Santa Fe: polémica por la decisión del gobierno de pagar las costas de un juicio donde fue condenado un femicida
Como el asesino, Juan Ramón Cano, se había declarado insolvente, la familia de la víctima debía hacerse cargos de 457.000 pesos para los abogados que estuvieron a cargo de la querella
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PARA LA NACIONJosé E. Bordón
SANTA FE.- Interesante polémica desató la decisión del gobierno de Santa Fe de hacerse cargo, por medio de un subsidio, de las costas generadas en el juicio por el femicidio de Vanesa Castillo, la docente asesinada hace cuatro años en el distrito de Alto Verde, frente al puerto de esta capital. Fue después de que la familia de la víctima, según las normas vigentes, fuera informada que debe abonar 457.000 pesos a los abogados intervinientes porque el condenado por el crimen, Juan Ramón Cano, se declaró insolvente.
La “solución” para la familia de Castillo, atacada cuando abandonaba la escuela Victoriano Montes, el mediodía del 15 de febrero de 2018, causó los más diversos comentarios.
La reacción más firme se generó en el Colegio de Abogados de Santa Fe –primera Circunscripción- que explicó algunas cuestiones de la legitimidad de la Ley 12.851 de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de Santa Fe, y resaltó que “los honorarios tienen carácter alimentario, siendo el medio de subsistencia de los profesionales del derecho y sus familias”.
Como en este caso el estado provincial se hará cargo de los honorarios de los abogados que representaron a la querella en la causa penal, para los profesionales la decisión “genera un precedente a tener en cuenta para futuras situaciones similares de manifiesta injusticia, independientemente de la causa o de la materia de que se trate”.
“Es menester resaltar que cuando una persona contrata servicios jurídicos, se configura una relación de mandato, a partir de la cual se le encomienda al profesional una gestión determinada. Quien presta un servicio privado, tiene derecho a percibir su retribución, más allá del éxito o no de la gestión”, remarcó el organismo que nuclea a los letrados santafecinos.
En razón de tal circunstancia, la familia de la víctima debería hacerse cargo de los honorarios de los letrados que contrataron para que la represente en el proceso.
“Debemos resaltar que los insolventes condenados en costas no se liberan de su obligación, sino que, en el supuesto que en un futuro adquieran bienes o accedan a un trabajo registrado, los que afrontaron originariamente el pago, puedan accionar para recuperar la erogación. Lo expuesto tiene por objeto dignificar la labor profesional, afianzar su valor y defender el legítimo derecho de cualquier trabajador -abogado o no- de percibir, en tiempo oportuno, los honorarios y/o remuneraciones por la tarea cumplida”, enfatizó el colegio que agrupa a los profesionales abogados de la región.
Confirmación oficial
Según dijo a LA NACION Silvia Castillo, hermana de la víctima, el gobernador Omar Perotti le confirmó que su administración realizará todas las gestiones necesarias para que los costos del juicio no sean una nueva carga para la familia.
El femicida fue condenado en 2020 por los delitos de “homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento, por ser perpetrado por un hombre a una mujer y mediante violencia de género y lesiones leves dolosas”. El caso fue definido como femicidio “no íntimo”.
En tanto, la ministra de Mujeres, Igualdad y Diversidad de Santa Fe, Florencia Marinaro, recibió a la hermana de la víctima y le confirmó que el gobierno otorgará un subsidio a la familia para que pueda completar el pago de la suma que reclama el estudio de abogados que patrocinó a la querella.
“Transformemos esa indignación en impulso para bregar por más igualdad y nuevos derechos”, sostuvo la hermana de la víctima. Y agregó: “Ya hemos acordado un convenio de pago. El gobierno provincial nos propuso hacerse cargo de lo que restaba”.
La familia de Castillo invitó a sumarse a la convocatoria virtual en reclamo de justicia y de la sanción urgente de la que podría denominarse Ley Vanesa, que modifica el protocolo de intervención de docentes y trabajadores de la educación en situaciones de abuso infantil, y les brinda mayor protección.
El proyecto de la denominada Ley Vanesa tiene el objetivo de proteger a los niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, pero también a los docentes que están al frente de los niños en las aulas y denuncian estos casos, se señaló.
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