Los Juliá esperaban obtener "un extraordinario beneficio económico"

Según la Justicia española, los hermanos idearon el tráfico de los 944,5 kg de cocaína en diciembre de 2010; descreyó la versión de un supuesto contratante
Gabriel Di Nicola
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14 de enero de 2013  

En un día indeterminado de 2010, Gustavo y Eduardo Juliá acordaron introducir en España, desde la Argentina, una importante cantidad de cocaína para obtener "un extraordinario beneficio económico". Eso concluyeron los jueces españoles Jesús Barrientos Pacho, Carlos Mir Puig y Mercedes Armas Galve, en los fundamentos de la sentencia con la que condenaron a los hermanos a 13 años de prisión por el tráfico en avión de casi una tonelada de esa droga.

Los magistrados de la Audiencia Provincial Sección Octava de Barcelona no creyeron ni una palabra a los hermanos Juliá, que durante las audiencias del juicio, el 4 y el 5 de diciembre pasados, habían afirmado que desconocían la carga de 944,5 kilos de cocaína oculta en el lujoso jet Bombardier Challenger 604.

"Los hermanos Juliá, en fechas no determinadas de diciembre de 2010, modificaron ellos mismos, u otras personas a sus órdenes, la configuración interna de la aeronave mediante un sofá de tres plazas que colocaron en el lugar donde originariamente había dos butacas, además de proceder a la instalación de un falso panel de circuit-breakers [instrumental] en el lugar de un armario para abrigos, lo que permitió la creación de huecos disimulados donde ocultaron la sustancia estupefaciente", sostuvieron los jueces en el fallo al que accedió LA NACION.

Los magistrados españoles dijeron que no se había acreditado que Matías Miret, el único de los tres argentinos absuelto en el juicio, "conociera que el avión transportaba la sustancia finalmente incautada".

En el fallo, los jueces recordaron que Gustavo Juliá, que había adquirido el jet por leasing el 5 de noviembre de 2010, en los Estados Unidos, explicó que las modificaciones en la aeronave se hicieron por pedido de un empresario español llamado Gerardo Fernández, que lo contrató para trasladar personas, documentación bancaria y obras de arte de España a la Argentina.

Según el relato de Juliá, por pedido de Fernández se hicieron las modificaciones en el jet, con gente que trabajaba para el español, en un trabajo que duró entre 20 y 25 días. En ese tiempo, según Juliá, los únicos que tuvieron acceso a la aeronave fueron él y los supuestos empleados del tal Fernández.

"Lo cierto es, sin embargo, que no se ha contado con la declaración del empresario español contratante, pero tampoco obra [en la causa] documentación que acredite ese encargo ni que justifique el porqué de las modificaciones del habitáculo ni la factura que debió extenderse por dichos servicios ni, en definitiva, se tiene fehaciencia [sic] de los concretos viajes que debían realizarse por el avión una vez en España ni las personas que figurarían en el pasaje ni siquiera lo más inmediato: el siguiente vuelo o servicio que debía hacerse después de aterrizar en Barcelona", afirmaron los jueces en su sentencia.

Entre las pruebas, los magistrados tuvieron en cuenta, como lo hizo también el fiscal, los vuelos previos de los Juliá a la Península Ibérica. "Los hermanos Juliá, por otro lado, hicieron sólo unos meses antes dos viajes a España. Al igual que el vuelo de autos, del 1° de enero [de 2011], no se han aclarado por los dos procesados los motivos de estos vuelos. Se desconocen las circunstancias que llevaron a hacer viajes tan largos; a pesar de la condición de empresario de Gustavo Juliá, nada se sabe de la actividad económica que le determinara a viajar a España por dos veces en tan breve espacio de tiempo", agregaron los jueces.

El fiscal del caso sostuvo en su alegato que esos viajes fueron hechos para conocer las posibles rutas.

"En definitiva, el conjunto de indicios analizados lleva a este tribunal a realizar un juicio de inferencia por el que se concluye que los hermanos Juliá conocían la carga de sustancia estupefaciente que llevaba el avión que pilotaban y ocupaban", afirmaron los magistrados Barrientos Pacho, Mir Puig y Armas Galve.

Además de la pena de prisión, los magistrados impusieron una multa de 100.000.000 de euros para los condenados. Según peritajes, la droga secuestrada tenía un 83% de pureza y el cargamento de 944,5 kilos de cocaína podría llegar a tener un valor de 32.116.000 de euros.

La defensa de los hermanos Juliá, a cargo de los abogados Lourdes Izquierdo Montijano, Carlos Broitman y Darío Kaen, apelará la sentencia en el Tribunal Supremo de Madrid.

Indicios determinantes

La falta de explicación de las actividades fue clave

  • "A pesar de la condición de empresario de Gustavo Juliá, nada se sabe de la actividad económica que lo determinó a viajar a España por dos veces en tan breve espacio de tiempo"

    GUSTAVO JULIÁ

    Condenado
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