Un gremialista cordobés excarcelado por el Covid-19 golpeó a una mujer y lo enviaron de regreso a la cárcel

CÓRDOBA. La Justicia Federal de Córdoba revocó la orden de excarcelación de uno de los líderes del gremio de barrenderos y recolectores de residuos (Surrbac), Pascual Catrambone, por golpear a su pareja. Ya fue detenido, después de una denuncia por violencia de género. A fines de marzo, junto al secretario general del gremio, Mauricio Saillén, habían pagado una fianza de $10 millones cada uno para salir en libertad. Ahora volvió a la cárcel.

Saillén y Catrambone están acusados de asociación ilícita, usura agravada, lavado de activos y administración fraudulenta; el Surrbac –gremio que apoyó a Alberto Fernández en su campaña presidencial- fue intervenido por el Ministerio de Trabajo en febrero.

El sábado por la noche Catrambone estuvo con una mujer de 36 años que le contó por teléfono a una amiga que le había pegado y que no la dejaba salir de la casa. Esa persona hizo la denuncia en el Polo Integral de la Mujer, desde donde se informó a la Fiscalía de Violencia Familiar. La policía se presentó en la vivienda el domingo a la mañana y el sindicalista les negó que la mujer estuviera ahí.

Sin embargo, un rato después los agentes vieron un Renault Megane al que subió la chica. El auto, se supo después, era manejado por el hermano de ella. La mujer salió con anteojos negros y una venda en la cara. La policía la acompañó a la Unidad Judicial de Violencia Familiar, donde hizo la denuncia; el caso fue caratulado como lesiones calificadas.

Notificado del hecho, el fiscal federal Enrique Senestrari solicitó revocar la resolución que le había otorgado la libertad al gremialista; el juez Ricardo Bustos Fierro aceptó y ordenó detenerlo y trasladarlo de nuevo a prisión.

La Cámara de Apelaciones –con voto dividido- les había otorgado la libertad a los gremialistas por cuestiones referidas a la pandemia del coronavirus.

En los allanamientos que concluyeron con las detenciones de Saillén y Catrambone, el 27 de agosto del año pasado, la Justicia Federal detectó US$ 400.000 en una caja de seguridad; un plazo fijo de US$700.000; $7 millones en domicilios, objetos y joyas de oro; 11 autos de alta gama y armas de uso civil registradas. En la causa hay 19 imputados, de los cuales una decena son familiares de los líderes del gremio.

Los gremialistas demoraron una semana en salir de la cárcel, donde estuvieron siete meses, porque la falta de actividad bancaria por la cuarentena les impedía cumplir con el requisito de depositar una fianza que, entre ambos, ascendió a $20 millones.