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El 28 de septiembre de 2020, pasadas las 17, Juan Roza Alconada recibió una llamada y lo primero que pensó fue que esa era la crónica de una muerte anunciada. La noche anterior había intentado llevar a su hermano a una guardia, en medio de un brote psiquiátrico, para pedir ayuda. Pero su hermano no accedió. Entonces habló con el psiquiatra que lo atendía y le ofreció irlo a buscar a San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, para que atendiera a Rodrigo. La respuesta fue que no, que al día siguiente tenía que trabajar. El joven llevaba varias semanas sin tratamiento en plena pandemia y había dejado la medicación. Juan intuía que era una bomba de tiempo y que la cuenta regresiva se había activado. Pero no logró conseguir ayuda. El médico consideró que si Rodrigo no quería ser internado, no se lo podía obligar. Y que no estaba demostrado el riesgo inminente para sí y para terceros, como exige la Ley de Salud Mental para forzar el ingreso a un centro de salud en estos casos.
Al día siguiente, el peor de los desenlaces ocurrió. En medio de un brote, su hermano, que tenía esquizofrenia y delirio místico, apuñaló a un oficial de policía en las inmediaciones del Museo de Arte Latinoamericano (Malba). El hombre murió tras el ataque y, al intentar defenderse, le causó heridas que un día después le costaron la vida a Rodrigo. “Lo primero que pensé ese día fue que era una muerte anunciada. ¡Se podía haber evitado! Y la misma sensación tengo ahora al conocer la muerte de la turista brasileña atacada por un joven con antecedentes psiquiátricos y judiciales. Da mucha tristeza. Mucha impotencia. Otra vez la Argentina llora una muerte evitable, ocasionada por alguien con antecedentes que no debería estar sin tratamiento ni sin supervisión. La Ley de Salud Mental fracasó porque no protege a las personas con trastornos mentales ni a aquellos que tienen adicciones, y tampoco protege a los ciudadanos. La salud mental no puede ser un tabú cajoneado por la política”, dice Roza Alconada, que ahora dirige la ONG Icona, que entre otras cuestiones impulsa la modificación de la mencionada norma.
Ahora, la muerte de la turista brasileña reavivó un reclamo que desde hace años plantean las familias de pacientes psiquiátricos o con problemas de adicciones. La mujer, de 69 años, había venido al país a visitar a su hija que estudia medicina en la UBA y fue atacada por una persona de 30 años que tenía más de 20 antecedentes penales: en 13 oportunidades había sido declarado inimputable en situaciones que involucraban robos, lesiones y desórdenes en la vía pública, tenía un historial de adicciones desde la infancia y había protagonizado múltiples internaciones previas en los pabellones psiquiátricos de los hospitales Piñero, Durand y Borda. En diciembre de 2024, el agresor había sido declarado un riesgo para sí mismo y para terceros, pero continuaba en situación de calle y sin control.
Tras el ataque a la turista, fue derivado nuevamente al Hospital Borda. El equipo interdisciplinario que lo evaluó concluyó que “no comprendía la criminalidad de sus actos ni podía dirigir sus acciones en el momento del hecho”. Por ese motivo, fue declarado inimputable. La jueza suspendió los plazos procesales, ordenó su internación involuntaria bajo consigna fija y se declaró incompetente para continuar con el trámite. La Asesoría Tutelar apeló la decisión y pidió el sobreseimiento del imputado. Es decir, el crimen de la mujer brasileña quedaría impune.
“Si los mecanismos se hubieran activado, esa muerte se debería haber evitado. No es un caso aislado. Casos así pasan en todo el territorio nacional, pero solo son noticia cuando se produce una muerte. En medio, está toda una familia que pide ayuda, pide intervenciones que no llegan”, apunta Stella Maurig, fundadora de La Madre Marcha en 2022. El hijo de Maurig, que tenía problemas psiquiátricos y de adicciones, se quitó la vida y, desde entonces, ella impulsa –junto con otras muchas familias y organizaciones– talleres de orientación para familias y la reforma de la Ley de Salud Mental en diversos puntos, principalmente en el artículo 20, que establece que las internaciones no voluntarias deben ser cuando un equipo interdisciplinario certifique que existe riesgo inminente para sí y para terceros.
LA NACION consultó a las autoridades de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación para conocer cómo se interviene hoy ante estas situaciones y si el Gobierno va a impulsar una nueva ley; sin embargo, no recibió respuestas antes del cierre de esta nota. También se consultó a los responsables de Salud Mental del gobierno porteño, pero tampoco hubo respuestas.
