Organizaciones civiles y exfuncionarios calificaron como “un retroceso de 30 años” la eliminación de la ANMaC y la reposición del Renar
Sostuvieron que la flexibilización del acceso a las armas podría ser “la antesala de una sociedad más violenta” y tener impacto en la seguridad pública
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LA NACION
Organizaciones de la sociedad civil y exfuncionarios de gobierno cuestionaron el decreto con el que la Administración Milei eliminó las funciones y objetivos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para dar vida nuevamente al Registro Nacional de Armas, el histórico Renar creado en 1975.
No solo lo calificaron como “un retroceso de 30 años” la desaparición del organismo que en los últimos diez años fue el encargado de fijar las políticas de control en la materia, ya que consideraron que “la desregulación de hecho del mercado de las armas de fuego es la antesala de una sociedad más violenta”. También sostuvieron que las medidas forman parte de una “agenda fanática extremista” y exigieron al Congreso (que hace una década aprobó por consenso y una virtual unanimidad la creación de la ANMaC) que rechace el decreto aprobado gracias a las facultades delegadas del Poder Legislativo al Ejecutivo contenidas en la llamada “Ley Bases”, cuya vigencia expirará el 8 de julio próximo.
La Red Argentina para el Desarme (RAD), que tuvo participación crucial a la hora de conseguir el consenso que permitió, el 7 de octubre de 2015, que se aprobara la ley 27.192, sostuvo, en un comunicado: "Hace diez años, en plena campaña presidencial, todo el arco político logró un acuerdo en el Congreso y votó, prácticamente por unanimidad, la creación de la ANMaC, en reemplazo del viejo Renar. El objetivo era superar el viejo paradigma meramente registral para pasar a una agencia moderna basada en el concepto humanista de prevención de la violencia armada; un claro norte para la formulación de políticas de control y de restricción de la proliferación de armas de fuego".
“Hoy, a través del decreto 445/2025, el Presidente Milei derogó la mitad de esa ley, eliminando esa función de prevención y control de la ANMaC. Con esta decisión, la Argentina retrocede al modelo de 1973: un Registro Nacional de Armas pasivo, sin capacidad legal para implementar una política activa de prevención y control de las armas de fuego".
Natasa Loizou, última directora ejecutiva de la ANMaC antes de la actual gestión, parafraseó aquella afirmación de Milei de que él desmoronaría la estructura del Estado “desde adentro” y dijo a LA NACION: “El ‘topo’ que vino a destruir el Estado lo está haciendo disolviendo el órgano nacional de control de acceso, uso, distribución y comercio de armas de fuego. La punta de lanza de la destrucción fue la Ley Bases, de la que se desencadenó la discusión que dio origen al muy nefasto proyecto de ley en el que usaron el programa de entrega voluntaria de armas como Caballo de Troya para sabotear el sistema de control y avanzar con el blanqueo de armas irregulares de legítimos usuarios, más otras normas eliminadas o incorporadas en este tiempo. Con este panorama fue posible darse cuenta de que concretaban los pasos hacia donde se comprometieron con el mercado: la eliminación de las capacidades de control y acción del Estado”.
María Pía Devoto, directora de la Asociación para Políticas Públicas (APP) y especialista en prevención de la violencia armada y control de armas, también manifestó su preocupación por el último decreto y por la anterior resolución que flexibilizó el acceso a los fusiles semiautomáticos, el “tipo de armas son las que se utilizan en la mayoría de las masacres que ocurren en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo”.
Me preocupa profundamente que estemos volviendo 30 años atrás. La ANMaC, creada para diseñar políticas públicas de control de armas, prevenir la violencia armada y garantizar un registro responsable de legítimos usuarios, hoy al volver ser el RENAR parece estar quedando reducida a una simple oficina de registro. Se está perdiendo la mirada integral que alguna vez tuvimos y que tanto costó construir", sostuvo Devoto.
El peligro latente de la violencia
Tanto la directora de APP como los miembros de la RAD y la exdirectora de la ANMaC Loizou hicieron hincapié en el riesgo que representa la flexibilización del acceso a las armas y su consecuente proliferación como impacto en la seguridad pública.
“Lo que necesitamos son políticas más rigurosas, controles más efectivos y un enfoque preventivo. La evidencia es clara: cada vez que se facilita el acceso a armas de fuego, aumentan los episodios de violencia y las tragedias. Insistir en este camino es ignorar todo lo que ya hemos aprendido a costa de vidas humanas”, sostuvo Devoto.
“Es preocupante la disolución de la Agencia y su reducción a mero registro. La Argentina perdió su postura internacional ejemplar en materia de desarme voluntario y políticas de control de transferencias de armas, abandonó la iniciativa en materia de prevención de la violencia de género con uso de armas, que era destacada por el Tratado de Comercio de Armas y UNODA (Oficina de Naciones Unidas para el Desarme). También perdió su capacidad de reducción del circulante de armas mediante la destrucción de armas entregadas a través del programa de entrega y de armas, y confiscadas del mercado ilegal por causas judiciales. Preocupa fuertemente cómo influirá esta liberalización del mercado internacional y local de armas sobre una sociedad que sufre de niveles muy altos de violencia, y cómo la libre acción del mercado incidirá en las características del delito y del crimen organizado”.
La RAD, en su comunicado, también planteó una eventual contradicción subyacente en el cambio de paradigma que representa la re imposición del Renar. “Paradójicamente, el propio Gobierno celebró que la Argentina haya sido en 2024 el país con menor tasa de homicidios de Sudamérica, pero ahora desmantela uno de los pilares que hizo posible ese logro: una política estatal restrictiva en materia de armas de fuego.
Y agregó: “Este decreto se suma a una serie de medidas regresivas ya implementadas: reducción de la edad mínima para acceder a armas, flexibilización del acceso a armas semiautomáticas, ‘tenencia exprés’ y suspensión del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, entre otras. Así, el Poder Ejecutivo avanza, sin pasar por el Congreso y amparado en una delegación legislativa irresponsable otorgada por la Ley Bases, en la desregulación total del mercado de armas.
La Red Argentina para el Desarme afirmó que “el Gobierno argentino imita lo peor del modelo estadounidense y promueve una sociedad armada”.
Y señalaron que esto promueve y facilita:
- Que cualquier conflicto social pueda terminar a los tiros.
- Que niños y niñas estén más expuestos a balaceras, masacres escolares o accidentes con armas.
- Que el crimen organizado acceda con mayor facilidad a armamento, incluso superior al que poseen las policías.
- Que las víctimas de violencia de género sufran más femicidios y amenazas con armas de fuego.
- Que aumente el riesgo de suicidios y accidentes con armas disponibles en los hogares.
"La sociedad argentina no quiere más armas: quiere seguridad. No quiere defenderse a los tiros: quiere un Estado que la defienda. No quiere más muerte ni violencia: quiere paz. Por eso, desde la Red Argentina para el Desarme convocamos a la sociedad civil a rechazar esta agenda fanática extremista y exigirle al Congreso que frene el decreto. La Constitución lo habilita a hacerlo: el Congreso puede –y debe– rechazar este retroceso. Cada diputado y cada senador es responsable de construir un país más seguro, un país libre de violencia armada".
LA NACION
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