Relato de un "arrepentido": fiestas en un yate, narcos, un intendente y un juez

Un "arrepentido" en la causa narco de Itatí dio detalles que suman más sospechas sobre las eventuales complicidades de la Justicia Federal de Corrientes con el tráfico de marihuana. Este narco que declaró en el juzgado federal N°12 porteño, a cargo de Sergio Torres, afirmó que el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, actualmente detenido en el penal de Ezeiza, compraba cocaína "para las fiestas que organizaba en su yate en Paso de la Patria, a las que asistían el juez [Carlos] Soto Dávila y Federico Grau", secretario del juzgado federal de Corrientes que fue suspendido por la Cámara de Apelaciones en diciembre de 2016.

El "imputado colaborador" también señaló que cuando Faraone preparaba un envío de un cargamento de 100 kilos de marihuana desde Corrientes hacia Buenos Aires lo visitaba el secretario de la Policía de Corrientes.

Este testimonio figura en el fallo de procesamiento del juez Torres en la investigación que encabezó la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por Diego Iglesias, con apoyo del fiscal correntino Carlos Schaefer, que avanzó sobre nuevos eslabones de complicidades que garantizaron a la banda liderada por Federico "Morenita" Marín, Carlos Bareiro y Luis Saucedo operar con inmunidad e impunidad en Itatí, ciudad fronteriza separada de Paraguay por el río Paraná, para distribuir grandes cargamentos de marihuana en siete provincias argentinas.

El magistrado procesó a Faraone, un dirigente político que tenía aceitados contactos con las fuerzas de seguridad; a su hija, Agustina Faraone Sigel, y la expareja de la joven, Joselo Borjas, ambos gendarmes, y a Alejandro Bauza y Andrés Maidana. En otro fallo paralelo también quedó procesado Marín, que fue detenido el 12 de octubre pasado tras haber pasado dos años prófugo.

Con la declaración del arrepentido la Justicia avanza en un nuevo capítulo de las complicidades que garantizaron que esta banda se transformara en "dueña" de una ruta fluvial que se convirtió en la puerta de entrada de la marihuana paraguaya al país.

Las sospechas apuntan al juzgado federal de Corrientes, que nunca profundizó investigaciones sobre esta banda, que operaba con la contención de algunos integrantes de todas las fuerzas federales y también de la provincial, como así también de sectores políticos, como ser el intendente de Itatí Natividad Roger Terán y el viceintendente Fabio Aquino, ambos procesados por narcotráfico.

El arrepentido menciona que el secretario Federico Grau compartía con el juez federal las fiestas en un yate en Paso de la Patria. Grau separado del cargo por la Cámara de Apelaciones en diciembre de 2016. Pablo Molina, otro secretario, fue procesado en octubre de 2017 por falsificar documentos para favorecer al empresario Roberto Rodríguez, acusado de lavado de dinero, quien recuperó, gracias a esa gestión, dos autos de alta gama.

En el juzgado federal de Corrientes había 4860 discos compactos con escuchas telefónicas de esta causa de narcotráfico que nunca fueron tenidos en cuenta. Luego de que se unificaran más de 20 expedientes en el juzgado federal N°12 de Comodoro Py comenzaron a aparecer indicios de porqué la Justicia correntina no había avanzado contra esta organización narcocriminal.

Como publicó LA NACIÓN el 26 de octubre de 2016, en el expediente figuraba un testimonio que advertía que "Cachito" Bareiro, uno de los líderes narco, "pagó un millón y medio de pesos al juez que estaba de turno, Soto Dávila, por su libertad. Eso fue para que no se hiciera efectiva la captura que pesaba sobre él. Un allegado del juez fue a cenar a la casa de Bareiro para ir a buscar la plata. El secretario del juez, un tal Molina, se encargaba de hacer las transacciones".

El fiscal federal de Corrientes Carlos Schaefer planteó en varias ocasiones las sospechas sobre el accionar del juzgado. Con los 4860 CD de escuchas telefónicas y el testimonio de un arrepentido la Justicia, ahora, empieza a profundizar ese nudo de complicidades cruzadas.

Morenita Marín, aliado de Bareiro y Saucedo en el tráfico de marihuana, contaba, según surge del fallo, con una red de inmunidad que le garantizaba el exintendente de Empedrado, dueño del mercado central de esa localidad.

"Me dieron", le avisó "Morenita" Marín al exjefe comunal correntino, quien sin dudar contestó: "Cagué, entonces". Eran las doce de la noche del 7 de octubre de 2016 y el narco oriundo de Itatí, que estaba prófugo, se acababa de enfrentar a tiros con efectivos de la Gendarmería en la capital correntina. Con otros cómplices preparaban el envío de un cargamento de marihuana hacia Buenos Aires.

El exdirigente del Partido Nuevo y dueño del mercado central de Empedrado, en el límite con Chaco, le ofreció al narco prófugo que se escondiera en esa localidad, donde podía garantizarle protección. Pero estaba preocupado porque el auto en el que había huido Marín estaba a su nombre. "Hacé un boleto de compra-venta trucho con algún amigo", le recomendó el narco.

La camioneta Ford Ranger en la que iban a realizar el traslado de la marihuana, que había llegado desde Paraguay, se la entregó -según las escuchas telefónicas de la causa- Agustina Faraone Sigel, la hija del dirigente político, que es gendarme, como su expareja Borja, quien era custodio del juzgado federal de Corrientes y tenía contacto directo con el exviceintendente de Itatí Fabio Aquino.

En marzo de 2017 fueron procesados 28 miembros de la organización, entre ellos, el exintendente de Itatí Natividad Roger Terán y su vice, Aquino, además de miembros de las fuerzas de seguridad, como el comisario de Itatí Diego Alvarenga, el prefecto Julio Saucedo, el gendarme Gabriel Alcaraz y el subcomisario de la Policía Federal Rubén Ferreyra, así como el sargento Carlos López.