“Estas cosas siguen ocurriendo con una Ley de Salud Mental que no sirve y que sigue sin revisarse. Ningún político, ningún senador revisa la ley”, agrega Maurig. Dentro del proyecto de la llamada Ley Ómnibus se había incluido la modificación de la Ley de Salud Mental actual, que fue votada hace 15 años. Sin embargo, el texto después se sacó de la llamada Ley Bases, para su posterior tratamiento en sesiones ordinarias, pero nunca se debatió. “Esto es una desidia hasta de la Justicia, que solo interviene si hay riesgo inminente. Este caso muestra claramente cómo falla la ley. Hubo una evaluación del Cuerpo Médico Forense que dijo que estaba para ser imputado. Pero la defensa del Estado planteó que era inimputable porque no estaba entendiendo la criminalidad de sus actos. Ahí falló el sistema, porque es imposible que esta persona pueda estar en la calle sin un seguimiento. El abandono es terrible”, dice Maurig.
Uno de los cambios que se impulsan en la ley que nunca se votó es que se cambie la expresión “riesgo inminente” por “riesgo potencial”. “Riesgo inminente se refiere a algo que está ocurriendo en el presente. Una amenaza concreta, como si la persona está con un arma y amenaza a alguien, pero eso no da tiempo a nada. Todas las familias a las que asistimos nos cuentan que mucho antes de una situación así, aparecen alertas de esas que hacen que uno esté con temor de que algo muy malo pueda ocurrir. Por eso pedimos que se use el término riesgo potencial, porque es algo que puede ocurrir en breve, en relación con la situación que se está detectando”, explica Maurig.
“La Ley de Salud Mental plantea el cierre de los hospitales psiquiátricos y de las comunidades terapéuticas. Y eso en la práctica significa que no hay dónde pedir ayuda. También desaparecieron los hogares de medio término, donde podían recibir tratamiento y participar de talleres en su recuperación. Hoy, en la práctica, si la familia no está en condiciones de pagar unos 2 millones de pesos en una clínica privada, no logra una internación de su hijo en medio de un cuadro psiquiátrico. Y en la mayoría de los hospitales, en las guardias, los médicos no saben cómo atender un cuadro de este tipo. La evaluación se limita a saber si está ubicado en tiempo y espacio. Pero en la práctica, las guardias de los hospitales psiquiátricos están desbordadas y en las guardias comunes hay gente que cuenta que pasa toda la noche sin ser atendida”, detalla.
Maurig relata el largo recorrido que llevan hecho las madres para intentar que el Congreso impulse el cambio en la legislación. “Nos juntamos con todos, pero ninguno avanza y hoy no hay nada”, advierte.
Hugo Cohen es uno de los psiquiatras que en su momento impulsaron la votación de la Ley de Salud Mental. A 15 años de aquel cambio legal y a 14 desde su aplicación, acaba de publicar un libro que se titula Al margen de la Ley de Salud Mental. Crónica de su aplicación en 14 años.
“Lo que está pendiente hoy, a mi entender, no es la modificación de la ley, sino su aplicación, porque nunca se aplicó. En el libro planteo 13 puntos que no se aplicaron. El más importante, y que explica el resto: el presupuesto. La ley planteaba que se debía llegar a destinar el 10% del presupuesto de Salud a la salud mental. Por entonces se destinaba el 2% y es lo mismo que se destina ahora. Eso no se modificó un ápice. Algo que no tiene presupuesto, no existe”, sostiene Cohen.
“La ley planteaba hacer censos cada dos años, apuntando a la recuperación y externación de los pacientes internados. En todos estos años solo se hizo un censo. Además, se contemplaba la capacitación al personal de salud y a la actualización de la formación de psicólogos y psiquiatras. Tampoco se hizo. No hay números en el Ministerio de Salud que informen las capacitaciones. Queda claro que hoy si llega una persona con excitación psicomotriz a una guardia, el personal de salud no tiene idea de cómo intervenir y ni qué hablar de las fuerzas de seguridad. Estamos en cero”, detalla.
“Si los familiares reclaman que no hay guardias donde atender a sus hijos, es un reclamo genuino. Que se aplique la ley, que haya en todas las guardias profesionales capacitados. Hoy, lo dice la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental están entre los tres o cuatro más relevantes y preocupantes. Por eso, no puede ser que un médico clínico no sepa cómo atender a alguien que llega a la guardia en medio de una crisis. Ni siquiera los psicólogos y los psiquiatras están capacitados con su formación de grado y posgrado. Tenemos que dotar a los profesionales de la salud y también a la población general, a las familias, de psicoeducación y herramientas e instrumentos adecuados de intervención”, afirma Cohen. “Hoy, el 80% de las personas que requieren atención no la reciben. Hay que crear un sistema de salud mental de cercanía, pero hasta ahora no hubo decisión política”, concluye.
“La ley tiene pobres resultados. Hoy como está planteada, hay que esperar que las personas estén descompensados o que se produzca el episodio violento, como fue en el caso de mi hermano, para intervenir. Es un tema muy serio, genera mucho desgaste emocional, físico, económico. Cuando tenés alguien en la familia que está atravesando esa situación, se vive con mucha angustia, y en medio de un brote te sentís muy desprotegido”, lamenta Juan Roza Alconada.
