Así está hoy La Frontera, luego de la prohibición judicial de actividades con vehículos

PINAMAR.— Un poco por el almanaque y el reciente salto de mes que marcó el primer cambió fuerte y a la baja en el ritmo de movimiento turístico, otro tanto por las últimas semanas con controles reforzados y multas más picantes en montos y, quizás también, por algo de toma de conciencia. Lo cierto es que el silencio abunda y las huellas de vehículos escasean en esa “olla” de La Frontera que propone un amplio llano entre tanta duna que la rodea y durante gran parte de enero se convirtió en pista de velocidad, piruetas y excesos al volante con cuatriciclos, motos, UTVs y camionetas. Y que, por estas horas de arranque de febrero, retoma aires de calma.

Contrasta esa desolación con la primera línea de mar, donde aun cuando mermó desde el pasado domingo la presencia de visitantes se puede ver una interminable hilera de vehículos sobre la arena. Ahora más espaciados unos de otros, cada cual con sus gazebos armados que aseguran sombra y reparo frente a esa inmensidad de playas casi vírgenes, apenas transformadas por las estructuras de servicios de unos pocos balnearios y las correspondientes cabinas destinadas a guardavidas.

Allí hay paz recuperada tras un inicio de año que olió a tragedia con una serie de accidentes en la zona. El más grave: un choque entre un UTV y una camioneta en lo más alto de un médano. En el primero viajaban tres menores y todos sufrieron lesiones. El cuadro más grave lo afronta todavía Bastián Jerez, de 8 años, que acumula siete cirugías para recuperarlo de daños graves en el hígado y otros aún más delicados en base de cráneo y vértebras cervicales. Desde el pasado 12 de enero sigue internado en terapia intensiva del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi). Recién estos últimos días con alguna alentadora señal de recuperación.

La primera respuesta frente a un nuevo y doloroso episodio en ese mismo escenario fue el refuerzo de controles de tránsito y una intervención más decidida del municipio, que aumentó las multas por infracciones cometidas en esas arenas y estableció costos para los allí lesionados que deban ser atendidos por el servicio de salud pública.

Lo que llegó a continuación fue la intervención de la justicia. Un recurso de amparo de un particular fue aceptado por un juez que dispuso suspender todo tipo de práctica de carreras, maniobras temerarias y similares dentro de la extensión del sector conocido como “La Frontera” y puntualmente “la olla”, elegida precisamente para acelerar a lo largo de casi 500 metros y sin obstáculos. “En enero es un Coliseo Romano: arriba los que miran el espectáculo y abajo los que hacen estupideces para matarse”, confió un asistente frecuente a esas playas.

“Esta calma de hoy es lo que siempre vinimos a buscar a Pinamar, los que hacen problemas con esas carreras y generan peligro son 100 o 150 contra miles que disfrutamos la playa con tranquilidad”, explica un turista de Capital Federal, empresario y que pide no ser nombrado.

Pero detalla que la gran mayoría de quienes eligen este extremo norte de la costa pinamarense solo quieren llegar con sus vehículos, armar sus toldos y estar bien cerca del mar. “Tampoco me molestan los controles en el acceso, pero necesitamos que controlen fuerte y siempre aquí adentro, en la playa”, dijo a LA NACION.

Controles e inspecciones

A pesar que hubo un fuerte éxodo de turismo en coincidencia con el fin de enero, se mantiene en el ingreso a La Frontera la presencia de inspectores municipales, policías bonaerenses y agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV). Los primeros piden documentación y advierten que no se pueden realizar piruetas ni acelerar más que a paso de hombre. Estos últimos realizan testeos de alcoholemia en el ingreso y a la salida del parador. Los oficiales bonaerenses controlan incidentes y también dispusieron de drones para detectar infracciones que se notificarán, por número de patente.

“Los controles fueron en el último tramo mucho más exigentes, funcionaron bien y apuntan a esa minoría que hace las cosas mal”, dijo a LA NACION el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, que esta semana apeló el recurso de amparo que había solicitado y consiguió un ex funcionario de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

“Prohíbe lo que ya estaba prohibido”, insistió el jefe comunal al cuestionar la medida judicial que –entiende– busca limitar lo que la Ley de Tránsito ya advertía como falta, con la correspondiente sanción.

Es propiedad privada este escenario puntualmente mencionado por el juez Félix Adrián Ferrán, a cargo de manera interina del Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 de Dolores. Sobre ese predio dispuso la suspensión de actividades de riesgo con vehículos motorizados. Habla de La Frontera y la denominada “La Olla”.

Otro abogado, en este caso de manera particular y como turista, también se presentó en la misma causa para pedir precisiones a la justicia sobre la posibilidad de transitar sobre ese espacio donde, más allá de esas maniobras temerarias, suele ser territorio de travesías organizadas en caravana y marcha lenta. También cabalgatas e incluso es un sector elegido por familias que en lugar de la orilla del mar prefieren instalarse con sus camionetas más allá de los vallados de playa pública, en busca de la sombra de los sectores arbolados, en los alrededores de “La olla”.

Desde el municipio confirmaron a LA NACION que en las últimas tres semanas secuestraron más de 400 vehículos por excesos al volante detectados dentro del predio conocido como “La Frontera” o confirmados a la salida, como se dio con decenas de casos de alcoholemia positivos que se detectaron.

Una decena de camionetas todavía permanecen entre el frente a la sede de la comisaría y un predio municipal, a la espera que sus titulares paguen las correspondientes multas. Con el decreto 104/2026, que lleva la firma de Ibarguren, según el caso pueden llegar hasta los 15 millones de pesos.

Si bien se generaron dudas apenas se conoció la resolución del juez Ferrán y su orden de suspensión, pronto quedó claro que no implica restricción de ingreso al predio de playas de La Frontera. Incluso se pueden ver vehículos con tráiler en el que llevan cuatriciclos y motos. La aclaración con la que insisten las autoridades, incluso con un folleto que se entrega en mano en ambas bajadas habilitadas para automotores, es que no pueden realizar maniobras de riesgo ni circular a alta velocidad.

Por allí se puede transitar hasta donde empieza el barrio Costa Esmeralda, que pertenece al partido de la Costa. Se establece un denominado corredor seguro para vehículos, siempre a la par de la empalizada que separa ese sector de playa pública de lo privado. Este último es el más elegido por los amantes del vértigo por su topografía irregular, ideal para acelerar y saltar con motos y cuatriciclos.

Algunos de esos conductores se ocupan de quitar algunos postes, para generar accesos tan anchos como para que puedan ingresar con camionetas y avanzar arenas adentro de propiedad privada. Los titulares de esos lotes no disponen de ningún tipo de vigilancia. El juez Marcos Val, que tras la feria judicial acaba de retomar funciones al frente del juzgado donde tramita el recurso de amparo en curso, habilitó la apelación del municipio y le acaba de solicitar que confirme, de acuerdo a registros de castastro, quién o quiénes son los titulares de esas tierras. También quiere saber cuál es rol de los propietarios frente a tanto intruso que genera peligro. Cada tanto, también alguna tragedia.

Por Darío Palavecino

• Pinamar
• Provincia de Buenos Aires

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