Millonaria inversión: cómo son y cuánto costarán los portones que colocará un municipio que busca frenar los robos y por qué hay rechazo
Las autoridades de Villa Allende definieron la medida como “extrema” y “urgente”; los vecinos consideran que es “discriminatoria” y denuncian irregularidades en el proceso
6 minutos de lectura'
Fernando Bialuski
Crece la polémica en Villa Allende ante la decisión del municipio de colocar portones en las esquinas con el fin de combatir la inseguridad y disminuir la cantidad de robos. Las autoridades definieron la medida como “extrema” y “urgente” y destinarán millones para la primera etapa del proyecto. En tanto, una organización vecinal considera que la iniciativa es “discriminatoria” y anticiparon que apelarán el fallo de la Justicia que convalidó la ordenanza.
La primera parte del proyecto se desarrollará en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar con la instalación de 14 portones en marzo, los cuales estarán cerrados entre las 22 y las 6. Serán estructuras de hierro macizo, de dos metros de altura y “seis o siete” de ancho, dependiendo de la cuadra. Se construirán de “pared a pared”, por lo que en determinadas calles limitarán el acceso vehicular y peatonal, según contó Felipe Crespo, secretario de Gobierno y Seguridad de Villa Allende, en diálogo con LA NACION.
A su vez, habrá dos “portones importantes”, que funcionarán con un mecanismo de apertura y cierre mientras que el resto se operará en forma corrediza. En ambos casos el control estará a cargo de un móvil policial. La construcción costará $300 millones e incluirá el desarrollo del proyecto en la zona de Lomas Sur y Pan de Azúcar y también en los barrios Golf, Cóndor Alto, Lomas Este y Lomas Oeste, donde se estipula que se instalarán otros 19 portones.
“El presupuesto inicial no es para toda Villa Allende, sino para una parte, pero el programa pretende tener continuidad en el tiempo y planeamos avanzar en distintos barrios. En caso de ser necesario, vamos a mover partidas presupuestarias”, indicó el funcionario.
Asimismo, explicó que la medida es innovadora, pero también “extrema y urgente” ante el “alza en los delitos” que registró la localidad. Según los datos que suministró, en 2024, año en el que comenzó a elaborarse la iniciativa, el índice delictivo creció entre un 60% y 70% más con respecto a 2023. Además, informó que en diciembre de 2025 el aumento fue entre un 50% y 60% en comparación con los meses anteriores.
Los ilícitos más comunes son los robos, donde se destacan dos modalidades: escruche- sin personas en la vivienda al momento del hecho- y “datero”, que sucede cuando una persona le advierte a una banda delictiva sobre una reserva de dinero, caja de seguridad o elemento de valor que dispone un individuo en su propiedad.
“El principal reclamo de los vecinos es la inseguridad. En algunos casos es solo la sensación, la impresión, pero es la demanda central. Se requieren medidas extremas porque la situación es extrema”, manifestó Crespo.
Por su parte, Pablo Cornet, intendente de Villa Allende, dijo a LA NACION que el proyecto era integral y que los portones iban a “facilitar la tarea de control preventivo”. “Buscamos dejar corredores seguros, bien iluminados y monitoreados, mientras que las calles secundarias se van a cerrar”, aseguró.
Quejas de grupos de vecinos
El proyecto generó polémica entre grupos de vecinos, quienes durante el último año llevaron a cabo distintas movilizaciones y acciones, además de presentar un amparo para frenar el programa. Sin embargo, la Cámara Contencioso Administrativa de la Primera Nominación de Córdoba falló en su contra el martes pasado y convalidó la ordenanza.
Hugo Mariano Yagüe, abogado y una de las personas que acompañó el reclamo, anticipó a LA NACION que apelarán la resolución el próximo 2 de febrero, primer día hábil luego de que finalice la feria judicial.
“Estamos en contra de los cerramientos de calles porque no tienen ningún antecedente de ser exitosos. Cerrar las cuadras en los horarios establecidos por el ejecutivo municipal no garantiza que disminuya el delito”, manifestó.
Además, expresó que los portones obstaculizarán el paso de transportes de emergencia y el de peatones, que según su consideración, es riesgoso para aquellos menores que en horas nocturnas deberán dar “tres o cuatro vueltas para poder llegar a su casa”.
Yagüe señaló también que el proyecto discrimina a las zonas que van a ser cerradas de aquellas que no: “Los que vivan en los barrios afectados van a tener un signo de delincuencia en la frente”.
En la misma línea se expresó Cecilia Klor, residente de Lomas Sur, uno de los primeros barrios donde se instalarán las estructuras.
“Nos están discriminando. De un lado del portón sos malo y del otro lado, bueno. La municipalidad no tuvo en cuenta nuestras investigaciones de un año de trabajo ni atendió las asambleas que propusimos. No estamos en contra de la seguridad, pero no queremos que nos encierren cortando la salida de las calles”, dijo a LA NACION.
Por otro lado, denuncian irregularidades en el Registro de Oposición, una de las normas que implementó el municipio en el proyecto. De acuerdo a lo expuesto, si más del 40% de los residentes de la zona donde se pretenden construir los portones vota en contra, el programa no se ejecutará en dicho lugar. En el primer caso, de Lomas Sur y Pan de Azúcar, solo 22 personas rechazaron la iniciativa, es decir, un 1,98% de un padrón compuesto por 1108 contribuyentes empadronados.
“El Registro fue manipulado porque inicialmente la ordenanza decía que solo podían votar los empadronados en la tasa de servicios a la propiedad, lo cual dejaba a un montón de vecinos afectados por la situación fuera. Luego quisieron parcharlo con decretos reglamentarios, un decreto que modifica una ordenanza, algo que es absolutamente inconstitucional”, afirmó Yagüe.
Por su parte, Klor señaló que el proceso fue “un desastre” al considerar que el padrón exigía ser titular de la tasa municipal y muchas personas del barrio no cuentan con la escritura: “Además, a los inquilinos les pedían una certificación de firma del propietario para autorizarlos, algo totalmente discriminatorio e ilógico”.
Ante el revés sufrido en la Justicia y con el objetivo de seguir realizando acciones contra el programa, el grupo de Vecinos Autoconvocados de Villa Allende convocó a una asamblea para el viernes a las 19 en la plaza El Vagón de Lomas Sur.
“Nosotros no vamos a quedarnos con esta resolución y estamos trabajando en posibles medidas de acá al futuro, porque la propuesta nuestra es no al cerramiento y no a los portones”, explicó a LA NACION una de sus referentes, Inés León Barreto.
Por Fernando Bialuski
Más leídas de Seguridad
1Operativo “Mar del Sintético”: en la costa secuestraron cocaína y drogas valuadas en más de $230 millones
2Matan a balazos al hijo de una mujer que enfrentó a Los Monos y sus búnkeres
3El misterioso pasajero que voló desde Tailandia con una valija llena de marihuana
4Un automóvil volcó y se incendió en Entre Ríos tras chocar contra el guardarraíl: cuatro muertos
