“¡Qué bardeás, cagón de mierda!”: violenta reacción de policías de Entre Ríos ante un joven porque creyeron que los insultó

La violenta secuencia duró menos de tres minutos y tiene como protagonistas a tres efectivos de la Policía de Entre Ríos y a un joven albañil al que golpearon, redujeron salvajemente y detuvieron porque creyeron que los había insultado. El hecho de abuso de autoridad ocurrió hace 10 días, pero recién este fin de semana largo se viralizaron las imágenes de una cámara de seguridad que fueron clave para que el joven recuperara su libertad y los agentes fueran apartados de la fuerza para ser investigados.

Todo ocurrió en la tarde del 10 de abril pasado, a las 14.16 cuando un joven albañil, llamado Marcelo Bruffal, sacaba al frente de una vivienda ramas que habían podado de un árbol. En el video se observa cómo pasa una camioneta de la policía provincial con tres efectivos a bordo y el joven les dice: “¿¡Qué miran!?“. A los 10 metros, el patrullero frenó su marcha y retrocedió hasta el frente de la casa donde, segundos antes, había estado el albañil que ingresó a la vivienda.

Rápidamente, los tres efectivos se bajaron de la camioneta, uno de ellos con un arma larga a la que hizo el sonido de prepararla para disparar y comenzaron a increpar al joven que permaneció dentro de la propiedad.

“¡Qué bardeás, cagón de mierda!“, fue una de las frases lanzadas por uno de los uniformados mientras la hermana de la víctima trataba de que se calmaran y fueran. Eso pareció suceder. Los tres se subieron al patrullero y, en ese momento, Marcelo Bruffal salió de nuevo con otra rama.

Cuando lo vio de espalda y de forma artera, el oficial que iba en la parte trasera de la camioneta se bajó y se lanzó encima del joven. Rápidamente, sus dos compañeros hicieron lo mismo y rodearon al joven mientras su hermana les pedía que se calmaran.

Lejos de hacerlo, los efectivos redujeron violentamente al joven, lo esposaron, lo subieron a la caja de la camioneta y lo llevaron a un destacamento. Como la hermana de la víctima lo quiso impedir, fue rociada con gas pimienta.

“Después de que intentaron irse, uno se acercó por detrás, me agarró del cuello, me tiró al piso y me lesionó la rodilla”, dijo la víctima a Diario Uno y sumó: “Me decían ‘¡Flaco, cállate!’ y me echaron gas pimienta. Mi hermana tiene marcas en las manos y sufrió las consecuencias por el gas pimienta”.

Según el relato de Marcelo, fue el video el que hizo que todo cambiara: “Cuando mis familiares llegaron al destacamento y les mostraron el video, los oficiales ya se habían sacado el nombre del uniforme y estaban nerviosos”.

Ayer, en medio del escándalo y del fin de semana largo, el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial emitió un comunicado en el que expusieron: “En relación a los hechos de público conocimiento que involucran a tres funcionarios policiales registrados en un video en una situación que, representa una grave falta a la disciplina y los principios que rigen la actuación policial, el Ministerio de Seguridad y Justicia, y la Jefatura de Policía de Entre Ríos, informan que los funcionarios fueron pasados a disponibilidad”.

El texto sigue: “Los tres funcionarios policiales involucrados han sido inmediatamente separados de sus funciones operativas y puestos en situación de disponibilidad. Esta medida preventiva se adopta con el objetivo de garantizar la transparencia de la investigación y evitar cualquier interferencia”.

“En este sentido, desde la Dirección General de Asuntos Judiciales se dio inmediata intervención a la autoridad judicial correspondiente, a fin de que lleve adelante la investigación pertinente. Paralelamente, la Dirección General de Asuntos Internos inició la investigación para determinar la responsabilidad administrativa, independientemente de la intervención de la Justicia”, suma el texto que cierra: “Esta gestión ministerial y la Jefatura de Policía reiteran su absoluta inflexibilidad ante cualquier conducta que se desvíe de los valores éticos y el profesionalismo que deben caracterizar a la fuerza policial. Hechos como los denunciados socavan la confianza de la ciudadanía, deshonran el compromiso de la gran mayoría de los efectivos que cumplen su deber con vocación de servicio y dañan la imagen y prestigio de la Institución”.

Por su parte, la víctima explicó que la lesión que sufrió le impide trabajar: “Necesito trabajar porque está difícil la situación económica. Nunca pensé que iban a reaccionar así, sobre todo porque son policías y deberían ayudar a los vecinos de la ciudad”.

La instrucción de la causa quedó en manos de la fiscal Sofía Patat, titular de la Unidad Remanente y Violencia Institucional.

LA NACION

• Violencia armada

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