Una nueva forma de esclavitud y genocidio

Los acontecimientos que se han producido los últimos días y que han sacudido los interiores más sensibles de los argentinos son ni más ni menos que la consecuencia de la inacción gubernamental que se ha adueñado de quienes tienen la obligación de comprometerse a través de la construcción de una política de Estado en materia de seguridad. Atávica responsabilidad que conlleva mixtura de falta de compromiso institucional e incapacidad en la temática.

Cuando observamos que el narcotráfico hunde sus garras en el cuerpo social, no vacilemos en señalar que -sin el mínimo ánimo de dramatizar- nos hallamos frente a una nueva forma de esclavitud y genocidio. Ya no se trata de un coqueteo a título de ver "cómo es y si aquí me quedo". Esa etapa se superó con éxito. Y todo ello relacionado con el tráfico de armas, la corrupción, la trata de personas, el lavado de dinero, la piratería del asfalto y los secuestros. Modalidades delictivas conexas, cuyo crecimiento se vincula con el narcotráfico. Muertes por homicidios o inducidas por el veneno. Sumado a una delincuencia común que no cede. ¿Éste es mi país? ¿Es el que tanto queremos? Hasta acá llegamos.

La responsabilidad del futuro partiendo del presente no lo permite. Tampoco seguir diciendo que estamos a tiempo, aun cuando si actuemos ello sea cierto. Entonces hagámoslo. Reunamos a todas las fuerzas políticas sin excepción a través de sus expertos y cambiemos una realidad que ya no permite hacer dogmática sobre si somos un país de tránsito, de consumo o productor. Somos todo eso.

Con la triste realidad a cuestas y las idoneidades plurales que suplan la falta de liderazgo, pongamos manos a la obra. Reformemos la ley de inteligencia nacional; capacitemos mejor aún a nuestras fuerzas de seguridad para enfrentar con éxito a estas organizaciones criminales; detentemos la última tecnología de información de inteligencia con distintas bases de datos entre los países de la región; custodiemos debidamente nuestras fronteras sin erradicar a quienes han sido instruidos para ello; completemos la precaria radarización existente; terminemos con las pistas clandestinas y con las "cocinas" que proliferan por doquier; otorguémosle mayores recursos a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar); nombremos un secretario y que sea idóneo a cargo de la Sedronar y, lo más trascendente, otorguémosle un presupuesto afín con su relevancia.

Actualicemos la ley 23.737 de estupefacientes, sin perjuicio de sus bondades; intervengamos con las fuerzas de seguridad en las pandillas que vienen proliferando en los últimos años y que se disputan territorios, sus vidas y las de otros. Trabajemos educativa y socialmente con los adolescentes que dicen y sienten carecer de un sentido en su vida y concluyen combinándose en víctimas y victimarios, de la mano de un reclutamiento forzado o voluntario, este último a expensas de la exclusión social.

Muchos de ellos terminan las más de las veces inmolados bajo los efectos de las drogas cuya adicción carece de una tutela estatal para desintoxicarlos y rehabilitarlos, lo cual torna imperioso la instalación de ámbitos gratuitos de atención para tratamientos ambulatorios y de internación.

Esta falta de contención y atención del Estado es vergonzosa. Sólo acceden quienes tienen recursos económicos y que, generalmente, no son quienes resultan cooptados por las organizaciones criminales. Tampoco la respuesta es sólo reactiva, esto es, a través de las fuerzas de seguridad, porque como única herramienta de abordaje apareja mayor violencia y delincuencia.

Debemos utilizar acciones preventivas integrales, que contemplen los factores de riesgo y que tengan participación de la Nación, las provincias y los municipios.

Que quede claro, no se trata de un debate emocional. Se trata de un debate lúcido y comprometido. No improvisado ni demagógico. El del país que queremos y tenemos el derecho de exigir.