Tenían una cueva financiera y, para evitar ir a juicio, donaron equipamiento médico a hospitales
Los administradores de una financiera que operaba sin habilitación del BCRA en Venado Tuerto acordaron una suspensión del proceso a prueba por dos años y entregaron equipos por $30.000.000 a los centros de salud municipales
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LA NACION
A fines de junio de 2024, un robo en una vivienda situada en la calle Cabral 4, en Venado Tuerto, dejó a la vista algo más que una puerta violentada y dinero faltante. El episodio, que en un primer momento parecía otro asalto domiciliario, derivó en una pesquisa federal que terminó por exponer una cueva financiera: en esa casa, según determinó la investigación, se realizaban operaciones de compraventa de divisas sin autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Meses después, los administradores de esa estructura evitaron sentarse en el banquillo de los acusados con una salida alternativa: para acceder a la suspensión del proceso a prueba, donaron equipamiento médico por $30 millones a los centros de salud municipales y asumieron la obligación de no volver a ofrecer servicios de cambio ni préstamos personales durante dos años.
El caso se activó a instancias del Ministerio Público Fiscal (MPF). Tras el robo en Cabral 4, en el que los asaltantes se llevaron aproximadamente $3.500.000 y US$3500, además de teléfonos celulares, el entonces titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo—hoy con funciones de coordinación de la Fiscalía de Distrito Rosario—ordenó iniciar de oficio una investigación para corroborar si en esa vivienda se realizaban maniobras de intermediación financiera no autorizada. Con la intervención de fuerzas federales y consultas al BCRA, los allanamientos posteriores confirmaron la sospecha: en el domicilio había máquinas de contar dinero, celulares, computadoras y documentación que daban cuenta de operaciones de cambio sin habilitación.
Con la pesquisa encaminada y las evidencias sobre la mesa, el 12 de junio de 2025 el titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, Federico Reynares Solari, y la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi formalizaron la investigación contra los propietarios de la vivienda por intermediación financiera sin autorización legal. Las personas imputadas fueron identificadas como Edgardo U. y Marcela G.
En enero pasado, las partes acordaron una salida alternativa prevista en el Código Procesal Penal Federal (CPPF): la suspensión del proceso a prueba. El entendimiento incluyó dos pilares. Por un lado, el compromiso de los imputados de abstenerse, durante el plazo de dos años, de ofrecer servicios de compraventa de moneda extranjera y de préstamos personales, entre otras reglas de conducta. Por el otro, una reparación económica destinada al sistema de salud municipal: cada uno de los imputados aportó $15 millones en equipamiento médico, lo que totalizó una donación de $30 millones que, según se consignó, equivale al perjuicio ocasionado al sistema económico y financiero.
Con la feria judicial ya finalizada, el juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa homologó el acuerdo en una audiencia realizada el 15 de enero de 2026. Del acto participaron, además de los representantes del MPF y la defensa, funcionarios de la Municipalidad de Venado Tuerto, en su carácter de beneficiarios de la entrega. De esta manera, el entendimiento quedó firme y comenzó a correr el plazo de prueba: si los imputados cumplen con todas las obligaciones durante los dos años fijados, el proceso penal se extinguirá; si incumplen, el expediente podrá reactivarse.
La donación ya se materializó. Según el detalle aportado en el expediente, el equipamiento incluye electrocardiógrafos, desfibriladores y balanzas pediátricas destinados a los centros de salud municipales de Venado Tuerto. Aunque la reparación no borra la presunta maniobra, constituye—en términos del acuerdo—una compensación “equivalente al perjuicio” atribuido por la acusación.
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