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Caso Porcel: la Cámara debe decidir si confirma el procesamiento y analiza un pedido de detención
El empresario está acusado por presuntos delitos sexuales contra menores; la causa ya acumula 10 denunciantes que eran compañeros de colegio de sus hijos
5 minutos de lectura'
LA NACIONDiego Cabot
La causa judicial contra Marcelo Eduardo Porcel entró en una etapa decisiva. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional deberá resolver en estos días si confirma o no el procesamiento dictado en primera instancia y, además, si corresponde agravar la situación cautelar del empresario mediante una eventual detención.
A las 10, en el tribunal de alzada habrá una audiencia en la que los jueces escucharán a las partes. Recién entonces estárá en condiciones de decidir el futuro penal del empresario procesado.
El expediente, identificado como causa 36.627/24 y que se inició en 2024, quedó radicado ante la Cámara luego de los recursos de apelación presentados tanto por la defensa como por la querella contra la resolución firmada el 6 de abril pasado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 50.
En esa resolución, el juez de primera instancia dispuso el procesamiento de Porcel como presunto autor de delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representación sexual de menor de edad. La imputación comprende hechos reiterados respecto de diez menores de 13 años, según surge de la resolución apelada.
El magistrado no ordenó la prisión preventiva del imputado. Como medida cautelar, únicamente dispuso la prohibición de ausentarse de su domicilio por más de 24 horas.
Esa decisión abrió dos planteos contrapuestos ante la Cámara. Por un lado, la defensa de Porcel cuestionó el procesamiento y pidió su revocación o modificación al considerar que no se encuentra acreditado el grado de probabilidad requerido para sostener la imputación en esta etapa procesal. Por el otro, la querella apeló la falta de detención y reclamó una medida cautelar más severa.
De esta manera, la Sala IV deberá resolver dos cuestiones centrales: si confirma o modifica el procesamiento y, además, si la situación procesal del imputado amerita una restricción más intensa de la libertad.
Según surge del expediente, la Cámara deberá evaluar si existen elementos suficientes para sostener, con el estándar exigido en esta instancia, la existencia de los hechos investigados y la participación penalmente relevante de Porcel. Al mismo tiempo, los jueces deberán analizar si la actual restricción —la prohibición de ausentarse del domicilio por más de 24 horas— alcanza para neutralizar riesgos procesales o si corresponde avanzar hacia una medida de coerción mayor como la detención.
Entre los elementos que quedaron bajo análisis aparecen la gravedad de los delitos imputados, la cantidad de denunciantes, la reiteración de los hechos investigados y la eventual expectativa de pena derivada de la combinación de figuras penales atribuidas.
La resolución apelada encuadró los hechos en los artículos 119, 125 y 128 del Código Penal, vinculados a delitos contra la integridad sexual de menores, corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores de edad.
Fuentes judiciales señalaron que la Cámara cuenta con distintas alternativas procesales. Puede confirmar íntegramente el procesamiento y mantener la situación cautelar actual; ratificar el procesamiento y disponer una medida más restrictiva, incluida la detención; o bien modificar parcialmente la calificación legal y el alcance de los hechos atribuidos.
La definición de la Sala IV aparece ahora como uno de los puntos centrales del expediente, tanto por la revisión del procesamiento como por la discusión sobre la eventual existencia de riesgos procesales que justifiquen una medida cautelar más severa contra Marcelo Porcel.
El núcleo de decisión para la Cámara no se agota en la gravedad de la imputación, sino que debe articular esa gravedad con la existencia de riesgos procesales concretos, particularmente riesgo de fuga, posibilidad de entorpecimiento de la investigación, influencia sobre víctimas o testigos, incumplimiento de medidas previas o cualquier otro indicador que justifique modificar la situación cautelar vigente.
La investigación sobre Marcelo Porcel comenzó a mediados de 2024, luego de una serie de denuncias de padres y menores que describieron episodios de presuntos abusos sexuales ocurridos en reuniones organizadas en el entorno familiar del empresario.
Varios chicos —todos de ellos compañeros del Colegio Palermo Chico de los hijos de Porcel— declararon en Cámara Gesell y relataron situaciones compatibles con maniobras de abuso, exposición sexual y conductas consideradas por la Justicia como posibles hechos de corrupción de menores. Con el avance del expediente se incorporaron nuevas denuncias, testimonios y peritajes, mientras la causa permaneció bajo secreto de sumario durante buena parte de la instrucción.
El proceso tuvo un paso lento en la Justicia. Por caso, cuando se sumaban 10 denuncias recién Porcel fue llamado a indagatoria. Justamente ese acto procesal está barnizado de una enorme polémica: el juez permitió que Porcel comparezca en la audiencia indagatoria de manera remota ya que lo hizo mediante la plataforma Zoom.
La resolución judicial de abril de 2026, en la que fue procesado, sostuvo que existían elementos suficientes para procesar a Porcel por hechos reiterados contra diez menores de 13 años. De hecho, más allá de los testimonios de los menores, que actualmente tienen entre 17 y 18 años, en una pericia que se realizó sobre el teléfono de Porcel se encontraron fotografías capturadas con alguna cámara oculta, de los compañeros de sus hijos desnudos, mientras se duchaban en el baño de su domicilio, en el lujoso edificio Le Parc, en Cerviño y Godoy Cruz, en Palermo.
Los relatos de los menores dan cuenta de que el empresario, accionista de la empresa que originalmente ganó la licitación para explotar el shopping Oh Buenos Aires, ex Design en Recoleta, les proporcionaba alcohol, les entregaba dinero por tomar y los incentivaba a desnudarse en su oficina a cambio de plata cuando los ahora denunciantes tenían 13 años.
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