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En Santa Fe, los padres de los alumnos que realicen amenazas deberán pagar el costo de los operativos policiales
El gobierno provincial atendió, desde el viernes, 65 eventos por carteles dejados en baños de establecimientos educativos; cada uno tiene un costo de entre 5 y 6 millones de pesos y les cargarán la cuenta a los imputados o a sus familias
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SANTA FE.- Para el gobierno santafesino, las amenazas de tiroteos en escuelas “no son una broma, sino un delito”, lo que implica montar operativos policiales que tienen un costo estimado entre 5 y 6 millones de pesos. Por eso, anunciaron que los autores de esos actos que provocan desasosiego y perjudican a miles de alumnos de todos los niveles tendrán que pagar la cuenta.
“Una vez que se compruebe la responsabilidad del involucrado, este o su familia deberán hacerse cargo y costear el procedimiento”, anunció el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni.
La ola de casos de amenazas tuvo su pico la semana pasada. El viernes pasado se sumaron 65 denuncias por amenazas, casi todas idénticas, mediante carteles dejados en baños de los establecimientos educativos.
Por eso, Cococcioni fue contundente al remarcar el alcance de las sanciones: “No se trata de una broma, se trata de un delito”, subrayó.
El ministro hizo hincapié en las consecuencias que tienen estos hechos a futuro, al ser eventos punibles. Citó un ejemplo: ante la solicitud de certificados o permisos de viajes, lo acontecido puede tener antecedentes negativos, añadió.
“Cuando ocurre un hecho de las características del acaecido el 30 de marzo pasado en San Cristóbal luego aparece un segundo capítulo”, explicó el funcionario. Ese capítulo es el que se conoce como el “efecto copycat”, o de imitación, en el que las amenazas se convierten en virales, lo que hace imposible predecir si todas son falsas alarmas o determinar, en un cortísimo plazo de tiempo, si alguna es verosímil, por lo que todas las situaciones son puestas en el mismo nivel de alerta y obligan a montar operativos.
En rueda de prensa, el titular del área Seguridad de Santa Fe comentó que “ante cada denuncia, las fuerzas de seguridad intervienen de manera coordinada con la Fiscalía” y que “los procedimientos incluyen aprehensiones, allanamientos y secuestro de celulares y dispositivos electrónicos con el objetivo de identificar a los responsables”.
Confirmó al respecto que “hay varios detenidos a disposición de la Justicia” tras haberse confirmado su participación en las amenazas tras los allanamientos concretados el pasado viernes.
Ante una consulta, Cococcioni explicó que muchos de estos casos no se difunden en detalle porque la mayoría de los involucrados son menores de edad, lo que exige resguardar las investigaciones dentro del marco del fuero penal juvenil.
Aun así, remarcó que las actuaciones existen y avanzan porque “el Estado toma estos hechos con la mayor seriedad”.
Sobre el monto de cada operativo que el gobierno decidió que deberán afrontarlo el alumno y/o su familia, el ministro Cococcioni indicó que cada vez que hay una denuncia son convocados a actuar policías, bomberos, dispositivos de emergencia, además de efectivos de refuerzos que se cubren con horas extra debido a que es necesario buscar fuerzas adicionales para garantizar la seguridad en el territorio provincial.
También se destacó el rol del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la investigación de estos hechos. El organismo utiliza herramientas tecnológicas como el análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP, lo que permite avanzar con rapidez en la identificación de los autores. Estas investigaciones pueden derivar en allanamientos de domicilios, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.
Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, dijo que “las amenazas son delito y traen consecuencias” y destacó que se potenciarán los programas de educación digital y las rondas de convivencia. “Estamos construyendo herramientas que mejoran la situación”, manifestó.
Intimidación pública
Días atrás, la flamante vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, insistió en la responsabilidad de los actos por parte de menores y sus familias e instó a la comunidad educativa a seguir abordando el tema.
“Las amenazas de ataques en escuelas deben ser tomadas con seriedad porque se trata de un delito de intimidación pública, con consecuencias penales”, dijo.
Reconoció que, al igual que Santa Fe, en otras provincias están pasando por lo mismo, tema que se abordó en la reunión del jueves pasado en el Consejo Federal de Educación.
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