Denuncias en un jardín: qué podría haber fallado y cómo se podrían prevenir los casos de abuso en las aulas

Las denuncias por supuestos casos de abuso sexual en un jardín de infantes de Palermo pusieron en discusión la seguridad de los alumnos más vulnerables del sistema educativo. La causa, que involucra al menos a tres docentes del establecimiento y que sigue su curso judicial, es una investigación que deberá esclarecer si los hechos ocurrieron y bajo cuáles circunstancias, pero mientras eso ocurre se abre el debate sobre las medidas que se podrían implementar para evitar nuevos casos y qué pudo haber fallado en la prevención.

¿Se puede controlar lo que ocurre dentro de las aulas con sistemas de cámaras de monitoreo? ¿Cuáles son los procesos de admisión de docentes para cada uno de los cargos en la ciudad de Buenos Aires? Son algunas de las preguntas que se disparan dentro de las familias, sobre todo, en aquellas que atraviesan días de angustia y reproches por lo que pudo haber ocurrido en las aulas del Jardín de Infantes N°9 donde, según las denuncias, había “bailes que hacían las maestras” para instar “a niños y a niñas a bajarse los pantalones”.

“No me animo a decirte que sí o no a las cámaras, es muy al límite de la privacidad de los niños. Si hay que poner cámaras en todos lados, entonces, ¿cuál fue la evaluación previa de los docentes? ¿qué presencia tiene la dirección? ¿cuál fue el análisis de todo el contexto?”, se pregunta María Pía del Castillo, psicopedagoga y directora ejecutiva de la Fundación Padres. “Se pueden implementar puertas y ventanas abiertas, visitas de los directores a las aulas y otras medidas que no impliquen la instalación de cámaras. Con las cámaras estamos al borde de generar paranoia”, agrega.

El abordaje de la problemática es complejo. Según pudo saber LA NACIÓN, en algunas escuelas de gestión estatal se están generando espacios seguros para resguardar la tecnología usada por los alumnos y profesores, como computadores y tablets, a raíz de algunos robos y episodios de inseguridad ocurridos tiempo atrás. Hay sectores que demandan la instalación de cámaras de monitoreo con un acuerdo previo consensuado con las autoridades del establecimiento, una medida que provoca cierto rechazo.

Por otra parte, para el gobierno porteño no es viable la posibilidad de instalar un sistema de monitoreo en todas las aulas de la ciudad, al menos en los niveles inicial y primario, donde concurren los alumnos de menor edad. Además de la cuestión gremial, según explican, sería inoperable por la cantidad de personal necesario para el monitoreo.

“No me parecen buenas las cámaras, generan situaciones de invasión a la intimidad de los chicos, una falta de respeto hacia ellos. La gran responsabilidad es de la conducción de las escuelas porque resulta una falla grande, una mala praxis muy grande, no saber qué tipo de docentes pueden tener alteraciones de la personalidad como para provocar situaciones de abuso o maltrato. Quizás habría que esmerar los estudios psicotécnicos cuando se toman a los docentes; creo que son demasiado laxos tanto en establecimientos estatales y privados”, opina Jorge Fasce, profesor en Ciencias de la Educación y exdirector de escuelas primarias, secundarias y de institutos terciarios.

“Con las cámaras al margen, no hay otra manera de dar seguridad para la integridad personal de los niños que hacer foco en la personalidad de los docentes. ¿Cómo se previenen esas situaciones de maltrato? Hay tests proyectivos, sumamente finos y sofisticados, que permiten detectar personalidades abusadoras, maltratadoras o con riesgo de caer en estas situaciones. Hoy no se aplican”, agrega Fasce.

De acuerdo a la Subsecretaría de Carrera Docente del Ministerio de Educación de la ciudad, todos los años los maestros que tienen intenciones de iniciar su carrera en la educación pública se anotan en un listado que los habilita a tomar cargos según su puntaje. En ese proceso, cuando se inicia por primera vez, se debe concurrir al área de Medicina del Trabajo, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, donde se realizan los estudios médicos de salud física y de aptitud psicológica. Con los resultados se elabora una conclusión para determinar si el candidato es apto o no para tomar el cargo.

