Cumplir con la norma exige nuevas correcciones

La asignación de licencias audiovisuales, pese a lo que impone la ley de servicios de comunicación audiovisual, se halla en un estado de excepcionalidad: hay señales operando sin concurso previo y las convocatorias a concursos se revelaron improvisadas por el calendario electoral de 2011. Para cumplir la ley, es preciso corregir varios problemas. Con esta nueva postergación el Gobierno reconoce, en sus considerandos, que la convocatoria anterior fue realizada sin tomar en cuenta el federalismo ni la prioridad de los actores sin ánimo de lucro, y que las condiciones de prestación de señales (en alta definición o en standard) tampoco resultaban adecuadas.

En la práctica, se admite que no existía, y al parecer sigue sin existir, un "plan técnico" que la ley exige como condición para la apertura de concursos. Este plan técnico es una referencia fundamental para evaluar si la apertura de licencias se realiza sobre la base de una previa planificación del destino del espectro.

A más de dos años de operación en régimen de excepción de las señales decididas por decreto PEN en 2010 es necesario preguntar: ¿existe ya una evaluación de esas señales de televisión digital otorgadas a empresarios de forma sumaria y sin concurso?, ¿cuándo vencerá el período "de prueba" por el que fueron beneficiados?; ¿por qué se otorgó ese beneficio a determinados empresarios y no a organizaciones sin ánimo de lucro? La improvisación con el lanzamiento de medidas (concursos) que no se efectivizan, el reconocimiento que el propio Gobierno realiza sobre la falta de atención en las convocatorias anteriores y los errores (propios) que se invocan para justificar nuevas medidas exigen una vez más poner en marcha los mecanismos de control social y político previstos por la ley: la Comisión Bicameral; el directorio de Afsca y de Radio y Televisión Argentina con la presencia de los directivos no oficialistas y el pleno funcionamiento del Consejo Federal.