Amenazas de bomba: declararon inimputable al adolescente acusado de enviar mails intimidatorios a colegios porteños y bonaerenses

El adolescente de 16 años que fue detenido anteayer acusado de una serie de amenazas de bomba en más de una docena de colegios de la Capital y la zona norte y sur de la Provincia, fue liberado ayer. Luego de un peritaje psicológico se determinó que el chico no comprende la criminalidad de sus actos y padece un leve trastorno psiquiátrico. Sin embargo, el juez de Garantías del Joven 3 de San Isidro, Mariano Ricardo Giglio, determinó que no regresará a su casa, donde se secuestró un arsenal de armas de fuego, sino que quedará bajo la tutela de otro familiar, no tendrá acceso a internet ni tendrá contacto con la comunidad escolar.

Si bien esa medida llevó algo de alivio a padres y directivos de escuelas que en las últimas horas manifestaron su preocupación por el accionar del adolescente detenido, los especialistas señalan que es solo una solución temporal. Y el gran interrogante es qué sucederá en el futuro con un adolescente que hoy se encuentra virtualmente en un limbo, sin una intervención psiquiátrica y, a su vez, está lejos de recibir una formación académica.

Según fuentes judiciales, el adolescente fue interrogado y admitió haber llevado a cabo las amenazas al Riverside School realizadas en marzo, pero señaló que otro joven fue el culpable en el caso de los mails intimidatorios que recibieron los colegios esta semana. “Dijo que fue otro chico que él conoce a través de los videojuegos, pero nosotros tenemos corroborado que fue él el autor de los hechos”, describen fuentes ligadas a la investigación.

Luego de ser interrogado, el juez Giglio determinó que era necesario antes de disponer alguna medida realizarle un análisis psiquiátrico. Ese estudio superficial concluyó que el joven tiene un trastorno generalizado del desarrollo (TGD) y Asperger. Y también determinó que el chico, a pesar de haber enviado las amenazas, no es un riesgo para sí mismo o para terceros.

“Ahora está en la casa de un familiar, pero esta es una medida preliminar, aunque igual se avanzó respecto de la vez anterior en la que volvió directo a la casa. Esta vez los padres aceptaron esa medida. La ley de Salud Mental condiciona la internación, porque además los peritos indicaron que no representa un riesgo. Si el chico y los padres no aceptan que él reciba tratamiento, el joven va a estar a la deriva. Otra vía es que la Justicia Civil, si la Justicia Penal lo declara inimputable [algo que sucedió ayer], presente una medida cautelar y los obligue a someterse a una internación o a algún tipo de tratamiento”, agregaron las fuentes judiciales.

El artículo 20 de la ley de Salud Mental, que ha generado un sinfín de polémicas desde que se sancionó, en 2010, establece que la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.

¿Cuáles son las posibles soluciones?

Andrew Blake, médico psiquiatra, especialista en salud pública y exdirector nacional de Salud Mental, indica que desde el punto de vista de la norma el chico no sería “internable”.

“No habría por qué internarlo. Desde el punto de vista de salud mental el tratamiento sería ambulatorio. A mí me hace pensar que es un chico que requiere de tratamiento crónico, aunque esto, más que con salud mental, puede tener que ver con falta de contención en el hogar. Porque si este chico estuviera en una casa continente e hiciera algún tratamiento sería más improbable que haga estas cosas. Desde lo legal no hay mucho para hacer sobre generar una obligatoriedad para la internación, una vez que lo declaran inimputable la persona pasa al sistema civil que puede determinar una internación breve en algún dispositivo. Pero el Estado no tiene muchos dispositivos para menores, en la Provincia prácticamente no hay y en la ciudad está solo el Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García”, resalta Blake.

El especialista indica que el juez también podría indicarle a los padres que realicen algún tipo de tratamiento ambulatorio, aunque eso no significa que lo vayan a mantener durante un tiempo prolongado. “Una posible solución para el chico, en un contexto donde se aborde el problema de manera integral, sería que reciba un tratamiento psicológico y que se reincorpore a la comunidad educativa junto con una acompañante terapéutico y un docente integrador”.

Andrés Mega, psiquiatra forense, señala que “gracias” a la ley de salud mental si una persona no desea su internación especializada es muy difícil que se produzca, como también es complejo acceder a los tratamientos ambulatorios. “¿Que hacer en este panorama con un menor con signos de crisis? Es fundamental su acompañamiento y escucha directos para lograr que sea evaluado por profesionales de la psiquiatría y eventualmente un psicólogo. La ley de Salud Mental vigente es un texto anticientífico que no protege a la población enferma y que requiere su urgente reforma. Mientras tanto, es menester recurrir al Poder Judicial a fin de reconocer esas gravísimas fallas y posibilitar una internación cuando se agotan los recursos terapéuticos ambulatorios y existe un grave riesgo para la vida del menor afectado por la enfermedad mental”, argumentó Mega.