Números de serie repetidos cada 17 impresiones y otros secretos de la banda que vendía dólares falsos en Recoleta
El juez en lo penal económico procesó con prisión preventiva a siete sospechosos acusados de integrar una asociación ilícita
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Todo comenzó con una denuncia anónima. La información aportada fue precisa y permitió, tras una exhaustiva investigación con la participación de un agente revelador y la colaboración de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), poner tras las rejas a una organización criminal que traficaba desde Paraguay dólares falsificados y los vendía en bares, confiterías y restaurantes de la ciudad de Buenos Aires al 30% del valor nominal de cada billete.
Así se desprende de una reciente resolución firmada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky donde procesó a siete sospechosos con prisión preventiva. A cada uno le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 355 millones de pesos.
“Una valoración global de las constancias de la causa permite afirmar que los imputados han conformado voluntariamente una asociación de carácter permanente destinada a cometer delitos indeterminados. El objeto de las acciones delictivas desarrolladas por esta asociación ha sido el contrabando de importación de dólares estadounidenses falsificados, los cuales estarían ingresando al territorio aduanero de manera ilegal, mediante ocultamiento al servicio aduanero, posiblemente desde Paraguay. Una vez ingresado el dinero falsificado en la Argentina por dicha organización criminal, sería comercializado en el mercado ilegal y se pondría en circulación en el marco de reuniones o encuentros, los que son cuidadosamente coordinados con potenciales compradores. Dichas reuniones o encuentros se llevarían a cabo dentro de bares, restaurantes o confiterías de la ciudad de Buenos Aires. En esos lugares, se materializarían los intercambios de las divisas estadounidenses falsas a cambio de dinero legítimo y a un precio que ronda en el 30% del valor nominal de cada billete, reteniendo para sí, cada uno de los integrantes de la banda, un porcentaje de dinero en concepto de comisión, de acuerdo con el aporte brindado a la organización criminal”, sostuvo el magistrado en la citada resolución.
De la investigación, que estuvo a cargo del fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff y del secretario penal Juan Manuel de la Torre, participaron detectives de la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y personal de la SIDE. La mayoría de los imputados fue detenida el 23 de octubre pasado.
Un octavo sospechoso, el dueño de una confitería de Recoleta donde el agente revelador, un detective de la PFA que se hizo pasar por cliente e hizo tres operaciones de compra de dólares falsos con dinero aportado por la SIDE, fue beneficiado con la falta de mérito.
“Del conjunto probatorio se advierte que la banda ingresaba al territorio nacional divisas estadounidenses presuntamente apócrifas mediante maniobras de contrabando, para inmediatamente colocarlas en el mercado a un precio inferior al de la cotización oficial. Tal conducta no solo constituye un método recurrente de comercialización de la mercadería ilícita, sino que, en su configuración operativa, cumple funciones propias de procesos de conversión y colocación de recursos de origen potencialmente ilícito: distribuir la mercadería ilegal (en el caso, los dólares apócrifos), obtener liquidez inmediata, dispersar el dinero obtenido a partir de la actividad ilegal en el mercado y reducir la trazabilidad de su procedencia. En efecto, la organización ofrecía y entregaba las divisas apócrifas a sujetos interpuestos y el dinero obtenido por dichas transacciones se reinsertaba en el circuito económico mediante terceros compradores”, explicó el magistrado en la citada resolución.
Para el juez, cada uno de los integrantes de la asociación ilícita, “cumplieron roles claramente definidos”. Por ejemplo, Juan Vicente Chamorro Roa, de 75 años y nacido en Paraguay, “era el encargado de ingresar de contrabando los dólares falsificados”; Sergio Nicoletti, de 43, “era el encargado de proveer/abastecer los dólares apócrifos”; Edgardo Márquez Martín, de 59, “junto con Nicoletti se encargaba de la logística técnica y de abastecimiento de los dólares falsificados”; Roberto Padial, de 61, “era quien coordinaba los encuentros para materializar las operaciones de intercambio de dólares falsificados y recibía el dinero en pesos y entrega los dólares falsificados al comprador o los compradores”; Oscar González, de 63, “era el intermediario comercial principal, responsable del contacto con los compradores y de asegurar la circulación del dinero falsificado en el mercado, coordinaba encuentros con otros miembros de la organización criminal y participaba en la entrega y recepción del dinero y, además, recibía un porcentaje por cada transacción; Juan Carlos Fleita, de 63, ”cumplía el rol de intermediario y nexo comercial, encargado de facilitar contactos, verificar compradores y posiblemente de blanquear parte de las operaciones de intercambio de dólares apócrifos", y Luis Scodelaro, de 51, “cumplía el rol de colaborador operativo y chofer, responsable del traslado seguro de los dólares falsos durante las transacciones”.
