Prisión preventiva para los dueños de la concesionaria de autos de Pilar acusados de estafar a sus clientes

Hace un mes, con el avance de la investigación y las pruebas reunidas, Carlos Alberto González y Cynthia Chamoles, los propietarios de la concesionaria Autos Pilar Premium, fueron detenidos. Los acusaron de estafar a su cartera de clientes. En algunos casos recibieron miles de dólares por autos y camionetas que nunca entregaron y, en otros, vendieron vehículos que les habían dejado en consignación, pero no les pagaron a sus dueños el dinero acordado por la operación realizada.

Ahora, tras un pedido del fiscal de Pilar Andrés Quintana, a cargo de la investigación, la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty dictó la prisión preventiva de González, de 43 años, y de Chamoles, de 44. Están acusados del delito de asociación ilícita (en calidad de jefes) en concurso real con los delitos de ”estafa y defraudación por retención indebida y defraudación por administración infiel”.

Así surge de la resolución firmada en las últimas horas por la magistrada, a la que tuvo acceso LA NACION. La jueza Rodríguez Mentasty fundamentó su decisión en los riesgos procesales de “entorpecimiento del proceso” y la “probabilidad” de fuga.

“No puedo dejar de mencionar la multiplicidad de hechos, de víctimas, los grandes perjuicios ocasionados, y la logística empleada en los mismos; todo lo cual, me lleva a deducir que al momento de recaer una hipotética pena, la misma necesariamente será de efectivo cumplimiento, con lo cual y en virtud de la modalidad de la hipotética condena que pudiere serle impuesta, me lleva a presumir que los imputados expuestos ante dicha amenaza punitiva pueden intentar eludir el accionar de la Justicia y con ello frustrar los fines del proceso”, sostuvo la magistrada al fundamento el riesgo procesal de peligro de fuga.

Respecto del entorpecimiento de la investigación, la jueza Rodríguez Mentasty hizo referencia a la “magnitud del perjuicio económico, la disponibilidad de recursos y logística para ocultar activos y/o posibilidad de manipular documentación relevante”.

Entonces, explicó: “Advierto que, por el momento, la medida cautelar de la prisión preventiva se presenta como el único medio idóneo para asegurar de manera efectiva los fines del proceso, por lo que resulta a la fecha proporcional y necesaria en función del objeto de tutela”.

Entre las numerosas víctimas de la sindicada asociación ilícita se encuentran el diputado nacional por La Libertad Avanza Manuel Quintar y Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot.

Quintar es el diputado libertario por Jujuy que a mediados de mayo pasado fue noticia cuando estacionó un Tesla Cybertruck en el garaje del Congreso de la Nación.

En abril pasado, Quintar denunció que en agosto de 2025 había comenzado a negociar con los responsables de Autos Pilar Premium la compra de un Tesla Cybertruck por 285.000 dólares. En su presentación, sostuvo que pagó la totalidad del precio acordado, una parte en transferencias bancarias y otra en efectivo, pero que nunca le entregaron el vehículo.

Según el expediente judicial, González y Chamoles, en su carácter de titulares y responsables de la concesionaria Autos Pilar Premium, se contactaron con Joaquín Pichot y “con el propósito de obtener un beneficio económico indebido, le ofrecieron gestionar la venta en consignación de camioneta Ford Ranger Raptor 3. Comprometiéndose a entregarle el producido de la venta. Que, en virtud del ardid desplegado -mediante el cual los sindicados guardaban la apariencia de una agencia de renombre en el rubro, con larga trayectoria en la venta de autos de alta gama-la víctima hizo entrega de la camioneta mencionada para su venta, sin suscribir en ningún momento el formulario 08, manteniéndose el dominio del rodado en todo momento encabeza del damnificado. No obstante, los imputados dispusieron del vehículo y desviaron su producido en su propio provecho, sin restituirlo ni rendir cuentas a la víctima”.

Tras un pedido del fiscal Quintana, González y Chamoles habían sido detenidos por detectives de la SubDelegación Departamental de Investigaciones (SubDDi) Pilar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en su casa del barrio privado Las Condes, en Pilar.

Ambos, cuando fueron indagados por el representante del Ministerio Público hicieron un largo descargo.

El relato de González comenzó con un racconto de su historia en el negocio de la venta y compra de autos. Dijo que empezó en el Shopping Champagnat hace diez años.

