Ramos Mejía: el motochorro fue liberado dos veces el año pasado

Cuando atacó a la psicóloga social María Rosa Daglio, el motochorro Alejandro Miguel Ochoa debía estar preso. Su condena se vencía el 16 de agosto de 2024. Pero, en dos oportunidades, el 29 de abril y el 8 de octubre pasados, fue dejado en libertad.

Ochoa, de 55 años, fue apresado por la policía bonaerense en su casa de Castelar, la misma vivienda que utilizó para fijar domicilio el 29 de abril cuando, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata lo benefició con la prisión domiciliaria y permitió que abandonara el penal de Batán.

“Queremos que haya una condena firme, con cadena perpetua, y que no salga más por ninguna clase de beneficio”, reclamó Pilar, una de las hijas de Daglio en diálogo con LN+.

El sospechoso quedó preso, acusado de ser el asaltante que, a bordo de una moto Gilera gris subió a la vereda de Belgrano al 300, en Ramos Mejía, y agredió a Daglio para robarle el teléfono celular y la cartera. La psicóloga social que, en el momento del ataque hablaba con un paciente, cayó al piso a raíz de la agresión del imputado, falleció un día después por las lesiones que sufrió durante el asalto.

Al revisar las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores policiales lograron reconstruir el recorrido del sospechoso, luego de atacar a la psicóloga social. Así los detectives llegaron hasta la casa del sospechoso, situada en Castelar y lo detuvieron. Luego de comprobar su identidad, se determinó que el imputado debía estar preso, tenía una condena por robo agravado a ocho años y medio de prisión que se agotaba el 16 de agosto de 2024. Pero, el 29 de abril pasado, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata, le concedió el arresto domiciliario en el contexto de la pandemia del Covid-19.

Dicho beneficio fue concedido a pesar de que el fiscal de Ejecución Penal de dicho departamento judicial, Marcelo Ricardo Blanco, se opuso, al considerar que Ochoa “no resulta paciente de riesgo respecto del Covid-19”.

Al fundar su dictamen, el 17 de abril pasado, el representante del Ministerio Público explicó que el condenado Ochoa fue sometido a una serie de estudios médicos en los que no se consignó ninguna patología preexistente y no padecía ninguna enfermedad incurable y no sufría de incapacidad para valerse por sí mismo en la cárcel.

Debido a que el dictamen del fiscal no es vinculante, un juez de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata, Marcelo Riquert, le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Se tomó en cuenta sus avances en el sistema educativo y su participación en talleres de yoga, teatro y ajedrez.

“Hemos de mensurar de igual modo positivo la gran adhesión a las propuestas tratamentales existentes en el medio de encierro, a saber: su desempeño laboral en la química de la unidad penal, desde el 5/4/19 hasta la actualidad (abril de 2020), así como su tarea en el mantenimiento del sector de visitas, desde el mes de febrero de 2018, anteriormente a ello, en el sector cocina y maestranza de la sección vigilancia y tratamiento; asimismo, la promoción de primer y segundo año del ciclo secundario (años 2018-2019) y su concurrencia a los talleres de yoga (2019/20), teatro (2016/17/18), alcohólicos anónimos (coordinador en 2018 y 2019) e instructor de ajedrez (2016)”, definió el juez Riquert en la resolución que concedió la prisión domiciliaria a Ochoa.

Además, el magistrado de la Sala I marplatense tampoco tuvo en cuenta el informe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), según el cual el interno “presenta altibajos e inconvenientes para lograr implementar sus recursos autorregulatorios”.

Según fuentes oficiales, en esta resolución, nada se consignó sobre la necesidad de colocarle a Ochoa una tobillera electrónica para monitorear que cumpliera el arresto domiciliario. Ochoa salió de la cárcel de Batán y se instaló en la casa de su madre, en Castelar.

Presos, en las calles

Ochoa se convirtió en uno de los más de 2000 presos que estaban alojados en cárceles bonaerenses beneficiados, durante la cuarentena, a partir de la resolución de la Cámara de Casación Penal, dictada por el juez Víctor Violini, que afectó a otros tribunales bonaerenses. Mientras que en los penales federales el beneficio alcanzó a 2500 presos, de los cuales solo 288 habían cumplido las condenas.

Cinco meses después de haber salido de la cárcel y cuando debía estar preso en su casa, Ochoa fue detenido en Morón. Aportó el nombre de su hermano ante la policía y salió de la comisaría antes de que el sumario llegara a la fiscalía. Investigan ahora esa libertad irregular.

El 8 de octubre, la Justicia de Morón ordenó su captura. Un mes más tarde, un juez de Mar del Plata le revocó la prisión domiciliaria y sumó un nuevo pedido de detención.

Ochoa, que cometió el primer delito por el que fue procesado en 1990, cuando estaba vigente otro Código de Procedimientos, tiene doce causas y tres condenas por robos, en Mar del Plata y Morón. Cuatro de sus víctimas fueron mujeres que iban solas por la calle.

A pesar de que lo buscaba la policía porque tenía dos órdenes de captura, Ochoa circuló durante casi cinco meses entre Morón y La Matanza sin que nadie lo detuviera. Cuando la policía lo fue a buscar por su presunta responsabilidad en el homicidio de Daglio, el prófugo estaba en la casa de su madre.

Guillermo Nicora, el fiscal que estuvo a cargo de la acusación en el juicio contra Ochoa, explicó que el imputado cumplía condena en Batán, cuando su defensor público presentó un pedido de detención domiciliaria para protegerlo de la pandemia de Covid-19.

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