Coronavirus: pidieron cumplir prisión domiciliaria 565 detenidos

Entre el miércoles y el viernes pasado, 565 detenidos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires presentaron solicitudes para obtener beneficios judiciales frente al avance de la pandemia del coronavirus, como detenciones domiciliarias o morigeraciones de órdenes de prisión preventiva, según datos del Ministerio Público y del Ministerio de la Defensa.

El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, explicó esa situación: "Todos los operadores, los fiscales, defensores y asesores deben analizar escrupulosamente las circunstancias de cada caso, como siempre, pero considerando la novedad de la emergencia sanitaria".

Jueces, fiscales, organismos de derechos humanos, funcionarios políticos y jefes penitenciarios actúan coordinadamente en medio de la pandemia para evitar la dispersión del virus Covid-19 en las principales prisiones de todo país Los datos de los últimos tres censos anuales y nacionales realizados en prisiones señalan que en las cárceles de la Argentina -cada año- hay detenidos o en tránsito más de dos mil enfermos de VIH, tuberculosis, asma, EPOC, diabetes y hepatitis.

El último censo nacional registró 2685 presos enfermos en todo el país con patologías que los exponen a casos graves si son afectados por el coronavirus. En las cárceles bonaerenses el escenario se torna complicado: el 40% del total nacional de delincuentes detenidos con enfermedades preexistentes está en alguna prisión de Buenos Aires. A su vez, información oficial confirmó que absolutamente todos los detenidos en instituciones penitenciarias de la provincia se encontraban aislados voluntariamente en cuarentena.

Las advertencias frente a la crisis sanitaria refieren también que las personas mayores de 60 años constituyen un grupo de riesgo. Más allá de la cantidad de presos enfermos, esta cifra también es observada por los funcionarios en las prisiones y alcaidías bonaerenses, según datos aportados por el Ministerio Público a lanacion, hay 1377 personas detenidas que se encuentran en este grupo etario.

Las actividades deportivas, culturales y educativas han sido suspendidas en las cárceles de la provincia, donde -más allá de la cuarentena voluntaria de los presos- también quedaron sumamente restringidas las posibilidades de visitas. Sin embargo -y cuando ya rige un control sanitario reforzado en los ingresos y salidas de las cárceles, inclusive para agentes penitenciarios- anteayer la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires habilitó a los jueces para suspender las salidas transitorias de presos con ese beneficio.

Al mismo tiempo, desde la Procuración General de la Provincia instaron a los fiscales y defensores oficiales para que analicen si es pertinente requerir medidas como morigeración de la prisión preventiva o de arresto domiciliario para evitar la expansión del virus.

El SPB cuenta con 12 complejos penitenciarios que contienen 58 unidades carcelarias, en los que trabajan 24 mil efectivos. En diciembre de 2019, la Corte confirmó que allí se desarrollaba una "crisis humanitaria" luego de que escaló la tensión por denuncias de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, inclusive en comisarías y centros de detención de menores.

Ante la llegada del coronavirus, fueron desplegados rápidamente todos los especialistas médicos de la fuerza, que recorrieron las cárceles pabellón por pabellón. Sobre los detenidos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia informó esta semana: "En los penales bonaerenses, y en las alcaidías departamentales, se alojan 44.955 personas privadas de la libertad, y 44.832 se sumaron a la cuarentena durante dos semanas".

Autoabastecimiento

Se informó a su vez que 14 talleres textiles de las cárceles se abocarán por completo a la producción de barbijos, para fabricar cerca de tres mil por día. Las deficiencias estructurales de las cárceles se tornan extremadamente peligrosas. El hospital General de Agudos Mixtos, en la Unidad 22 de Lisandro Olmos, es el principal destino de los presos enfermos. Allí, durante 2019, se realizaron 19 intervenciones médicas por día, desde consultas hasta cirugías. Es decir, 6972 en total.

Un informe del Tribunal de Casación Penal bonaerense que analizó la situación sanitaria cobra especial relevancia: "Se vislumbraron serias dificultades para brindar asistencia sanitaria efectiva a los internos, aspecto que se vio materializado en la falta de recursos humanos y materiales (ausencia de personal médico, escasos insumos hospitalarios y medicación). En el marco de esta falencia estructural la vinculación con los hospitales extramuros se transformó regularmente como única opción para afrontar los problemas de salud de las personas detenidas. Los pacientes con cuadros clínicos que no pueden ser atendidos dentro la unidad deben ser trasladados a hospitales extramuros".

Las comisarías son otro problema. Allí, la superpoblación en 2019 osciló en torno al 150%, según datos del Ministerio de Seguridad bonaerense. No existe en estos lugares absolutamente ningún tipo de sistema de contención médica o sanitaria para detenidos. El tribunal de Casación Penal, al igual que la Corte, aseveró sobre la situación de los presos en la provincia: "Las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario (SPB) han evidenciado una grave crisis humanitaria que se encuentra en escalado aumento".

En la Comisión Provincial por la Memoria, dijeron a LA NACION: "Hicimos presentaciones a los ministerios de Salud y de Justicia, por el coronavirus pero también por el dengue, por ejemplo. Para que tomen medidas urgentes y provean los elementos necesarios".

Y agregaron: "No han llegado los jabones a los pabellones, tampoco alcohol en gel. El problema de la salud penitenciaria viene siendo denunciado hace años por la falta de profesionales, de medicación. Esto genera condiciones propicias para cualquier epidemia".

Por otro lado, un juez provincial aseguró a LA NACION: "Esto puede ser una catástrofe si no se toman las medidas indicadas. Las personas privadas de su libertad, al igual que la mayoría de la población, saben que tenemos que obrar colectivamente. Tal vez esta crisis se convierta en una oportunidad para privilegiar siempre los intereses comunes por sobre los individuales".

En las cárceles federales la situación no es muy diferente. "Estamos trabajando con distintos colectivos que podrían encontrarse entre quienes podrían solicitar arresto domiciliario por el coronavirus: embarazadas, enfermos, mayores de 60 años. Hablamos, aproximadamente, de mil casos. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) está trabajando muchísimo y se están llevando adelante todos los protocolos", indicaron en la Procuración Penitenciaria.