Fuera de carrera: Oscar “Poppy” Larrauri, imputado por lavado de dinero del juego clandestino
El expiloto de Fórmula 1, que participó de la máxima categoría del automovilismo mundial en la década del 80 y hoy es empresario de la carne, quedó implicado por una sospechosa compraventa de terrenos; la causa tiene alto impacto político y judicial, con dos fiscales arrestados
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LA NACION
El expiloto de Fórmula 1 Oscar “Poppy” Larrauri –hoy, empresario frigorífico– fue imputado formalmente como partícipe primario de lavado de activos, por una maniobra con una decena de terrenos que le compró, vendió y alquiló en el plazo de cuatro días a Leonardo Peiti, quien está acusado de organizar una red de juego clandestino en la provincia de Santa Fe, en una causa de alto impacto por sus implicancias en la política y la Justicia provincial.
En la misma audiencia, celebrada la tarde de este jueves, el capitalista del juego Peiti fue imputado junto a su abogado, José Fernández Chemes -exsecretario de Legal y Técnica del municipio de Villa Gobernador Gálvez-, por lavado de dinero y estafa procesal.
La jueza del caso, Eleonora Verón, aceptó la imputación presentada por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, y dispuso, a pedido de los representantes del Ministerio Público santafesino, la prohibición de salir del país para los tres acusados. Además, les trabó un embargo por 800.000 dólares a Peiti y a Fernández Chemes, y por 340.000 dólares a Larrauri.
La imputación forma parte de una segunda etapa –vinculada al lavado de dinero- de la causa iniciada el año pasado al capitalista de juego ilegal Peiti, y que tiene como imputados con prisión preventiva al exfiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, y al fiscal Gustavo Ponce Asahad. Ambos fueron acusados por el presunto cobro de US$5000 mensuales de coima a Peiti, a cambio de advertirlo de investigaciones en su contra y brindarle protección judicial.
En la causa también está involucrado un senador provincial, Armando Traferri, quien fue citado a audiencia imputativa para el próximo 23 de agosto. Los fiscales Edery y Schiappa Pietra consideran a Traferri como la presunta “pata política” de la asociación ilícita liderada por Peiti, organizador y capitalista de una red de juego ilegal en distintas ciudades de Santa Fe.
Un primer intento por imputar a Traferri chocó con la negativa de la Cámara de Senadores santafesina de quitarle los fueros para pudiera ser sometido a proceso. Pero luego un juez de segunda instancia declaró inconstitucional la “inmunidad de proceso” con la que cuentan los legisladores.
Sospechosas maniobras inmobiliarias
Larrauri, que fue concejal en Rosario y actualmente comanda una empresa frigorífica en Santa Fe, quedó ligado al caso por la presunta compra de una serie de terrenos en el Gran Rosario que habría adquirido, de acuerdo a la investigación, con recursos vinculados a la banda de Peiti. Concretamente, dijeron los fiscales, se simuló la adquisición de esas parcelas -equivalentes a media manzana- por 536.000 dólares, el 10 de marzo de 2016.
De acuerdo con la acusación, cuatro días después, el 14 de marzo de 2016, Larrauri firmó contradocumentos por los cuales le vendió a Peiti esos mismos terrenos por igual valor, a la vez que firmó un contrato de alquiler a favor de aquel por los lotes.
Esa maniobra “le permitió a Leonardo Peiti justificar la incorporación de un ingreso financiero a su favor de 536.000 dólares sobre la base de la conformación de registros contables que no responden a la realidad económica”, sostuvieron los fiscales.
Además, Edery y Schiappa Pietra indicaron que “ese dinero con el que contaba Peiti es el fruto de su actividad ilícita como jefe de una asociación ilícita” dedicada a la explotación de salas de juego ilegal, hecho por el que ya fue imputado en distintas causas. Advirtieron, además, que con el “blanqueo” de esos 536.000 dólares, Peiti “simuló” la compra de otros siete terrenos en la localidad santafesina de Casilda por US$52.274, aunque en realidad existe documentación que muestra que ya era propietario de esas parcelas, por las que había pagado en 2012 más de 200.000 dólares.
A la hora de exponer las pruebas de cargo, los fiscales Schiappa Pietra y Edery consideraron que aquellos terrenos a los que accedió Poppy Larrauri, situados en la localidad de Funes, fueron adquiridos por Peiti a una mujer ya fallecida, Isabel García, quien a su vez se los compró a una empresa cuyo apoderado denunció que le falsificaron la firma.
Para los fiscales, el abogado Fernández Chemes, que debió renunciar a su cargo en el municipio de Villa Gobernador Gálvez cuando estos hechos salieron a la luz, participó del lavado de activos y de la presunta estafa procesal por la que Peiti obtuvo de un juzgado la escrituración de los terrenos de Funes que luego “simuló” vender a Poppy Larrauri.
La residencia de Larrauri en el Country Golf Rosario del barrio de Fisherton fue allanada por orden de los fiscales en febrero último, para buscar documentación relativa a la pesquisa, pero no hubo orden de detención del empresario.
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