Violencia de género. Ocho años, nueve denuncias y vive con terror de su ex

CÓRDOBA. Jesica Tissera lleva ocho años de temor, angustia e incertidumbre. No tiene vida. Lleva nueve denuncias, entre abril de 2012 y noviembre pasado, contra su expareja, Rolando Díaz, policía en situación pasiva desde hace cinco años. Después del femicidio de Úrsula Bahilo decidió que debía contar su drama, mostrarse y, de esa manera, buscar protección. “Él anda por la vida como un señor intachable. Me da impotencia y bronca”.

Tissera tiene 33 años; convivió dos con Díaz y tuvieron un hijo. Dice que mientras estuvieron juntos no hubo violencia física, pero sí “económica y psicológica”. Ella no tenía contacto con su familia, toda su existencia se repartía entre estar con él o en la casa de su suegra. No tenía celular. “No te hace falta; para qué querés”, la reprendía.

En marzo del 2012 se separó y buscó contención en su familia; obtuvo un celular e inmediatamente empezaron más agresiones. “Creo que se dio cuenta de que empezaba a perder el control sobre mí. Me revisaba el teléfono, quería saber con quién hablaba y yo empecé a poner límites”, cuenta a LA NACION. Un mes después de dejar de convivir –con el nene chico al lado– él le dio una cachetada y la agarró del cuello. “Se encegueció, me levantaba. Mi hijo empezó a llorar y entonces paró”. Ahí fue su primera denuncia.

“Si lo denunciara por cada vez que se me aparece, por cada vez que me amenaza, o que se para y no dice nada, tendría decenas y decenas de causas y habría tenido decenas de botones antipánico y de restricciones perimetrales, pero ninguna solución”, advierte Tissera.

En este tiempo tuvo tres botones antipánico. El último lo tiene sobre la mesa, mientras conversa, junto a la orden de restricción que venció este jueves 11 de febrero. “Ya estoy aterrorizada, porque él sabe que lo devuelvo y aparece”.

Describe que Díaz ingresó en su casa, le robó documentación, se presentó en los distintos trabajos que ella tuvo, retiró a su hijo de la guardería, se estaciona intimidante cerca de donde ella esté. “Ya perdí la cuenta de los celulares que rompió o se llevó”, dice.

El día que sintió que la mataba fue uno en que a la hora de la siesta se metió –uniformado– en su casa por los techos. “Alcancé a abrir la puerta de la cochera, pero no a salir; él me agarró del pelo y me tiró para atrás y después me empezó a ahorcar contra la pared”. Tissera se salvó porque su suegra, que vive a unos metros, entró. “Si no hubiera llegado a abrir el portón, ese día me mataba”.

“Se jacta de ser policía, dice que conoce gente, que mis denuncias no van a prosperar, que la situación no pasará nunca de ser una denuncia”. Jesica Tissera habla con rabia. El miedo que tiene no se le nota. Busca que la protección le llegue una vez que su caso trascienda. “Ya está, me resigno, espero lo peor… pero tengo que hacer algo”, dice.

Una situación que jura nunca olvidará fue la del día que la citaron a Tribunales porque él la había denunciado por impedimento de contacto con su hijo. El fiscal Pedro Caballero la sentó al lado de Díaz; delante suyo estaba también una presentación de ella, en la que contaba que él había retirado al nene de la guardería y la había llamado amenazándola con “chocar el auto” si no iba a verlo.

“El fiscal Caballero me dijo ‘la próxima vez que usted, señora, impida el contacto la meto presa’”, repite Tissera. Fue en 2013. En todo este tiempo las restricciones la habían alcanzado solo a ella. “Dicen que a mi hijo no, porque no es violento con él. ¿No saben del padre cariñoso que mató al hijo en Capilla del Monte?”. Se refiere a un caso que conmocionó a la provincia hace unos meses. El régimen de visitas del nene es con la abuela paterna.

Fue a denunciarlo también al Tribunal de Conducta Policial. “Nunca más me llamaron. Los trámites están por varios juzgados. Tengo miedo cada vez que vence una restricción, me desespero. Me ha secuestrado en el auto, ha entrado en una casa de comidas donde yo trabajaba e intentó abusar de mí; en un edificio tocó todos los porteros hasta encontrarme. No me puedo mover o tengo que hacer malabares para salir”.

El 11 de noviembre fue su última denuncia en el Polo de la Mujer: “Me pedían que la hiciera por teléfono. No me moví, estuve nueve horas. Me planté y les dije que no me iba sin una solución. Conté todo a unas seis o siete personas. Me dieron la restricción y el botón. Después vinieron dos veces a notificarme que tenía que hacer el tratamiento psicológico. No me dieron turno porque estaba ‘todo colapsado’. Es todo una burocracia que te quita las ganas de denunciar, y te quita la seguridad. Acá la que vive condicionada soy yo… Él, tranquilo, hace su vida como si no le debiera nada a nadie”.

Por Gabriela Origlia

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