Narcovuelos: un vendedor de criptomonedas cordobés y un vecino de un country de Pilar, a juicio como líderes de una banda
En una causa que comenzó en 2022 tras el hallazgo de una avioneta en Pergamino, la fiscalía pidió que ocho imputados enfrenten un tribunal oral
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LA NACION
El hallazgo de un avión abandonado, sin matrícula visible, en la zona rural del partido de Pergamino, fue el punto de partida de la investigación, a mediados de 2022. Un poco antes de eso, hace cuatro años, habían sido secuestrados más de 300 kilos de cocaína “bombardeados” desde el aire sobre campos de esa zona del norte bonaerense. Por ese caso, a mediados del año pasado fue condenada Marisol Saavedra Chungara, traficante boliviana apodada “La reina del Sur”, como la protagonista de la célebre novela del español Arturo Pérez-Reverte.
Pero el secuestro de aquel Cessna que había tenido que hacer un aterrizaje forzoso en una finca del paraje El Socorro y en el que se habían detectado trazas de cocaína siguió un curso independiente. Diez meses después, en marzo de 2023, ocho presuntos miembros de la red detrás de ese episodio de narcotráfico fueron detenidos al cabo de decenas de allanamientos, entre ellos, en distintos domicilios de Salta, Tucumán y la ciudad de Buenos Aires, y en dos countries, uno de Pilar y otro de Córdoba.
Ahora, el fiscal federal Matías Di Lello, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, pidió que esos imputados vayan a juicio oral, acusados de integrar una organización dedicada al transporte aéreo y terrestre de estupefacientes a gran escala.
Según informó la Procuración General de la Nación en su portal institucional www.fiscales.gob.ar, los líderes de la organización serían Alan “Lawers” Ávila, de 31 años, un comerciante de criptomonedas domiciliado en Córdoba; Fernando Chiorazo, de 46, arrestado en una casa de un barrio privado de Pilar, y Lucas Morales, de 29.
Di Lello también requirió que sean enviados a juicio oral Jesse Jiménez Mendoza, remisero de nacionalidad peruana con domicilio en la Capital, y Waldimer Hernández Ordóñez, colombiano que acusó ser vendedor de muebles. Ambos eran “prestamistas” en la modalidad “gota a gota”, a la que acceden aquellos que necesitan dinero y están dispuestos a pagar tasas usurarias para obtener efectivo por fuera de los circuitos bancarios o financieros formales. Lo mismo pidió el fiscal para el resto de los acusados: Brian Antúnez, de 28 años, profesor de baile y remisero; Rodrigo Tristán, de 35 y organizador de eventos, y Pablo Hurtado, guía de caza de 60 años.
A todos se los consideró responsables del tráfico de estupefacientes en las modalidades de siembra, cultivo, producción, distribución y comercialización, agravado por la intervención de más de tres personas organizadas.
De acuerdo con la acusación, Ávila, Chiorazo y Morales estaban a cargo de la adquisición de la materia prima para producir estupefacientes y del cultivo de las plantas de marihuana, tanto en terrenos al aire libre como en locales cerrados. Luego, por intermedio de los otros cinco imputados, se concretaba el suministro y distribución de estupefacientes.
A su vez, Jiménez Mendoza proveía de estupefacientes a Hernández Ordóñez, quien distribuía en los últimos eslabones de la cadena de comercialización. Del mismo modo procedía Morales con su pareja, que se encuentra prófuga junto con otras dos personas, que tienen vigente una orden de captura nacional e internacional.
La hipótesis de trabajo del Ministerio Público es que el hallazgo de varios cargamentos de droga en las inmediaciones de la aeronave siniestrada durante el primer semestre de 2022 −tanto en Pergamino como en las localidades de Juan Bernabé y General Gelly, en el sur de Santa Fe− estaba relacionado con la actividad de una organización que traficaba cocaína por vía aérea para distribuirla en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La problemática de los narcovuelos en esta zona sigue vigente. En noviembre pasado se produjo allí uno de los principales golpes al contrabando de drogas de los últimos tiempos. Brian Bilbao, uno de los traficantes más poderosos del país, fue detenido en un campo cerca de Pergamino con 956 kilos de cocaína, que había ido a buscar tras el aterrizaje de una avioneta. A la par, se encontraron otros 60 kilos de esa sustancia en el interior de otra aeronave que se había estrellado en las afueras de Arequito, Santa Fe. El episodio dejó al descubierto el intenso vuelo de aeronaves con droga en la zona del centro del país, donde la sospecha es que ese estupefaciente está destinado al contrabando internacional por los puertos de la región, especialmente los del Gran Rosario, punto de salida de la Hidrovía.