Cuando la “marca” creció, se mudaron a un edificio en la colectora del ramal Pilar de la autopista Panamericana, en la localidad de Manuel Alberti. Fue el comienzo de una relación con clientes “ABC1″ y la con la comercialización de vehículos de alta gama, explicó el imputado.

Y sostuvo que, como gerente general de la firma, decidió sumar a algunos clientes como inversores. El modelo de negocio creció y, sobre todo, las ventas. Autos Pilar Premium llegó a vender 100 vehículos por mes.

El negocio, según González, funcionaba. Hasta que hubo un momento de “quiebre de ingresos”, según su definición. Para el sospechoso, la debacle comenzó a partir de un expediente judicial donde fue procesado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por el delito de desobediencia.

Según lo que dijo el empresario en su indagatoria, la causa judicial lo perjudicó comercialmente: pasó de vender 100 autos por mes a 50 cada 30 días. En diciembre pasado, el negocio comenzó a declinar, según la versión de González.

Además, afirmó que hubo una “corrida” de inversores por 3.000.000 de dólares. Sus costos, afirmó, eran de US$300.000 mensuales.

Lo que definió como “descalce” financiero llegó a los 6.000.000 de dólares y fue el comienzo de los incumplimientos con los clientes. Dijo que tuvo que convocar a la “mesa chica” de inversores para que aportaran capital y así poder arreglar la situación.

Pero, según explicó el imputado, el avance judicial de las denuncias de estafa complicó la situación y la repercusión mediática por un allanamiento en la concesionaria hizo “explotar todo”. Tras la publicación de los detalles de la investigación, el dueño del local le rescindió el contrato de alquiler.

“Esa es la historia”, dijo. Sostuvo que pidió tiempo a los damnificados porque tenía créditos por cobrar y así podría pagar sus deudas.

“Me aniquiló. Perdí respeto y confianza”, sostuvo, en referencia a las medidas cautelares dispuestas sobre la empresa.

A su turno, Chamoles dijo que hubo personas que compraron vehículos con financiamiento y, en el último tiempo, se retrasaron con los pagos, lo que hizo que existiera un “desfasaje” con los ingresos de la empresa y que tuvo como consecuencia que la firma no pudiera cumplir con un grupo de clientes.

“Tengo pagarés de clientes que no pagaron su total [de la compra de vehículos], que suman un aproximado entre 500.000 y 600.000 dólares. Lo tengo documentado. Reclamamos y se quejaron. Nos amenazaron con denunciarnos por reclamar un pago legítimo. Se entregaron varios autos que todavía no fueron pagados”, sostuvo en su declaración indagatoria Chamoles.

Afirmó también que, en total, las deudas que tienen para cobrar llegan a los 2.000.000 de dólares.

Según el expediente entre las víctimas de la “asociación ilícita” hubo personas de la amistad de González, como un hombre al que le solicitó un Ford Mustang modelo 2022 para exhibirlo en el salón de ventas de la concesionaria a fin de “publicitar la comercialización de vehículos de similares características”. El vehículo había sido adquirido en Autos Pilar Premium en octubre de 2024.

“En virtud de dicho vínculo de confianza, el damnificado hizo entrega del automóvil a fines de junio de 2025, reteniendo únicamente en su poder el permiso de circulación y el boleto de compraventa, sin que a la fecha los imputados le hayan restituido el rodado ni le hayan hecho entrega de un vehículo de similar valor en sustitución, tal como era la costumbre comercial habitual entre las partes. Que, requerida la devolución del auto por el damnificado entre los meses de septiembre y octubre de 2025, González le manifestó en reiteradas oportunidades que ‘lo bancara’, dilatando de ese modo la restitución del rodado bajo diversas excusas y sin ofrecerle solución alguna (pese a los múltiples reclamos personales y telefónicos efectuados por el damnificado), dado que sabía que no podía hacerlo ya que lo había vendido a otra persona”, según se describió en la imputación.

Hubo otro caso donde un cliente transfirió 29.000 dólares (primero US$3000 como seña) por un auto marca Mercedes Benz modelo Cla 200, pero el vehículo nunca le fue entregado.

Según la acusación, los imputados y sus empleados para lograr su cometido “simularon la falsa apariencia de una empresa seria, con antigüedad en el rubro y reconocimiento en el mercado”.

González está alojado en Alcaidía Penitenciaria de Malvinas Argentinas y Chamoles en la Unidad 61 de Melchor Romero, ambas dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde continuarán detenidos tras el dictado de la prisión preventiva.

Por Gabriel Di Nicola

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