Crean un registro público de vacantes en colegios privados en la Ciudad y prohíben negar la matriculación sin causa
La ley prohíbe a las instituciones negar la matriculación de un aspirante sin causa; busca impedir el rechazo injustificado de los alumnos y pone el foco en los jóvenes con discapacidades
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LA NACION
La Legislatura de la Ciudad aprobó la creación de un registro público de vacantes en colegios privados porteños. La ley prohíbe que las instituciones nieguen sin causa la matriculación o la rematriculación de un aspirante para el año o ciclo lectivo siguiente. Los legisladores pusieron el foco especialmente en las personas con discapacidad, que afrontan duros desafíos a la hora de anotarse en colegios privados.
El Ministerio de Educación de la Ciudad será el encargado de crear y publicar el registro, donde los colegios informarán cuántas vacantes hay disponibles por grado y año en cada colegio, tanto para el ciclo lectivo actual como para el siguiente. Tendrán la obligación de mantener la información al día.
La iniciativa fue aprobada con 44 votos a favor y fue impulsada por la diputada Graciela Ocaña con el apoyo de legisladores de diferentes bloques. También formó parte Genoveva Ferrero del Observatorio de Discapacidad de la Justicia de la Ciudad, donde llegan casos de familias que no consiguen vacantes para sus hijos con discapacidad. El proyecto reforma la Ley de Matriculación.
La ley establece que si un colegio niega la vacante a un aspirante, los padres del alumno pueden solicitar una fundamentación por la decisión negativa. Los motivos detrás deben ser causas justas argumentadas bajo la Constitución Nacional, la porteña y los tratados internacionales, en particular aquellos que protegen derechos de niñez y personas con discapacidad. Los colegios están obligados a responder en los primeros 20 días hábiles después de recibir la solicitud.
Si dicha información se le niega a los padres, podrán radicar una denuncia ante el Ministerio de Educación de la Ciudad. Además, la cartera aplicará una sanción sobre la institución educativa mediante un apercibimiento por nota, amonestación pública o en caso de reiteración, con multa de 10 y hasta 50 veces el valor de la cuota promedio mensual correspondiente al año lectivo en curso.
“Esta reforma fue pensada, soñada y redactada por un equipo de profesionales especializados. Pero ante todo, esta ley no fue ideada desde un escritorio, sino que fue escrita escuchando la verdadera necesidad. La que cuentan las historias de los que están en la trinchera, personas con discapacidad que transitan la educación de nivel y sus familias”, expresó Ocaña.
“El objetivo siempre fue simple y profundamente humano, que las familias con hijos con desafíos en nuestra ciudad accedan a una vacante en una escuela privada sin atravesar un laberinto de obstáculos, silencios y puertas cerradas. Hoy, con esta ley, damos un paso histórico en ese sentido. Ponemos fin al peregrinaje doloroso de familias que durante años recorrieron instituciones rogando por un lugar donde sus hijos pudieran ejercer un derecho que jamás debió ser cuestionado”, afirmó Ferrero.
Durante las charlas previas a la sesión en la comisión de educación, familiares de niños afectados expusieron situaciones de discriminación a las que fueron sometidos, en particular por tener alguna discapacidad. Todos los afectados que expusieron reclamaron la necesidad de que el sistema educativo sea transparente y equitativo ante los rechazos arbitrarios y la falta de información confiable sobre disponibilidad real de vacantes.
El presidente de la Asociación Civil TEActiva, Paulo Morales, consideró que la reglamentación representa un paso más hacia la convivencia. “En TEActiva no paramos de recibir denuncias de familias que tienen gravísimos problemas para escolarizar a sus hijos, pero esto recién se va a resolver cuando los colegios se abran a la neurodiversidad”, sostuvo.
El caso de Rodrigo Rey y su precedente histórico
Uno de los casos que llegó recientemente al ojo público fue el de los hijos del arquero de Independiente: Benicio, que tiene autismo, y Renata. Rey y su pareja, Laura, iniciaron una ardua batalla legal luego de que Instituto José Manuel Estrada de City Bell se negara a renovarles la matrícula para el 2025.
Unas semanas atrás, la Justicia falló a favor de la familia Rey y decidió que el instituto deberá garantizar la totalidad de la escolaridad de Renata y Benicio, además de brindar capacitaciones a su personal para la inclusión escolar de niños con autismo. Esto último no tiene antecedentes.
El fallo es un cambio histórico: se trata del primero que habla específicamente sobre programas de inclusión escolar de niños con autismo y que, además, establece obligaciones para colegios privados. Detalla que deben darle acceso a Benicio a una educación plena, integradora e inclusiva que atienda sus particularidades y capacidades.
También ordenó al instituto a capacitar a su personal en materia de discapacidad. Esto incluye a aquellos que están en el nivel empresarial o de tomas de decisiones de la casa de estudios.
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