Intendentes opositores de la zona interior norte de Buenos Aires buscan unirse para plantear este tema dentro de las problemáticas de seguridad de la tercera sección electoral provincial, que incluye a Pergamino.
Según pudo saber LA NACION, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, se reunió a finales del año pasado con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en un “encuentro de trabajo en el que se abordaron diversos temas relacionados a la prevención y seguridad ciudadana, con foco en el municipio”.
Allegados a la coalición de jefes de gobierno de la oposición sostuvieron que ese encuentro se enmarca en aquella iniciativa de “negociar” en conjunto con la Provincia distintas cuestiones relacionadas con la prevención con las particularidades de la región, en la que los cascos urbanos están rodeados de grandes extensiones de campos y son atravesados por rutas troncales nacionales que, en ocasiones, son utilizadas como vía logística por el crimen organizado, tanto con pistas clandestinas como con “bombardeos” de droga que luego es movida por carreteras.
El inicio de la investigación
El 6 de mayo de 2022, un Cessna sin matrícula realizó un aterrizaje forzoso en un predio rural del paraje El Socorro. En su interior se encontraron hojas de coca, sobres de bicarbonato de sodio, chips de telefonía celular para líneas bolivianas y papeles con anotaciones que indicaban que la operación formaba parte de una logística internacional.
Una pesquisa encabezada por la Gendarmería Nacional y con la participación de la Policía y el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, permitió identificar una ruta aérea desde Bolivia y Perú para introducir estupefacientes en la Argentina.
El fiscal Di Lello, el coadyuvante Wenceslao Insúa y funcionarios de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) pudieron relacionar el hallazgo del avión con la actividad de una estructura trasnacional de tráfico de estupefacientes y una red local de venta de droga.
Posteriores tareas de campo, seguimientos, intervenciones telefónicas y cruce de datos permitieron identificar a los involucrados en la maniobra y determinar sus respectivos roles.
El 16 de marzo de 2023 llegó el momento de los operativos. En esa oportunidad fueron detenidas nueve personas y se incautaron siete vehículos, 1202 pastillas de éxtasis, 397,9 gramos de tusi (droga conocida como “cocaína rosa”), 519 plantines de marihuana en estado natural, siete plantas de marihuana con 14 tallos sueltos y 42,5 gramos de cocaína. También se secuestraron US$13.292, 12,07 millones de pesos, seis armas de fuego, siete balanzas de precisión, tres máquinas de contar dinero, 24 teléfonos celulares, seis computadoras portátiles, elementos de corte, morteros, pipas, elementos compatibles con “laboratorios” de drogas sintéticas, plantaciones de marihuana, instalaciones de invernaderos de marihuana e instalaciones de secaderos de marihuana.
Los roles
“Los investigados tenían bajo su poder de disposición estupefacientes, dinero, elementos compatibles con el fraccionamiento, pesaje, elaboración y/o comercialización, resultando innegable que se encontraban dentro de los inmuebles que habitaban y donde fueron habidos en la mayoría de los casos, por lo que se entiende acreditado que los investigados conocían la existencia de esas sustancias ilegales en sus viviendas y/o bajo su esfera de control”, sostuvo el fiscal Di Lello en su requerimiento de elevación a juicio.
De esta forma, consideró que quedó demostrado que actuaron de modo concertado y en función de un plan o acuerdo previo. “Fueron debidamente detalladas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron detenidos los investigados resultando significativa la cantidad y variedad de estupefacientes secuestrados, el modo en que se encontraban acondicionados, además de las balanzas, pesos argentinos, dólares norteamericanos, moneda extranjera de distintos países, máquinas contadoras de billetes, máquinas para encapsulado de pastillas, anotaciones o ‘recetas’ con proporciones de sustancias ilegales y electrodomésticos con restos de estupefacientes, todo lo cual, permite tener por acreditado en su conjunto, que dicho material estaba destinado a ser comercializado, descartando la posibilidad de que esas sustancias prohibidas tuvieran como destino la simple posesión o el consumo personal”, recalcó.
Además del tráfico de estupefacientes, a Chiorazo y Hurtado también les atribuyeron la figura de tenencia de arma de fuego de guerra, y a Jiménez Mendoza la tenencia de arma de fuego de uso civil, sin contar ninguno de ellos con la debida autorización legal.
Dentro del requerimiento, el representante del Ministerio Público Fiscal dio por probado que Ávila “mantuvo encuentros con Chiorazo y Morales y fue detenido en la finca donde se elaboraban pastillas de éxtasis, donde se había montado un invernadero y secadero de marihuana”.
LA NACION
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