Coronavirus en la Argentina: Ya hay siete muertos en las comunidades indígenas del Chaco
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Con 98 casos positivos informados y siete muertes ocurridas la mayoría en las últimas horas, las comunidades indígenas y el Área Gran Toba de Resistencia se convirtieron en un problema en sí mismo, y de un alcance aún imposible de calcular dentro de la crisis sanitaria que enfrenta la provincia del Chaco por el nuevo coronavirus. En Chaco ya se registraron un total de 30 muertes y más de 500 afectados.
El brote declarado dentro de esa población aborigen es uno de los más importantes de Covid-19 que se haya dado hasta el momento en la provincia, y puede desmadrar la situación general -de por sí alarmante- si no dan resultado los trabajos de contención múltiple que intenta implementar el gobierno de Jorge Capitanich, que por momentos parece desconcertado ante el avance de la pandemia.
La situación es compleja: a las dificultades propias de una alta movilidad por necesidad económica, la circulación comunitaria del virus y las condiciones de precariedad en cuanto al saneamiento y a la infraestructura ambiental, en las populosas barriadas indígenas se suma la brecha cultural, que demanda un trabajo amalgamado, interdisciplinario, que respete por un lado los protocolos de salud y por otro, las prácticas ancestrales de la comunidad.
Esa interrelación fue un tanto deficiente en los primeros días desde que se detectó el primer caso positivo en la zona, el 27 de abril pasado. Hace cinco días, por esa razón, el Gobierno del Chaco designó a una médica sanitarista al frente de los operativos. Su experiencia en el trato con sectores de alta vulnerabilidad es la carta que juega ahora el Ministerio de Salud para sortear las diferencias iniciales, sobre todo por las demandas particulares de los referentes barriales: algunos de ellos son caciques de la comunidad Qom, y otros, "caciques" con una variada gama de intereses políticos.
El objetivo central de la medida es impedir el brote generalizado en el área, donde viven cerca de 5000 personas, y evitar un colapso del sistema de salud. Los números no son alentadores: la aceleración de contagios achicó en los últimos días la tasa de duplicación de casos. Otro temor: la alta tasa de positividad, que la semana pasada era del 75% en el barrio Toba, según confirmó el jueves pasado el subsecretario de Salud, Alejandro García.
El mismo funcionario confirmó el viernes la muerte por coronavirus del pastor evangélico Raúl Gómez, de 58 años. El deceso de Gómez se dio justo en momentos en que el Gobierno evaluaba reabrir las iglesias y las celebraciones religiosas. La realidad se impuso y activó la prudencia de la que no fueron capaces las autoridades.
El viernes por la tarde, el ministro de Gobierno del Chaco, Juan Manuel Chapo, confirmó que "no habrá oficios religiosos, al menos hasta el 24 de mayo", en acuerdo con la Mesa Interreligiosa.
Acciones sanitarias
La zona en cuestión está ubicada a solo 16 cuadras de la plaza central de Resistencia. Desde que apareció allí el primer caso los vecinos reclamaron que las acciones del gobierno fueron insuficientes. Además miembros del Comité de Emergencia Indígena apuntaron que la aplicación de las medidas no tuvieron en cuenta la idiosincrasia de la población, que fueron mal comunicadas e implementadas de prepo, razón por la cual, dicen, surgieron reacciones con dispares niveles de violencia.
Ahora ya funciona en el lugar un espacio de aislamiento y, en caso de urgencias, se brinda atención en el hospital. Se hacen fumigaciones y trabajos permanentes de limpieza general, ya que es una zona donde también hay problemas con el dengue.
A los vecinos les recomiendan no salir de sus hogares para evitar el contagio, lo que también es complejo porque la realidad socioeconómica de los vecinos de esa zona los obliga a salir para ganarse el sustento diario, problema que se acrecentó ante la tardanza oficial en la entrega de módulos alimentarios, medicamentos e insumos de higiene hogareña y personal.
