Mendoza: reactivan una causa que complica a gendarmes y que el juez Walter Bento tuvo casi ocho años estancada

La bala que mató a Andrés García Campoy hace ocho años durante un control vial de Gendarmería sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de la destilería de Luján de Cuyo en Mendoza, sigue alojada en su cabeza.

“Nunca se la sacaron –se lamenta Mónica Campoy–. Es apenas una de las tantas cosas que pedí desde el primer día, pero nunca me hicieron caso. Recién ahora, después de tantos reclamos, de tantos años de soportar que la causa esté estancada, de tantas pruebas que se perdieron, la investigación está avanzando. Aunque tenga que reconstruir todo como si fuera un rompecabezas, voy a demostrar que mi hijo no se suicidó”.

El 5 de mayo de 2021, Mónica recibió el regalo de cumpleaños más deseado. Un llamado telefónico a su casa de San Luis le informó que el titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, Walter Bento, había sido acusado de una pila de delitos, entre los que destacaban la asociación ilícita, el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos.

Bento era el mismo juez que había creído la versión de los gendarmes Maximiliano Alonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, que habían detenido el Peugeot 504 en el que viajaba García Campoy el viernes 13 de junio de 2014, en lo que se convertiría en el último día con vida del joven.

Los gendarmes declararon que García Campoy los había amenazado con el antiguo rifle Winchester que había heredado del abuelo y que llevaba encima para venderlo hasta que cambió de opinión y decidió suicidarse. Según los peritajes posteriores, la bala que mató a García Campoy le ingresó por detrás de la oreja izquierda, obligándolo a una maniobra improbable. También concluyeron que la víctima no tenía ningún rastro de pólvora en sus manos ni en la ropa, que le hubiesen quedado en caso de que la deflagración hubiera sido producto de su propia acción.

Por otro lado, una autopsia psicológica, que incluyó entrevistas a familiares, vecinos y amigos de Andrés, determinó que no había “ningún tipo de indicio para pensar que García Campoy se quitó la vida”.

Un día antes del pretendido suicidio, el joven había pagado la cuota correspondiente a la carrera de Seguridad e Higiene, que cursaba en la Universidad del Aconcagua, e incluso había comprado una botella de vino como regalo de cumpleaños para su mejor amigo.

“Andrés no era un chico depresivo; al contrario, era alegre, positivo, vivaz. Me quieren hacer creer que se suicidó, pero como mamá siento que lo mataron por nada. Le truncaron la vida a un estudiante que lo único que hizo fue pasar por ahí y tal vez tuvo la mala suerte de ver algo que no debía”, se lamenta la madre.

“Siempre sentí que el juez se puso del lado de la Gendarmería”

El primer fiscal que tuvo el caso, Jorge Calle, imputó a los gendarmes por homicidio agravado por ser cometido por una fuerza de seguridad, por lo que tuvo que derivar la causa hacia el fuero federal. Tres meses después de eso, el juez Bento anuló el procesamiento de los acusados por falta de mérito. Alonso Cruz y Velázquez recuperaron su libertad y hasta hoy cumplen funciones en la fuerza sin ninguna restricción.

“Siempre sentí que el juez se puso del lado de la Gendarmería. Nunca investigó nada. Hasta nos negó la exhumación del cuerpo de Andrés para extraerle la bala. Desde el principio pedimos que sea apartado de la causa, pero lo pudimos conseguir después de siete años. Gracias a eso la causa se reactivó”, destaca Mónica.

Con el expediente ya a cargo del juez federal Pablo Quirós se tomaron alrededor de 15 nuevas declaraciones entre gendarmes, policías, médicos, peritos de parte y testigos que estuvieron en el lugar del hecho o que pudieron haber visto algo. La mayoría de los testimonios habían sido solicitados en su momento por la madre de la víctima y desoídos por el juez Bento.

La querella, representada por los abogados de la Defensoría de la Nación Alejo Amuchástegui y Santiago Bahamondes, realizó además un pedido de imputación para el gendarme Alonso Cruz, el principal acusado en la causa, por abuso de autoridad, luego de confirmar que su única tarea era desviar a los camiones que intentaban cruzar a Chile por una vía cerrada.

“Recién con el nuevo juez nos enteramos de que los gendarmes no tenían que haber frenado el auto de Andrés porque no podían controlar vehículos particulares y, mucho menos, revisarlos. A mí me entregaron el celular de mi hijo todo roto, pero nunca se pudo abrir para ver el contenido. Eso me hace sospechar que Andrés tal vez filmó algo o los gendarmes pensaron que había filmado algo y por eso lo pararon”, reflexiona Mónica.

Más importante para ella es el hecho de que el nuevo juez haya aceptado el pedido de exhumar el cadáver de su hijo, una medida que se había reclamado desde el principio de la investigación y que el anterior magistrado había ignorado una y otra vez. La querella propuso que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) sea el encargado de un peritaje clave que podría demostrar que la bala que mató a García Campoy salió del arma reglamentaria de un gendarme.

“Mi hijo –concluye Mónica– ya tendría que estar recibido, ya tendría que haber formado una familia, pero me lo mataron y la Justicia dejó que eso pasara como si nada. Espero que llegue el juicio oral para saber la verdad y, sobre todo, para que los asesinos vayan presos”.

Un juez apartado por cobrar coimas a presos

“El 13 de junio se van a cumplir ocho años de la muerte de mi hijo. Recién ahora empiezan a hacer las cosas que debieron haber hecho en su momento”. La queja de Mónica Campoy tiene un destinatario: el juez federal Walter Bento, quien en agosto de 2021 decidió apartarse de la causa atento al “temor de parcialidad” de la querella, quien planteó que Bento se había extralimitado en una entrevista que le realizó al perito del Cuerpo Médico Forense (CMF), que hizo la autopsia de Andrés García Campoy, con preguntas que “encaminaron a la hipótesis de un suicidio”.

Al contestar el planteo, el juez afirmó que “no se han cesado de ordenar medidas de prueba” en un expediente que tiene 1700 fojas, pero que igual decidía apartarse porque “no hay ninguna medida que pueda tomar de aquí en adelante que pueda mitigar el temor de parcialidad manifestado”.

Sin embargo, los motivos detrás del apartamiento deben buscarse en otros expedientes. El 26 de julio de 2021, es decir, un mes antes de aceptar el pedido de la querella, Bento fue procesado por el delito de “asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo, en calidad de autor, por diez hechos, en concurso ideal con el delito de prevaricato, también en calidad de autor”. Al mismo tiempo, se lo procesó junto a su pareja y sus dos hijos por “enriquecimiento ilícito en concurso real con lavado de activos de origen delictivo, en calidad de coautores”.

En el dictamen, los cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) remarcaron que el juez Bento lideraba una organización que “beneficiaba a personas imputadas por graves delitos federales en procesos penales sustanciados en el juzgado a su cargo, para lograr la obtención de la libertad o la desvinculación de la causa, en principio a cambio de la entrega de sumas de dinero”.

Para el Ministerio Público Fiscal, estas ganancias se tradujeron en un incremento patrimonial “en la necesidad de dar apariencia de legalidad a los bienes que obtuviera con ese producido, con la intención de disimularlo con los ingresos lícitos de Bento, su esposa y sus hijos”.

Si bien la Justicia solicitó que el procesamiento se haga efectivo con prisión preventiva (también le trabó un embargo y se le prohibió salir del país), Bento aún tiene fueros, por lo que no solo no pudo ser detenido: sigue en funciones e incluso tiene competencia electoral.