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“Tengo miedo de cruzarme con mi abusador”, la desgarradora carta de una víctima del empresario Marcelo Porcel
La misiva fue entregada a los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Lucini, que confirmaron el procesamiento por el abuso de diez menores, compañeros de colegio de los hijos del imputado
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La semana pasada, 14 padres estuvieron presentes ante los tres jueces de la Cámara del Crimen. En sus manos llevaban sendas cartas escritas por siete de los diez chicos que denunciaron haber sido víctimas de ataques sexuales. Las palabras son desgarradoras: hablan de las “marcas” que dejaron esos abusos. En todas se repetía un pedido: que Marcelo Porcel, el empresario procesado por abusar de los compañeros de colegio de sus hijos, vaya preso.
“Tengo miedo de cruzarme con mi abusador”, sostuvo una de las diez víctimas en una carta entregada la semana pasada a los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Lucini, integrantes de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en la audiencia donde se trató la apelación del procesamiento del empresario dictada el 6 de abril pasado por el juez de instrucción Carlos Bruniard.
“Soy [la identidad se mantiene en reserva], víctima de corrupción, abuso sexual y también de ser filmado sin mi conocimiento y, menos aún, mi consentimiento mientras me duchaba por parte del señor Marcelo Porcel. Nos dañó. Sigue dañándonos. Está libre, camina por los mismos lugares que nosotros, vive cerca de nuestros domicilios, de los lugares que habitualmente transitamos. Incluso intentó vacacionar en el mismo lugar que nosotros. Todavía tenemos que tener cuidado de no cruzarlo, evito pasar por las cuadras de su domicilio por miedo a verlo (a pesar de que tengo amigos en la misma zona)”, dice en los primeros párrafos de una de las cartas más conmovedoras que recibieron los camaristas, a la que tuvo acceso LA NACION.
La víctima continuó: “Tengo miedo de cruzarme con mi abusador o que mi hermano [también abusado] lo cruce y que en ese momento volvamos a ser otra vez los chicos abusados, vulnerados. La prisión para Porcel es lo único que puede devolvernos la paz. No tengan dudas de que si nuestra causa solo le genera una condena social y no legal, no les quepan dudas de que seguirá abusando de cuantos niños vulnerables tenga acceso; de hecho, hay más víctimas que aún no pueden hablar con sus padres por culpa del miedo que le tienen a Porcel”.
Y finalizó: “Porcel es responsable de todos los hechos denunciados en esta causa, especialmente de los denunciados por mi hermano y por mí. Debe estar detenido”.
Fueron siete las víctimas que entregaron cartas a los jueces Rodríguez Varela, López y Lucini para pedirles la detención del empresario, de 51 años. Sin embargo, los camaristas, aunque rechazaron la apelación presentada por la defensa y confirmaron el procesamiento de primera instancia, no dispusieron la prisión preventiva tras casi dos años del inicio de la causa.
El tribunal de alzada no solo confirmó el procesamiento por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representación sexual de menor de edad, sino también el embargo sobre los bienes del empresario hasta cubrir la suma de $111.564.950 dictado en primera instancia.
Si bien los camaristas no dispusieron la prisión preventiva, ordenaron la “inmediata colocación de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización” y la entrega a las víctimas de dispositivos duales de alerta ante eventuales violaciones de las restricciones de acercamiento ya impuestas al imputado.
En la audiencia donde se trató la apelación de la defensa, la auxiliar fiscal Verónica Fernández de Cuevas solicitó también la confirmación del procesamiento y describió una “actividad constante de manipulación y superioridad” por parte del imputado, quien —según afirmó— seleccionaba a los adolescentes “de manera de establecer cuál era el más vulnerable”. En la instrucción de la causa interviene el fiscal Pablo Turano.
La defensa de Porcel, a cargo del abogado Roberto Rallín, cuestionó el procesamiento al sostener que el juez de instrucción había realizado una valoración “circular” de la prueba y reclamó un análisis “hecho por hecho” y “denunciante por denunciante”.
El letrado dijo que el testimonio de los adolescentes fue “resignificado” con el paso del tiempo y sostuvo que los episodios atribuidos al empresario no tenían relevancia penal. También cuestionó la calificación legal y pidió el sobreseimiento de su asistido o, subsidiariamente, la falta de mérito.
En el fallo, los jueces del tribunal de alzada explicaron que los hechos investigados exhiben “notas comunes que no es posible soslayar” y sostuvieron que las conductas atribuidas a Porcel deben ser analizadas “de manera conjunta”, por cuanto evidencian “la unidad de acción exhibida en la fuente de captación de los niños y en la oportunidad de desplegar en el trato con ellos el designio sexual abusivo”.
Los camaristas resaltaron que las víctimas eran compañeros de colegio de los hijos del imputado y concurrían frecuentemente a sus domicilios. “En ese contexto, consideraron acreditado —con el grado de probabilidad exigido para esta etapa del proceso— que el empresario desplegaba ‘un entramado de relaciones y vínculos, naturalmente signado por una inexorable asimetría’, valiéndose de su posición económica y de confianza para captar a las víctimas", según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.
En su fallo, los jueces Rodríguez Varela, López y Lucini afirmaron: “El imputado se valía, como una estratagema de manipulación, de la impostura de exhibirse como un igual”.
Los magistrados entendieron que la Cámara destacó que los relatos de las víctimas en la Cámara Gesell presentaron “coherencia interna y concatenaciones lógicas en su configuración”, además de “malestar e incomodidad”, y descartó que existieran elementos que permitieran sostener una hipótesis de fabulación o de denuncias motivadas por intereses espurios.
En las últimas horas se difundió un video en el que se ve a Porcel en la Basílica de Luján. No tiene restringida la libertad ambulatoria siempre que no se ausente de su domicilio por más de 24 horas sin autorización. No hay incumplimiento en que vaya adonde quiera mientras respete la prohibición de contacto con las víctimas”, explicaron a LA NACION fuentes judiciales.
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