Maradona. Autorizan la apertura de los teléfonos celulares de Luque y de la psiquiatra

El juez de Garantías Orlando Díaz, autorizó la apertura de los teléfonos secuestrados en el marco de la causa que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona y, además, le concedió a las hermanas del astro del fútbol mundial el recurso de apelación que presentaron luego de ser rechazadas como particulares damnificadas

Díaz aún debe resolver, y tiene plazo hasta mañana, el pedido de eximición de prisión que presentó la defensa del médico Leopoldo Luque, uno de dos profesionales que los fiscales tienen en la mira, según informó la agencia de noticias Télam, citando fuentes judiciales.

Los voceros indicaron que, tras estas resoluciones, Díaz devolvió el expediente a la Fiscalía General de San Isidro, el búnker elegido por los tres fiscales que trabajan y firman la caus, Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, para que continúen con la investigación.

La primera resolución de Díaz fue ordenar la apertura de los cuatro teléfonos celulares secuestrados en los allanamientos realizados el domingo pasado al médico Luque y ayer a la psiquiatra Agustina Cosachov.

Se trata de dos celulares de Luque -el suyo, marca iPhone, y el de su mujer-, y dos smartphones incautados ayer a Cosachov, de donde los agentes fiscales pretenden extraer todo tipo de comunicación referida a la atención médica de Maradona y a lo que sucedió en las horas previas, concomitantes y posteriores al momento de la muerte.

La herramienta tecnológica que tienen es el UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense, según sus siglas en inglés), un aparato que permite extraer de un celular, una tablet o cualquier otro dispositivo toda la información almacenada de la memoria o de las tarjetas SIM para su análisis forense.

Más allá de la autorización del juez, las fuentes aclararon que ahora se fijará una fecha para el peritaje y se notificará a cada uno de los abogados de la causa para que puedan participar con un perito de parte.

En tanto, el juez Díaz también le concedió hoy a los abogados Matías Morla y Yamil Castro Bianchi el recurso de apelación que presentaron luego de que el magistrado rechazara que las hermanas del exjugador y entrenador sean tenidas en cuenta como particulares damnificadas en el expediente, al considerar que había otros familiares, como los hijos, con "mejores derechos".

Ahora será la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro la que defina si las cuatro hermanas de Diego -Claudia Mora, Ana Estela, María Rosa y Rita Mabel Maradona-, pueden entrar al expediente o si avala el criterio del juez Díaz y las deja afuera de la causa.

El escrito de la apelación -al que tuvo acceso Télam y está firmado solo por Rita Mabel Maradona-, señala que "la escueta resolución del magistrado se asimila más a un intento de declaratoria de herederos propia del fuero civil, que a la resolución a la que se le solicitó que se avoque".

Citando el Código Procesal Penal, la hermana de Maradona y su abogado sostienen que "toda persona particularmente ofendida por un delito de los que dan lugar a la acción pública tendrá derecho a constituirse en calidad de particular damnificado".

Y agrega: "¿Qué quiere decir el magistrado? Entiendo que interpreta que no me encuentro afectada por el deceso de mi hermano. Cosa por demás dolorosa que no hace más que revictimizarme frente al suceso".

"Debo padecer ahora no sólo la situación en que me encuentro por la pérdida de mi hermano, sino también, que se me niegue el derecho a ser tenida por particular damnificada", señala otro de los párrafos del escrito.

En tanto, mañana se vence el plazo de tres días que tiene Díaz para definir si exime o no de prisión al médico Luque, tal como planteó su defensa, pese a que la fiscalía no pidió su detención.

Según las fuentes, tres son las alternativas del magistrado: rechazar el planteo por abstracto, ya que aún los fiscales no pidieron el arresto de Luque por ningún delito; aceptarlo para que el médico permanezca en libertad en caso de que en un futuro se solicite su detención; o diferir la resolución hasta el momento en el que eventualmente el Ministerio Público Fiscal pida esa medida.