ese plan criminal.
Fuga: una unidad especial busca al excuñado de Reynoso
"La fiscalía pidió penas de entre 25 y 18 años para los acusados en el juicio contra el exjuez Raúl Reynoso. Los que están en el banquillo tienen más de 50 años. Cuando Eladio Gaona se puso a pensar que iba a pasar el resto de su vida en la cárcel se fugó. Tendría que haber estado detenido durante el juicio", advirtió el abogado David Leiva, en diálogo con LA NACION. Este letrado fue uno de los primeros que rompieron el cerco del sistema de corrupción del juzgado federal de Orán y denunció que el exjuez Raúl Reynoso cobraba por beneficiar con sus fallos a los narcos.
El fiscal federal Francisco Snopek, quien está al frente de la acusación en el juicio con su colega Carlos Amad, sostuvo en diálogo con LA NACION que "este miércoles [por anteayer] se allanaron en Orán dos domicilios de Gaona, pero no hallaron ningún indicio de peso para la investigación de la fuga del abogado".
El funcionario del Ministerio Público explicó que "se conformó una unidad especial de las fuerzas federales para buscar al prófugo, que ya tiene pedido de captura nacional e internacional". Y recordó que "en tres instancias del juicio se pidió a los jueces del tribunal la prisión preventiva de los imputados, acusados de delitos muy graves, pero los planteos fueron rechazados".
A Leiva, en tanto, muy pocos le creían cuando hablaba de que el Juzgado Federal de Orán, en la frontera caliente del narcotráfico, tarifaba los fallos a partir del investigado acuerdo entre el magistrado y un grupo de abogados.
Eso funcionó durante más de cinco años. En el momento en que Leiva denunciaba a Reynoso, el juez era puesto como ejemplo de la lucha contra el narcotráfico por la expresidenta Cristina Fernández y la Corte Suprema de la Nación, que había designado a Reynoso para encabezar a una comisión de magistrados que analizaría el combate contra las drogas.
Gaona, excuñado de Reynoso, y Miguel Ángel Saavedra, quien era en ese momento jefe de despacho del juzgado, eran -según Leiva- "el brazo operativo del exjuez para el cobro de los peajes y sobornos en el juzgado". Y agregó: "Eran los que andaban en la calle, recaudaban y luego le llevaban el dinero a Reynoso".
A veces el propio Reynoso participaba de esos encuentros, recordó Leiva, como cuando visitó la casa del abogado René Gómez, exprocurador general de Salta, también imputado en esta causa, "para cobrar un pago de Miguel Farfán, uno de los narcos más pesados, que como si fuera una casualidad del destino también se fugó como Gaona". Este capítulo lo ventiló en el juicio una testigo protegida que fue pareja durante 20 años de ese exfuncionario judicial.
Para Leiva, el juicio por asociación ilícita contra Reynoso, el grupo de abogados y funcionarios que participaban del cobro de coimas "es solo la punta del iceberg".
"Denuncié a cinco comandantes de la Gendarmería que participaban de estas maniobras. Esto no está siendo juzgado, pero hay dos jefes de la fuerza procesados. Y en otra causa fue confirmada la condena para otro magistrado federal, José Antonio Solá Torino, que sigue ejerciendo la abogacía a pesar de que la Cámara Federal confirmó una condena a seis años". Este exjuez cobraba sobornos del prófugo Miguel Farfán.
Protagonistas de la investigación
Liliana Ledesma: víctima
- La mujer, de 37 años, había denunciado en una entrevista periodística al clan de los Castedo, cuyos integrantes habían bloqueado el ingreso al campo de su familia y pretendían desalojar a los arrendatarios de varios terrenos para consolidar su control en la frontera con Bolivia.
- La investigación judicial apunta a que la víctima fue llevada a una trampa en septiembre de 2006 al ser engañada por la hermana del entonces diputado provincial del PJ Ernesto Aparicio. Ese legislador, que falleció en 2013, estaba vinculado a Delfín Castedo.
- Este año se realizará el juicio contra los instigadores de ese crimen, ordenado para permitir la silenciosa penetración narco.
Delfín Castedo: acusado
- Delfín Castedo no tenía demasiada relevancia hace dos décadas en el entramado narco del que ya formaba parte, pero sin voz de mando. Su principal entrada de dinero -según declaró en la Justicia- era una casa de videojuegos en Tartagal, que instaló con una indemnización. A partir de 2005, todo cambió para él.
- Compró más de 28.000 hectáreas en la frontera norte, tanto en la provincia de Salta como del lado boliviano, y empezó a ser investigado como presunto jefe de un clan narco.
- Estuvo diez años prófugo y fue capturado en julio de 2016 en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Está alojado en la prisión de Güemes, en Salta.
Tres momentos
Mensaje mafioso - Un rostro desfigurado: Liliana Ledesma fue acuchillada repetidamente por dos agresores en una pasarela ubicada en Salvador Mazza; cortaron su boca para advertir que el crimen fue por sus denuncias.
Un clan criminal - La banda de los Castedo: Encabezado por Delfín Castedo, ese grupo es señalado por los investigadores como el mayor proveedor local de cocaína y sus huellas aparecen en los casos más resonantes.
Contacto judicial - La conexión con Reynoso: El exjuez federal de Orán habría sido una de las piezas claves para el crecimiento del clan narco que ordenó el asesinato de Liliana Ledesma en la frontera con Bolivia.
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