Abusos en el Instituto Próvolo: pidieron 18 años de prisión para la exrepresentante legal
La solicitud la hizo el fiscal Alejandro Iturbe en el tercer juicio por la causa que tiene como víctimas a personas hipoacúsicas que asistían a la institución mendocina
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LA NACION
El fiscal Alejandro Iturbe pidió 18 años de prisión para la exrepresentante legal del Instituto Próvolo de Mendoza, Graciela Pascual (65), y una pena de diez años de cárcel para la monja Asunción Martínez en el contexto del tercer juicio por los abusos sexuales cometidos contra menores de edad hipoacúsicos en esa institución.
En mayo, durante este mismo juicio pero en otro expediente, el titular de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Mendoza había pedido 25 años de prisión y la “inhabilitación de diez años para ejercer cargos educativos y de albergue donde haya menores” para la religiosa japonesa Kumiko Kosaka, acusada por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores”.
Este proceso tiene imputadas a nueve mujeres que trabajaban en la institución mendocina cuando se produjeron los abusos sexuales denunciados, momento en que las víctimas -todas ellas hipoacúsicas- eran menores de edad.
En la causa, tanto Pascual como Martínez fueron consideradas partícipes necesarias “por haber omitido el deber de garantes de las víctimas” en los casos de abuso sexual cometidos por los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, el jardinero Armando Gómez, ya condenados, al igual que el monaguillo Jorge Bordón, quien atravesó un juicio abreviado.
Además, Iturbide pidió para la exdirectora del Próvolo, Gladys Pinacca, y para la excocinera del instituto, Noemí Paz, 3 años de prisión en suspenso. Sin embargo, no formuló cargos contra las otra cuatro imputadas en este proceso, las directoras del Instituto (en distintos años) Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo. Frente a esto, el Tribunal debería declarar extinguida la acción penal ante la falta de acusación, y al borde de la absolución.
El debate pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 30 de agosto, fecha en que en la Sala de Audiencias del Polo Judicial de Mendoza se llevarán adelante los alegatos de los abogados defensores.
Desde que el 3 de mayo de 2021 comenzó el juicio, de manera semipresencial por la pandemia de coronavirus, ya se realizaron más de 300 audiencias y se escuchó el testimonio de más de 100 personas, muchas de ellas denunciantes. Ahora, la fiscalía, la querella y los abogados defensores iniciaron la etapa de sus exposiciones finales sobre el caso, ante la expectativa de las víctimas y sus familiares.
Según explicaron en mayo de este año a LA NACIÓN, el tiempo que requirió el debate se debió, no solo a la gran cantidad de testigos, sino también “a la multiplicidad de hechos sobre los que debían declarar cada persona citada y los ajustes razonables dispuestos por el tribunal para minimizar revictimizaciones”.
A raíz de la complejidad de lo expuesto en las audiencias, las magistradas a cargo del proceso, la presidenta, Gabriela Urciuolo; la primera vocal, Belén Salido, y la segunda, Belén Renna; decidieron no limitar el tiempo que tendrán las partes para realizar sus alegatos finales, por lo que se estima que cada una tendrá alrededor de dos semana.
Con información de Télam.
LA NACION
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