Ciudad: imponen un reglamento a las escuelas privadas para evitar cierres abruptos y alumnos a la deriva
Luego de reiterados episodios que tomaron por sorpresa a familias y docentes, buscan garantizar procesos “ordenados”
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LA NACIONLucila Marin
Luego de reiterados episodios que tomaron por sorpresa a familias y docentes, el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires aprobó una reglamentación para el cierre de colegios privados en el distrito. Según surge de la resolución publicada en el Boletín Oficial, buscan así prevenir “cancelaciones intempestivas” y garantizar procesos “ordenados” para que todos los alumnos matriculados tengan aseguradas nuevas vacantes. A partir de ahora, “toda decisión de cancelación deberá contar con la evaluación previa y avalada por la Dirección General Educación de Gestión Privada”.
Como viene relevando LA NACION, hace tiempo que el descenso de la tasa de natalidad se refleja en la baja matriculación en escuelas. La caída en las inscripciones que en estos años se venía haciendo sentir en el nivel inicial ya comenzó a irradiarse a la primaria. Un informe del gobierno porteño advirtió que en 2025 la matrícula de ingresantes a primer grado disminuyó un 25% respecto de 2020. Para 2028, en apenas dos años lectivos, se prevé que esa merma alcanzará a todo el nivel primario.
Este fenómeno, sumado a la situación económica, la enorme morosidad en las cuotas y la situación pospandemia, dejó a muchas escuelas vulnerables. En estos años, se multiplicaron las noticias de colegios que cerraban o se fusionaban para sobrevivir; algunos, incluso, sin tiempo para retirar documentación o reubicar a sus alumnos.
Solo a modo de ejemplo, la semana pasada se conoció el cierre del Instituto Formar Futuro, que contaba con 300 familias matriculadas y 75 docentes y no docentes. Según pudo saber LA NACION, los dueños y representantes legales bloquearon sus teléfonos luego de informar que no se iban a pagar los sueldos correspondientes a diciembre.
Ante esta problemática, el ministerio porteño a cargo de Mercedes Miguel reglamentó una serie de pautas que deben seguir las instituciones que estén analizando el posible cierre de grados o del colegio completo.
Proceso
En primer lugar, las instituciones deberán comunicar a la Dirección General Educación de Gestión Privada cuando tengan un riesgo de continuidad, por medio de un informe, para recibir “acompañamiento y asesoramiento”. Tendrán que presentar una solicitud de cancelación institucional “con la antelación suficiente” para planificar el proceso. “Tienen que avisar cinco meses antes”, precisaron fuentes del Ministerio de Educación.
En la presentación deberán precisar el cronograma del proceso, lineamientos para una “comunicación clara” con el personal, los estudiantes, las familias y la comunidad educativa. También, las estrategias para “que los estudiantes finalicen adecuadamente el año escolar en la institución” y, a la vez, “puedan continuar su escolaridad en otra”, explicaron las fuentes oficiales; entre ellas, el acompañamiento en los procesos de búsqueda de vacante para el pase, la elaboración de listados de instituciones cercanas y la entrega de la documentación escolar necesaria a tales fines.
El colegio deberá asimismo “elaborar una declaración jurada comprometiéndose al resguardo de la documentación oficial y a la entrega garantizada, completa y en tiempo oportuno”.
Además de los puntos detallados, la solicitud de cierre tendrá que detallar los motivos y, de corresponder, la documentación que lo justifique. También tendrán que adjuntar la nómina actualizada de la matrícula –discriminada por nivel y modalidad– y la del personal docente.
Las autoridades deben presentar el trámite de cancelación de manera formal ante la Dirección General Educación de Gestión Privada, como máximo, el 31 de julio del año lectivo anterior al cierre. De este modo, buscan regular los casos que, por ejemplo, avisaron en diciembre o incluso a principios de año y con matrículas ya pagas que no abrirían el próximo ciclo lectivo.
