
Abuso
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MENDOZA.– Jóvenes exalumnos del Instituto Próvolo de Mendoza y 43 mujeres que trabajaron para el Opus Dei habían pedido públicamente ser recibidos por el Papa durante su visita a la Argentina. Solicitaban una audiencia privada de víctimas de abusos en la Iglesia, en la que se reconocieran los hechos y se pidieran disculpas, además de asegurar una reparación a los damnificados. Pero ayer se conoció que hubo un encuentro con cinco afectados, cuya identidad se mantiene en reserva y que no pertenecen a los grupos mencionados. Por eso, la entidad Ending Clergy Abuse (ECA) volvió a pedir para ellos una reunión con León XIV, antes de que abandone el país.
“Quedaron afuera”, señalaron desde ECA, una red global de defensores de derechos humanos y sobrevivientes que trabajan juntos para erradicar el abuso clerical y la impunidad.
Así, cuestionaron la forma en que se organizó el encuentro. Durante el mismo, el Papa se comprometió a reforzar la protección dentro de la Iglesia frente a las cinco víctimas que participaron. Según lo informado, el Pontífice conversó individualmente con cada uno y los bendijo, en una charla que duró más de una hora en la Nunciatura Apostólica, donde se aloja Su Santidad.
“Respetamos profundamente a las cinco personas que pudieron hablar con el Papa y lo que cada una de ellas fue a decirle. No pedimos que se conozca la identidad de nadie. Pero no sabemos si los responsables fueron denunciados y juzgados, si se aplicó la tolerancia cero y se los apartó de sus funciones, ni si esas personas recibieron del Estado el asesoramiento y la asistencia que les corresponden”, señaló el mendocino Sergio Salinas, abogado y director de ECA Global.

De manera insistente, en las últimas semanas, las víctimas del Instituto Próvolo de Mendoza, niños y niñas sordos e hipoacúsicos abusados en una institución religiosa, cuyo caso terminó con condenas confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y las 43 mujeres que denunciaron haber sido sometidas a servidumbre por el Opus Dei desde su adolescencia, tal como reveló LA NACION, habían pedido públicamente una audiencia con el Papa durante su visita. Sin embargo, no fueron recibidas por León XIV.
En octubre de 2025, el Pontífice había recibido en el Vaticano a la conducción de ECA, en la primera audiencia papal a una ONG que lucha contra el abuso eclesiástico. Le pidieron trabajar con él.
Según Salinas, la organización del encuentro con las víctimas argentinas quedó en manos de la curia argentina, “la institución cuya respuesta frente a los abusos está en discusión”. Sin embargo, desde el Arzobispado de Mendoza indicaron que la cita fue organizada por la Secretaría de Estado del Vaticano y que el resguardo de la información busca evitar revictimizaciones.
En tanto, fuentes cercanas a la organización del viaje del Sumo Pontífice al país informaron que los encuentros con víctimas de abuso –que en los últimos años se han vuelto habituales en los viajes papales– suelen realizarse en secreto para evitar su mediatización y proteger la identidad de las víctimas. Detallaron, a la vez, que siempre se dan a conocer luego de ser concertados, tal como fue en el caso argentino.

Este tipo de audiencias se repiten desde 2008, cuando Benedicto XVI se reunió por primera vez con víctimas en su visita a Estados Unidos, un hecho que fue considerado histórico. Tanto durante muchos de sus siguientes viajes como durante los de Francisco, se volvieron la norma. De acuerdo con información de Vatican News, León XIV recibió por primera vez a víctimas de abuso durante su reciente viaje a Madrid, aunque ya en el Vaticano había recibido en los meses previos a miembros de ECA, a 15 damnificados belgas y a una víctima irlandesa.
Luego de la novedad del encuentro local, que sorprendió a los afectados en las dos causas resonantes, desde ECA confirmaron que reiterarán el pedido de que reciba a las víctimas del Próvolo y a las mujeres del caso Opus Dei.
Ellas denunciaron trata y servidumbre en 2021 ante los medios de comunicación y ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano. Contaron que habían sido engañadas y sometidas a explotación como sirvientas sin remuneración y en condiciones de semiencierro durante décadas desde que eran adolescentes en la Argentina.
La denuncia, aunque no fue respondida formalmente por la Santa Sede, impulsó la decisión del papa Francisco de modificar la jerarquía y quitar privilegios a “la Obra” fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928 y presente en 68 países del mundo en los cinco continentes. Además, el jefe máximo de la Iglesia Católica exigió un cambio de estatutos a la institución que, tras su muerte, fueron entregados a su sucesor, León XIV.
La Justicia argentina –representada por el fiscal federal Eduardo Taiano y por los cotitulares de la Procuraduría contra la Trata de Personas (Protex), María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo– acusa a integrantes del Opus Dei en la Argentina porque se consideró que hubo un sistema de reclutamiento y explotación de mujeres pobres: servidumbre para miembros de élite y sacerdotes.
En cuanto al Instituto Próvolo, una causa en la provincia de Mendoza que marcó a la Iglesia mundial, desde la entidad hicieron mención a todo el proceso judicial, desde que salió a luz en noviembre de 2016, cuando comenzaron a conocerse las denuncias de estudiantes que habían asistido al instituto religioso ubicado en Carrodilla, Luján de Cuyo. “Las denuncias describieron situaciones de abuso sexual sistemático que derivaron en investigaciones penales e históricas condenas contra sus autores”, recordaron desde ECA. En noviembre de 2019, los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho fueron condenados a 42 y 45 años de prisión, respectivamente. Ese mismo día, el exjardinero Armando Gómez recibió una pena de 18 años. Antes, en septiembre de 2018, el exmonaguillo Jorge Bordón había sido condenado a 10 años de cárcel.
Estas cuatro condenas fueron confirmadas por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, este año la Corte local condenó como autora y partícipe de siete episodios a la monja japonesa Kumiko Kosaka, quien fue penada a 20 años de cárcel.



