Desde el 10 de diciembre de 2010, hace más de 13 años, se encuentra vigente la ley 26.657 de Salud Mental, sancionada sin la participación de entidad médica alguna o Facultad de Medicina de la Argentina, ley que por sus groseros errores conceptuales vio su reglamentación tres años después, en un texto que lejos de aclararla, trajo más confusión y desatinos.
Las consecuencias de esta ley fueron catastróficas, dado su impacto en el ámbito sanitario de urgencias y en los diferentes tribunales, generando confusión y polémica, todo bajo el supuesto paraguas de la protección de derechos humanos de los pacientes y sus familias, a los que, irónicamente, se los desamparó.
De hecho, un impresentable director de salud mental se jactó de cerrar establecimientos de atención abiertos y cerrados en todo el país, produciendo un descalabro y cuadros indescriptibles ante las descompensaciones de enfermos y la falta de un espacio para su atención.
Todos los psiquiatras argentinos hemos sido testigos impotentes frente a esta fatídica ley, con funcionarios de turno observadores cómodos e indiferentes de innumerables tragedias.
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, en sus ocho artículos relacionados con los cambios propuestos sobre los artículos de la ley 26.657, es un gran avance, ciertamente perfectible, que permite darles a los enfermos y a sus familiares un espacio mejor para producir internaciones de urgencia, especialmente las involuntarias, cuando el paciente no puede brindar su consentimiento dado su grado de enfermedad mental.
Es necesario que los legisladores nacionales escuchen a los psiquiatras que contamos con muchos años de experiencia práctica en estos casos, y accedan a ratificar estos artículos que lleven a ampliar la posibilidad de un rápido tratamiento en internación de aquellos que no pueden sostener una asistencia ambulatoria, por diversos motivos.
Estamos en el Siglo XXI y es hora de dejar atrás el oscurantismo ideológico que pretende suprimir la ciencia y privilegiar las ideologías absurdas: señores legisladores, es menester ocuparse de la Salud Mental Argentina. No existen, hace muchos años, más manicomios en nuestro país, solo existen en la mente perversa de individuos que han obtenido prebendas, políticas y económicas, utilizando en provecho propio ciertas ventajas que la ley les otorgó y que no quieren perder.
Ya no se trata de un tema político ni ideológico: es un tema sanitario, de Salud Pública y de protección de los argentinos. En sus manos está la ratificación de los ocho artículos del DNU 70/2023, dado que existe Urgencia y existe Necesidad. Que Dios los ilumine y les permita obrar de conformidad. Amén.
El autor es profesor universitario, psiquiatra, legista, psicoterapeuta y presidente del Capítulo Responsabilidad Profesional de la Asociación Argentina de Psiquiatras