La Dirección General Educación de Gestión Privada tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para evaluar la documentación. Luego, la institución podrá comunicarlo a la comunidad. Los colegios tendrán que habilitar canales accesibles de consultas y garantizar reuniones con las familias, como también con los docentes.
Según detallan las pautas aprobadas, la comunicación debe ser escrita y precisar, como mínimo: el motivo de la cancelación, los plazos exactos del cese, la descripción del acompañamiento pedagógico y de las trayectorias educativas de los estudiantes, los canales oficiales de consulta y los días y horas de las reuniones con las familias y los docentes, que son obligatorias.
El rol del ministerio, a través de la Dirección General Educación de Gestión Privada, es acompañar el proceso: “intervenir ante cualquier obstáculo o incumplimiento por parte de la institución educativa” y “garantizar que ningún estudiante quede sin vacante y, en caso de ser necesario, articular con la Dirección General Educación de Gestión Estatal”, señala la norma publicada en el Boletín Oficial porteño el 22 de enero.
“Dichas pautas buscan asegurar que las instituciones que se encuentran analizando una posible decisión de cese de actividades educativas, puedan llevar adelante un proceso de planificación anticipado, transparente y ordenado; garantizando el derecho a la educación, los vínculos institucionales, las trayectorias pedagógicas y el bienestar socioemocional de la comunidad educativa”, agrega.
“Si bien estamos de acuerdo con generar un marco de previsibilidad y consideramos que era necesario, no estamos de acuerdo con que el sector no haya tenido participación. No fue convocado para acordar o realizar aportes a esta nueva resolución ministerial. Somos parte involucrada, podríamos haber dado ideas”, dijo a LA NACION Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa). Según contó, el año pasado mantuvieron reuniones con demógrafos y sociólogos para analizar la caída de la nataidad, que en unos años va a afectar a todos los niveles educativos.
El año pasado, según datos relevados por Aiepa, cerraron al menos 15 instituciones privadas en todo el país. Entre 2021 y 2024, el sistema educativo argentino registró una disminución sostenida de la matrícula total, una variación acumulada del 2,57%. Entre 2021 y 2023 la matrícula privada creció de manera sostenida, aun en un contexto de caída del total del sistema. Recién en 2024 registraron una retracción del –1,04%, según datos de la entidad.
“Sostener la educación privada resulta cada vez más complejo. Los costos operativos y laborales han aumentado de manera considerable y, en muchos casos, los incrementos de los aranceles no han sido suficientes para absorber ese impacto. A ello se suma una competencia creciente por la matrícula, el aumento de la morosidad en algunas instituciones y el esfuerzo adicional que implica responder a la expectativa de las familias de contar con escuelas actualizadas tecnológicamente”, describió Zurita.
En la Argentina, la cantidad de nacimientos se redujo aproximadamente el 53% a nivel nacional desde 2014. La matrícula del nivel primario en el país experimentará, según proyecciones de Argentinos por la Educación, una caída del 27% para 2030: habría 1,2 millones de estudiantes menos.
Hoy hay, en promedio, 16 alumnos por docente en primaria. Si se mantienen las tendencias, esa relación podría bajar a 12 hacia 2030, con impactos distintos según la provincia.
Este escenario plantea un doble desafío. Por un lado, la sostenibilidad del sistema, especialmente en la educación privada, donde la matrícula define los recursos disponibles y sostener estructuras grandes con menos alumnos se vuelve cada vez más difícil. Por otro, una oportunidad estructural: la caída de la natalidad abre la posibilidad de destinar más recursos por estudiante sin aumentar el gasto total.
Pero menos alumnos por clase no es igual a mejores niveles de aprendizaje. Hay otras estrategias con mejores resultados: tutorías, apoyo personalizado, extensión de la jornada, reorganización de secciones y reasignación del plantel docente. Los especialistas piden una planificación a mediano plazo para aprovechar esta oportunidad.
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