Cerró otro colegio privado en la Ciudad y dejó a más de 300 alumnos sin continuidad escolar y a docentes sin trabajo
Se trata del Instituto Formar Futuro, de Villa Real; la noticia fue notificada a la comunidad educativa por mail
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LA NACIONLucila Marin
El cierre abrupto del Instituto Formar Futuro, ubicado en ubicado en la calle Simbrón 5490, en el barrio de Villa Real, dejó a más de 300 estudiantes sin colegio y a más de 50 docentes sin trabajo.
A través de un mail, los empleadores informaron el cierre de la institución dejando no solo a los alumnos ya matriculados sin colegio a poco del inicio del nuevo ciclo lectivo, sino salarios y aportes de seguridad social impagos. Cerraron su página web, su Instagram y desde ese momento no aparecen.
“La escuela va a cerrar sus puertas. Los dueños, representantes legales y apoderado no aparecen desde el 2 de enero. Ese día y a partir de ahí se nos comunicó que no se iban a pagar los sueldos correspondientes a diciembre, bloquearon el WhatsApp y nunca más tuvimos contacto con los responsables. Tenemos 75 docentes y no docentes trabajando y 300 familias matriculadas para el ciclo lectivo 2026″, contaba un mensaje de un docente que estaba pidiendo trabajo al que accedió LA NACION.
La situación fue denunciada por la seccional porteña del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), que calificó el accionar de los responsables de la institución como “irresponsable y delictivo” y apuntó a una presunta malversación de fondos públicos y confirmada por el Ministerio de Educación porteño.
“En estos momentos, se desconoce el paradero de los empleadores, quienes siguen sin dar respuestas a los reclamos de las autoridades del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni de los trabajadores, quienes no han percibido sus salarios de diciembre de 2025”, difundieron desde el sindicato.
La institución recibía aportes públicos canalizados a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (Dgegp), de la cartera educativa porteña, destinados específicamente al pago de salarios docentes. Según detallaron, los docentes no percibieron los salarios correspondientes a diciembre de 2025.
Voceros del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que tomaron conocimiento de la situación en enero, a partir de las denuncias presentadas tanto por docentes que no habían cobrado sus haberes como por familias que advertían sobre un posible cierre del establecimiento.
A su vez, como particular damnificado, el Ministerio inició acciones legales contra los responsables del instituto, dado que se trataba de una escuela que recibía aporte estatal.
“Se están realizando todas las acciones necesarias para asegurar que los alumnos puedan seguir estudiando en otros establecimientos, además de acompañarlos y a sus familias en este proceso”, dijeron.
En paralelo, señalaron que “para evitar que las escuelas tomen decisiones de cierre sin aviso a las familias”, el Ministerio dictó una resolución para pautar el procedimiento que deben seguir las instituciones privadas con riesgo de cierre para que las familias sean notificadas en tiempo y forma, como informó LA NACION.
“Esto es una forma de acompañar a la comunidad educativa poniendo el foco en el cuidado de los chicos y sus familias”, afirmaron. Y resumieron que la normativa apunta a anticipar posibles situaciones de cierre, evaluar alternativas de acompañamiento y ordenar el procedimiento, “armando estrategias conjuntas” para garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de los estudiantes.
Desde Sadop, en tanto, prometieron realizar “todas las acciones gremiales, administrativas y legales necesarias para que se esclarezcan los hechos buscando justicia tanto para los trabajadores docentes como para las familias afectadas”.
Proceso
En primer lugar, las instituciones deberán comunicar a la Dirección General Educación de Gestión Privada cuando tengan un riesgo de continuidad, por medio de un informe, para recibir “acompañamiento y asesoramiento”. Tendrán que presentar una solicitud de cancelación institucional “con la antelación suficiente” para planificar el proceso. “Tienen que avisar cinco meses antes”, precisaron fuentes del Ministerio de Educación.
En la presentación deberán precisar el cronograma del proceso, lineamientos para una “comunicación clara” con el personal, los estudiantes, las familias y la comunidad educativa. También, las estrategias para “que los estudiantes finalicen adecuadamente el año escolar en la institución” y, a la vez, “puedan continuar su escolaridad en otra”, explicaron las fuentes oficiales; entre ellas, el acompañamiento en los procesos de búsqueda de vacante para el pase, la elaboración de listados de instituciones cercanas y la entrega de la documentación escolar necesaria a tales fines.
El colegio deberá asimismo “elaborar una declaración jurada comprometiéndose al resguardo de la documentación oficial y a la entrega garantizada, completa y en tiempo oportuno”.
Además de los puntos detallados, la solicitud de cierre tendrá que detallar los motivos y, de corresponder, la documentación que lo justifique. También tendrán que adjuntar la nómina actualizada de la matrícula –discriminada por nivel y modalidad– y la del personal docente.
Las autoridades deben presentar el trámite de cancelación de manera formal ante la Dirección General Educación de Gestión Privada, como máximo, el 31 de julio del año lectivo anterior al cierre. De este modo, buscan regular los casos que, por ejemplo, avisaron en diciembre o incluso a principios de año y con matrículas ya pagas que no abrirían el próximo ciclo lectivo.
La Dirección General Educación de Gestión Privada tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para evaluar la documentación. Luego, la institución podrá comunicarlo a la comunidad. Los colegios tendrán que habilitar canales accesibles de consultas y garantizar reuniones con las familias, como también con los docentes.
Según detallan las pautas aprobadas, la comunicación debe ser escrita y precisar, como mínimo: el motivo de la cancelación, los plazos exactos del cese, la descripción del acompañamiento pedagógico y de las trayectorias educativas de los estudiantes, los canales oficiales de consulta y los días y horas de las reuniones con las familias y los docentes, que son obligatorias.
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