En 2021, Márquez Martín, nacido en Montevideo, había sido condenado a la pena de cuatro años de cárcel por haber integrado una asociación ilícita y por el delito de “puesta en circulación de moneda de curso legal y extranjera apócrifa”.
En su indagatoria ante el juez Aguinsky, sostuvo: “En febrero salí de estar detenido y no sé nada de esto [la venta de dólares falsos]. Ahora sí que no estaba haciendo nada. Volví a caer y no tengo nada que ver, recién salí y ahora esto”.
Por su parte, Chamorro Roa dijo: “Quiero comentar que nunca participé en una organización criminal, tampoco nunca he traído de Paraguay dólares reales o falsos o papeles para imprimirlos acá, por lo tanto, no tengo nada que ver con la compra o venta de dólares faltos u otros billetes”.
Padial, al ser indagado, afirmó, entre otras cuestiones: “Quiero dejar aclarado que no pertenezco a ninguna organización, ni formo parte de ninguna banda, ni grupo organizado de ninguna índole, como se me imputa”.
En una ampliación de su indagatoria, hizo referencia a una persona a la que conoce como Pupi y que, según dijo, participó de todas las reuniones “objeto de investigación”, salvo la que se efectuó el día de su detención. “Sería el amigo, socio o ‘apoderado’ del agente revelador y es quien me pedía los dólares, pero es quien estaba siempre con el agente y que el último día no vino”, explicó.
Scodelaro también aseguró no ser parte de ninguna organización criminal y que no tiene nada que ver con el hecho que se le imputa. Nicoletti y Fleita también negaron toda vinculación con la sindicada banda que vendía dólares. Por su parte, González, por consejo de su abogado, no declaró, solo hizo referencias a sus problemas de salud.
“Comercialización sistemática”
El juez Aguinsky, a lo largo de 89 páginas, explicó: “En suma, la operatoria investigada exhibe una división funcional de tareas y un circuito operativo coherente con técnicas que suelen asociarse a procesos de lavado de dinero estructurado: la logística de ingreso (contrabando), la comercialización sistemática y la colocación de los recursos generados por la venta. La reiteración de las transacciones, la existencia de roles definidos y la división funcional de tareas dentro del grupo demuestran la vocación de permanencia y la coordinación típica de una organización criminal”.
Como se dijo, para avanzar en la investigación fue clave la tarea hecha por el agente revelador que se hizo pasar por cliente y, tras ganarse la confianza de los sospechosos, logró hacer tres operaciones de compra de dólares apócrifos.
En uno de los encuentros, según se desprende del expediente judicial, “Padial le entregó a González el 6% de la transacción y también le comentó al agente revelador un detalle de los billetes falsificados: cada 17 impresiones, aproximadamente, repiten numeración”.
Durante la investigación, que comenzó el 22 de abril pasado, después de la citada denuncia anónima, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, con sede en Brasilia, informó que los números de serie que tenían algunos de los billetes falsos secuestrados en las primeras transacciones hechas por el agente revelador coincidían con billetes apócrifos secuestrados en procedimientos hechos en Miami, California, Las Vegas y Los Ángeles.
La única persona que fue detenida en los operativos del 23 de octubre que recibió la falta de mérito fue el dueño del bar Malambo, situado en el barrio porteño de Recoleta. Era el lugar donde el agente revelador visitaba para hacer las operaciones de compra de los billetes falsos y donde la PFA secuestró 44.600 dólares apócrifos y 12.000.000 de pesos.
La investigación no terminó. Los detectives de la PFA buscan a un sospechoso que, por el momento, no pudo ser ubicado.
Para dictar la prisión preventiva de los siete sospechosos detenidos, el juez Aguinsky tuvo en cuenta los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y fuga.
El magistrado explicó que “el peligro procesal mencionado precedentemente [entorpecimiento de la investigación], en principio, no puede evitarse mediante la adopción de alguna otra medida de resguardo cautelar. Más aún, si se tiene en cuenta que una de las personas imputadas y que integra la organización criminal, concretamente, Celso Quele, se encuentra prófuga y con orden de detención vigente, con lo cual la puesta en libertad de los imputados sobre los que pesa la prisión preventiva, podría implicar que se pongan en contacto con el previamente nombrado y que ello entorpezca el devenir de la investigación a su respecto y poder dar con su paradero”.
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