“Eso sucede al principio de la carrera y se repite cada cinco años. Pero si antes aparecen indicios o duda razonable sobre alguna aptitud que se perdió, se hace una reevaluación en Medicina del Trabajo. Si los nuevos estudios consideran que el docente no está apto, se termina la relación laboral en la docencia porque no tiene la aptitud necesaria para continuar al frente de un aula”, explica el subsecretario de Carrera Docente, Oscar Ghillione.

Otras medidas

En 2011 un fallo de la jueza porteña Elena Liberatori le prohibió al gobierno de la ciudad a colocar cámaras de seguridad en las escuelas, una medida que apuntaba a monitorear el entorno de los establecimientos para brindar mayor resguardo de los chicos. Más allá de este antecedente que podría sentar jurisprudencia, las cámaras no parecen ser un elemento válido.

“Las cámaras u otros elementos son reactivos, no preventivos, porque ya tenés el problema. Lo preventivo es de largo plazo y tiene que ver con la formación docente y cómo se obtiene el título, incluso a la hora de contratación, cuáles son los exámenes que se les toman, eso es fundamental”, dice Adrián Dall’Asta, licenciado en Humanidades y Ciencias Sociales y orientador familiar.

Entonces, ¿qué se puede hacer desde las familias? “Todos los días hay que preguntarle al niño qué hizo en el colegio, cuáles fueron las actividades, a qué jugaron o qué hicieron con la maestra. No preguntar directamente porque se estaría generando una inquietud que los niños no tienen. Pero hay un montón de preguntas o indicios que pueden llevar a pensar algo, por ejemplo, si manifiestan que hubo ‘un juego en el que nos sacábamos la ropa’. Nunca hay que hacerle una pregunta que no tenga relación con su interés, no hacer una indagación, sino preguntas de protección, positivas”, agrega Dall´Asta.

La implementación de una adecuada Educación Sexual Integral (ESI) es más importante que cualquier otra media preventiva, según señala el gremio Ademys. “Somos férreos defensores de la ESI que les da a los chicos conciencia sobre su cuerpo y autonomía, fuera y dentro de los establecimientos. Gracias a ese conocimiento pueden hablar dentro de la escuela o en sus familias si fueron víctimas de maltratos o abusos”, considera la secretaria adjunta, Amanda Martín.

Mientras que para el Sindicato de Educadores Argentinos las cámaras no aportan ninguna solución. “Todo lo contrario, es una invasión al ámbito de acción de un docente. Nosotros fuimos claros con el tema y volvemos a hacerlo: rechazamos cualquier tipo de medidas de este tipo porque no tenemos garantías de quién revisa esas cámaras, quién ve las imágenes ni para qué se usan. No creo que las cámaras signifiquen mayor prevención”, aporta el secretario general, Facundo Lancioni Kaprow,

La mirada de las familias

Diana Nieva es madre de un chico que asiste a sala de cuatro años del Jardín de Infantes N°9, donde habrían ocurrido los hechos denunciados. Según su criterio, instalar cámaras de seguridad en todos los espacios del establecimiento es una buena opción para que las familias se sientan seguras. Sin embargo, aclara: “En los baños, no, ese es un lugar privado. Lo más importante es que estén ubicadas donde ellos duermen; para mí sería una gran tranquilidad el poder estar conectada con el celular y ver lo que hacen. Ahora no me da confianza dejarlo solo en la institución”.

Con ella coincide Wilmer Linares, padre de una niña de la misma edad que asiste a ese jardín. Sin embargo, destaca que, además de las cámaras, habría que “controlar a las maestras” y que se pueda elaborar “un reporte semanal de lo que pasa puertas adentro” de las aulas. “Como padres y madres es importante que podamos integrarnos y que nos permitan ver a nuestros hijos y nos informen sobre cómo evolucionan”, señala.

Manuel López tiene una hija en sala de cinco allí y propone, como medida de seguridad, establecer un sistema de turnos para estar presente en las clases con otros padres de alumnos. “Se perdió la confianza, no nos sentimos seguros en este lugar [por el Jardín de Infantes N°9]”, indica.

“Hablaríamos en el grupo para ver qué padres pueden y cuáles no”, agregó Grecia Piminchumo, madre de una chica de la misma edad, sobre la propuesta. Y sobre la posibilidad de instalar cámaras en el establecimiento opina que “también suma”, pero aclara que “hay lugares en los que no podría haber”.

Por Mauricio Giambartolomei y Delfina Celichini

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