Los módulos alimentarios llegan tarde o no alcanzan. El Ejército, que también está en el lugar, repartió 630 raciones de comida en los últimos días, pero solo para chicos que asistían a las escuelas. Hay pocos comedores y merenderos en la zona, lo que dificulra la supervivencia de la gente, según informó a LA NACION Laura Pérez, vicepresidenta del Consejo Comunitario de barrio Toba.
Además de la preocupación y del miedo que reina en el sector, piden mejorar el diálogo con el Estado para atender tres ejes problemáticos centrales: la salud, la seguridad y la alimentación de los vecinos de los seis barrios que constituyen grupos de riesgo.
El Área Gran Toba está conformado por los barrios Toba, Cheliyí, Camalote, Crescencio López, América y Cotap, donde la población registra enfermedades de base diversas: hay hipertensos, pacientes oncológicos, otros con chagas, diabetes, chicos y grandes con bajo peso o malnutrición, y una gran población anciana, algunos incluso, con más de 100 años.
Dos áreas
Por eso el Ministerio de Salud, a instancias de la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos y coordinadora del Covid-19 en el barrio Gran Toba, Carolina Centeno, dividió en dos el polo sanitario montado en el lugar: uno específico para Covid-19 y otro para el resto de las patologías. Operan en el Centro Integrador Comunitario, en el Centro de Salud del barrio Toba y también hay un camión sanitario apostado. "La idea es fortalecer la asistencia y mitigar el brote", dijo Centeno, consultada por LA NACION.
Centeno conoce las dificultades del barrio, sabe de la falta de infraestructura y de las barreras culturales, por eso intenta un abordaje complejo mejorando, en principio, la comunicación con los referentes y vecinos, que por si fuera poco, también empiezan a dividirse, producto de las discrepancias que se evidencian entre los mandos políticos: la disputa entre el gobierno provincial y el municipal.
En este juego de divisiones, se acentúan los parámetros negativos de los determinantes sociales de la salud de la población Qom, donde hace punta la discriminación. Laura Pérez sostiene que las acciones iniciales no se comunicaron ni se consensuaron, y que eso generó enojos, reacciones y preocupación. "Pedimos intervención sanitaria urgente y un cordón sanitario, pero pusieron vallas y montículos de tierra", dijo.
En su mayoría, los vecinos del Gran Toba son artesanos, changarines hoy desempleados, muchos de los cuales trabajan en el Mercado Central de Resistencia, donde hoy por hoy no los dejan entrar. Afloró allí lo peor de la segregación, que se manifiesta también, según Pérez, en las medidas que toma en el Estado en el barrio Toba, diferentes a las que aplica en otros barrios con el mismo problema.
"Aflora el racismo porque nos exponen. A los otros barrios no se los menciona. Y a nosotros nos tratan de salvajes. Pero además no nos escuchan. La gente dice que no respetamos el protocolo, que ni siquiera usamos barbijo. Pero, ¿alguien se preguntó si podemos comprarlo?", se quejó la referente barrial.
Dudas
El 27 de abril los vecinos del barrio Toba escucharon de funcionarios del gobierno la confirmación del primer caso de Covid-19 en el barrio. Desde entonces les embarga una sospecha: que ese contagio ocurrió en el Hospital Perrando. Tiene sentido: cerca de un 30% de los 573 casos reportados hasta hoy en el Chaco se dieron dentro del sistema sanitario público y privado, aunque las medidas para morigerar este brote intrahospitalario no se conocen con claridad.
Más allá de eso, la subsecretaria de Salud Comunitaria, Carolina Centeno, dijo a la prensa local: "Estamos tratando de contener y reforzar la atención con la toma de muestras y el aislamiento para aquellas personas que lo requieran. La gente está cumpliendo con los protocolos. También aumentó el uso de tapabocas", dijo.
La idea de contención es otro asunto discutible: ante la falta de una medida mejor, el cordón sanitario es un cerco de metal y tierra que busca aislar a toda la población Qom. Una medida del Estado que genera indignación.
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