Medida extrema: un municipio instalará portones nocturnos en las calles para frenar los hechos de inseguridad
Villa Allende colocará y cerrará portones desde las 22 hasta las 6 en zonas específicas de la ciudad; rechazo de la oposición y polémica entre vecinos
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Fernando Bialuski
El municipio de Villa Allende en Córdoba colocará portones que cerrará por las noches en distintas calles secundarias de la ciudad con el objetivo de combatir la inseguridad. El plan comenzará a aplicarse en marzo, luego de que la Justicia local fallara en contra de un grupo de vecinos que había presentado un amparo para evitar que se desarrollara la iniciativa. Sin embargo, la oposición y distintas organizaciones vecinales consideran que es “inconstitucional” y siguen reclamando para que no se lleve a cabo.
La iniciativa extrema forma parte del “Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal” que también implica la incorporación de cinco móviles para el patrullaje de la ciudad, la instalación de 250 cámaras de seguridad y 57 domos policiales, explicaron las autoridades locales.
Sin embargo, el punto más novedoso -y también de polémica entre los vecinos- fue la decisión de colocar portones para evitar la circulación vehicular en determinadas zonas. Los primeros se armarán en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar a partir de marzo, según confirmó el intendente Pablo Cornet, en diálogo con LA NACION.
“Es un proyecto integral que incluye duplicar las cámaras del centro de monitoreo, sumar móviles, adquirir un dron y mejorar la iluminación. Los portones vienen a facilitar la tarea de control preventivo. Buscamos dejar corredores seguros, bien iluminados y monitoreados, mientras que las calles secundarias se van a cerrar”, dijo en diálogo con LA NACION.
Según Cornet, el proyecto nació de conversaciones que tuvo con vecinos durante visitas a los diferentes barrios: “Me contaban por dónde entraban y escapaban los delincuentes. Charlando con ellos, surgió la idea de que se deberían cerrar esas calles y así se empezó a cocinar la iniciativa”.
La primera parte del plan implica la colocación de 14 portones, que estarán activos entre las 22 y las 6 y de los cuales algunos cerrarán por completo la cuadra, mientras que otros permitirán el paso peatonal.
“Los vecinos están indignados porque les roban herramientas, mangueras o escaleras, generalmente cuando no están en sus casas o durante la noche. Surgieron indicios de que cerrar calles servía cuando, por una obra de pavimentación, una cuadra quedó cerrada y los propios vecinos hicieron una encuesta por WhatsApp, donde la gran mayoría sintió que mejoró la seguridad”, dijo Cornet.
De acuerdo al intendente, se trata de una “prueba piloto” para que luego los vecinos del resto de los barrios decidan sobre la base de la experiencia si los consideran como herramientas efectivas para bajar la inseguridad en sus respectivas zonas.
Para ello se incorporó en el proyecto el Registro de Oposición, donde los vecinos de los lugares afectados deben votar para aceptar o rechazar la iniciativa. En caso de que un porcentaje superior al 40% se oponga, el programa no se ejecutará en esa zona.
Los resultados para la aplicación en Lomas Sur y Pan de Azúcar arrojó que solo 22 personas votaron en contra, es decir, un 1,98% del padrón de un padrón compuesto por 1108 contribuyentes empadronados. Si se obtiene el visto bueno en las otras dos consultas, se construirán nueve portones más distribuidos entre los barrios La Cruz, La Amalia y Jardín Epicuro y 12 entre los barrios San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque.
“La potestad del tránsito es netamente municipal y en la Policía estamos en condiciones de brindar seguridad pública en cualquier circunstancia. La autonomía municipal se respeta y si Villa Allende decidió hacer eso, son los vecinos los que tendrán que dar su opinión. Nosotros garantizamos la seguridad pública”, indicó el ministerio de Seguridad de Córdoba ante la consulta de LA NACION sobre la iniciativa que se aplicará en la localidad donde viven 36.882 personas, según el último censo, aunque desde el Municipio calculan que actualmente son 50.000.
Por otro lado, sobre el municipio, situado a solo 25 kilómetros de la Ciudad de Córdoba rige una emergencia en seguridad desde 2023, cuando se aprobó en el Concejo Deliberante la declaración por el “incremento en forma sustancial de los hechos delictivos que atentan contra la integridad de las personas y la propiedad”.
Fallo favorable de la Justicia y críticas de vecinos
Si bien el proyecto fue aprobado a mitad de año, una serie de amparos -que luego se unificaron- presentados por vecinos frenaron el desarrollo de la iniciativa. Sin embargo, el último martes, en la antevíspera del Año Nuevo, la Cámara Contencioso Administrativa de la Primera Nominación de Córdoba convalidó la ordenanza y permitió la puesta en marcha del plan.
La Cámara consideró que los planteos de inconstitucionalidad de los demandantes “no son procedentes” al considerar que la iniciativa es “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”. Hugo Mariano Yagüe, vecino y uno de los abogados que acompañó la presentación de los amparos confirmó a LA NACION que van a apelar la decisión.
“La Justicia planteó que el programa no va en contra de ninguna libertad, sino que es un reacomodamiento del espacio público. Quieren poner más de 50 portones en las calles que limitan con la ciudad de Córdoba y Saldán, de modo que las personas solo podrían ingresar por las avenidas principales. Esto segrega, divide y margina a la sociedad. Si bien es importante que la policía esté presente, también se debe trabajar con políticas de inclusión”, indicó la concejal Marta Banegas, del bloque de oposición “Elegí Villa Allende”, un armado local.
A su vez, afirmó que el Registro de Oposición resultó “tramposo” al señalar que si los vecinos se oponían a los portones, también lo hacían al conjunto del proyecto, incluyendo las cámaras y patrullajes. “Además, solo permitía la participación de los contribuyentes, lo cual consideramos anticonstitucional porque excluye a otros adultos que viven en el hogar y tienen derecho a votar”, agregó.
Por Fernando Bialuski
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