Ciudadanía italiana: cómo avanzan las presentaciones judiciales y qué repercusiones podrían tener

A finales de marzo de este año el Gobierno de Giorgia Meloni aprobó un decreto que limitó la obtención de la ciudadanía para los descendientes de italianos. Hasta ese momento una ley de 1992 permitía que, por ius sanguinis (derecho de sangre), los descendientes pudieran obtener el pasaporte italiano.

Esta nueva ley posibilita que solo quien tiene padres o abuelos italianos, es decir, solo los descendientes de primera o segunda generación, podrán obtener automáticamente la ciudadanía italiana.

Pero desde que comenzó a regir esta ley tanto descendientes como abogados especializados comenzaron a presentar demandas. Los especialistas aseguran que es posible plantear la inconstitucionalidad de dicha normativa. Tanto es así que en agosto un fallo de la Corte Constitucional de Italia renovó las esperanzas de estos descendientes que querían obtener la ciudadanía. “Si bien esta Corte no se pronunció directamente sobre la nueva ley, los fundamentos expresados refuerzan el carácter invulnerable del derecho de sangre frente a eventuales límites normativos que resulten irrazonables o discriminatorios”, destacaban en su momento los letrados.

Es que la Corte Constitucional italiana, mediante la sentencia 142 del 31 de julio de 2025, emitió un pronunciamiento largamente esperado por la comunidad de descendientes de italianos en el exterior, al analizar por primera vez de forma explícita el alcance del derecho a la ciudadanía italiana en virtud del vínculo de sangre, en particular respecto de las personas nacidas y residentes fuera del territorio nacional.

Ahora llega desde Italia una noticia que puede desalentar a muchos descendientes de italianos: el Gobierno italiano se presentó en la causa de Torino y diciendo que hay un error en la solicitud de inconstitucionalidad de la nueva ley sobre la ciudadanía italiana.

Algunos letrados aseguran que esta noticia es un giro importante en el procedimiento pendiente ante la Corte Constitucional italiana, que tiene por objeto la legitimidad de la nueva ley sobre la ciudadanía italiana.

Es que este procedimiento fue promovido por el Tribunal de Turín a solicitud de algunos abogados italianos que habían presentado una demanda judicial de reconocimiento de ciudadanía italiana el 28 de marzo de 2025. Como parte del proceso judicial, el pasado 7 de octubre Gobierno italiano se presentó formalmente en la causa iniciada por el Tribunal de Turín, señalando que la cuestión de constitucionalidad planteada por el Tribunal de Turín es inadmisible, ya que los procedimientos que le dieron origen fueron interpuestos antes de la entrada en vigor el decreto impugnado.

Su argumento de defensa apunta, más que nada, a lacronología de los hechos: el recurso de ciudadanía en Turín fue presentado el 28 de marzo de 2025, mientras que el Decreto Legislativo n. 36/2025 fue publicado el mismo día, pero entró en vigor recién el 29 de marzo, como preveía el artículo 2 del propio texto.

Sobre esta base, el Procurador General sostuvo que el juez de Turín no podía aplicar la nueva norma al caso específico y, por tanto, no tenía motivos para plantear la cuestión de su constitucionalidad ante el Tribunal. Es decir, si la ley no existía no hay nada qué juzgar.

Entonces, ¿de qué manera afecta a los descendientes este argumento? Si la ley impugnada no afecta directamente al juicio porque en este caso aún no estaba en vigor, el Tribunal declara inadmisible la cuestión y cierra el procedimiento sin examinar el fondo, que era lo que estaban esperando tanto los letrados especializados en el tema como miles de descendientes que tenían la esperanza de obtener el reconocimiento de la nacionalidad italiana.

“Debido a este posible error ‘formal’ es posible que la Corte Constitucional decida no pronunciarse sobre la invalidez de la nueva ley de ciudadanía italiana, la cual ha restringido considerablemente el reconocimiento de la ciudadanía por descendencia y ha generado numerosas críticas dentro de la comunidad de ítalo-descendientes”, aseguran algunos letrados especializados en el tema.

Sin embargo, según los juristas italianos no todas las esperanzas están perdidas: es posible que otros tribunales italianos promuevan el mismo procedimiento en los próximos meses. “Habrá que esperar y ver qué sucede”, dicen los letrados.

Aunque la mayoría de los abogados especializados en ciudadanía italiana concuerdan en que proceder de los abogados italianos era esperable advierten sobre la importancia de esta sentencia. “El Tribunal no puede pronunciarse sobre un caso hipotético, sino sobre un caso concreto en el que la norma cuya inconstitucionalidad se alega afecte directamente la posición jurídica de las partes procesales. En este caso el juez constitucional deberá valorar si la supuesta retroactividad de la norma —que incluso había fijado el ‘filtro’ retroactivo al 27 de marzo de 2025 a las 23.59 horas— determina que la misma tenga de todos modos un impacto sobre la situación jurídica de los recurrentes, aun cuando, conforme a los principios fundamentales del derecho, el decreto entró en vigor el 29 de marzo de 2025 y, por consiguiente, no sería aplicable al caso de los demandantes”, explica el abogado Alberto Lama.

Además, Lama suma que el riesgo de que el Tribunal Constitucional fundamente su decisión en la entrada en vigor formal del decreto “es real y concreto”.

“Esto produce que el resultado del proceso en cuestión sea altamente incierto, especialmente en lo que respecta a la voluntad de los recurrentes y del propio Tribunal de Turín, de obtener que el juez constitucional se pronuncie de manera clara y directa sobre la retroactividad o la ausencia de ella del Decreto-Ley y de la ley de conversión”, concluye.

Aunque prefieren no ser mencionados, varios letrados consultados coinciden en es factible que en los próximos meses se presenten nuevos planteos de inconstitucionalidad ante distintos tribunales italianos, lo que terminaría obligando a la Corte Constitucional a que revise el fondo de la norma.

Otra gran noticia que se conoció esta semana es que la Corte de Casación, es decir la Corte Suprema de Italia, programó una audiencia pública de las Secciones Conjuntas, el máximo órgano de la justicia civil italiana, para el 13 de enero de 2026, a la mañana. En esta audiencia se tratarán dos casos que podrían impactar en todo el sistema legal italiano y afectar a millones de descendientes de italianos en el extranjero.

“La fijación de esta fecha de audiencia es una gran noticia por dos motivos. Primero por la cercanía del tiempo y la segunda porque si Secciones Unidas dictamina que el Decreto no puede ser retroactivo esto quiere decir que todos los descendientes de italianos, sin limitaciones de generaciones que nacieron antes del 27 de marzo de 2025 pueden pedir el reconocimiento de la ciudadanía italiana”, resume el abogado italiano Marco Mellone.

Por Cintia Perazo

• Italia

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