Ezeiza. La trama que se tejió a la sombra de los hisopados obligatorios

De a poco, y en medio de acusaciones cruzadas, empiezan a aparecer los nombres detrás de la trama que se tejió a la sobra de los hisopados obligatorios en Ezeiza. Funcionarios de tres ministerios, un ente de control, ejecutivos de la concesionaria, una fundación educativa, la cooperadora de un hospital, empresarios, políticos, además de dos diligentes monotributistas, dejan ver sus huellas en el vestíbulo del promisorio negocio de testear a los viajeros que llegan a la Argentina por la principal estación aérea internacional.

La madeja de los responsables empieza a desanudarse con la resolución administrativa que firmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la que se ordenó la realización del test. De esa norma se desprende la delegación para que se implemente la obligatoriedad al ingreso en los ministerios de Salud, de Transporte y la Dirección de Migraciones. Luego, además de Aeropuertos Argentina 2000, que firmó el contrato, se esconde una trama de dirigentes de La Cámpora, exfuncionarios y empresarios que encontraron un hueco para hacer un negocio millonario.

La ministra Carla Vizzotti, en su conferencia del último jueves, sentó a su lado a Claudia Madies, directora de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, una funcionaria que depende en el organigrama de Alejandro Salvador Costa, subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud, aquel famoso tercer integrante en la recordada conferencia junto a la payasa Filomena.

En la ley de Presupuesto vigente, en el capítulo del Ministerio de Salud, hay una mención específica al tema frontera: “Refuncionalizar las Unidades Sanitarias de Fronteras, terminales de transporte internacional (terrestres, aéreos, fluviales) y las unidades de fiscalización en puertos, a través de la capacitación de sus agentes y su informatización, garantizando la eficiencia y eficacia de los servicios que las mismas prestan; y diseñar y establecer estrategias para refuncionalización de las Delegaciones Sanitarias Federales”. Nada de eso ocurrió en Ezeiza con la empresa LabPax.

Madies, siempre según la meta fijada en la ley de leyes, debería hacer en el año 650 inspecciones sanitarias en fronteras en 2021. Para el programa “Control Sanitario de Establecimientos y del Ejercicio Profesional” cuenta con $127,9 millones y para el “Control Sanitario de Fronteras y Terminales de Transporte”, donde debería estar el aeropuerto, tiene un cheque de $218,6 millones para gastar en el año.

La funcionaria, que está en la línea directa que empieza en Vizzotti, sigue en Costa y termina en ella, dijo el jueves que “en ningún momento se celebró un convenio o contrato con terceros” y que “su función es solo de vigilancia epidemiológica”. Tampoco se activaron esos vigías en el tablero de mando del ministerio. Después de conocido el escándalo y que empezaran las dudas ya no solo de la calidad del laboratorio sino de la confección de los tests, dijo: “Algunos tests [que se detectaron en la inspección] tenían un tiempo de demora en la lectura menor al que corresponde por la especificación técnica del elaborador”. Nadie asumió culpas cerca de Vizzotti.

Pero si en Salud miraron para otro lado, en el Ministerio del Interior mucho más. En la cartera que maneja Wado De Pedro está la Dirección Nacional de Migraciones. Su directora, Florencia Carignano, guardó silencio sobre qué pasaba con ese sistema de hisopado. Pero horas después de que se encontrase a un viajero que ocultó su positivo al llegar y que fue detectado por las cámaras, se encargó de dejar clara la responsabilidad que había tenido su repartición al descubrir el caso. No hubo mención alguna a los hisopados que les hacen a los 2000 viajeros diarios autorizados por Cafiero.

Un párrafo aparte para el Ministerio de Transporte. El fallecido ministro Mario Meoni envió una carta, a fin de marzo, al Organismo de Control de Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Según los términos, la envió “a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios para que, de forma articulada con los operadores de los aeropuertos que presten servicios a vuelos internacionales, se garantice –a costo del pasajero– la realización de la prueba para SARS-CoV-2 al arribo al país”.

Según cinco fuentes, varias de ellas oficiales, no hay nada que ocurra en los aeropuertos, menos aún en lo que tiene que ver con territorios y negocios, que no sea consensuado entre la concesionaria AA2000 y los directivos del Orsna. ¿Podría haberse montado la primera barrera sanitaria en la principal estación aérea internacional sin que tenga conocimiento el Orsna? La respuesta unánime fue no; no hay autodidactas en estos lugares de clientela cautiva sin que la empresa y el órgano de control estén al tanto.

En el Orsna se apuraron por endosar el problema. “El Organismo Regulador no participa ni tiene responsabilidad en la selección del prestador ni establece el costo final para el usuario aeroportuario; las actividades industriales, comerciales y de servicios del Sistema Nacional de Aeropuertos, se realizan bajo exclusiva responsabilidad del concesionario AA2000, y en este caso particular, bajo las directivas de las autoridades sanitarias de carácter nacional”, fue la respuesta que comunicó el organismo. Algo así como decir: “¿Quién, yo? ¿No señor, yo no fui”.

Pero empieza aquí, quizá, la trama más cercana a los números, los billetes y la recaudación. El Orsna es una de las muestras claras del parcelamiento del Gobierno que diseñó el Frente de Todos al asumir. El mundo aerocomercial es de La Cámpora y su jefe en las penumbras es Mariano Recalde. El manejo formal del organismo lo tiene un santiagueño, cercano al gobernador Gerardo Zamora, llamado Carlos Lugones Aignasse, pero el poder real está en manos del vicepresidente Fernando Muriel, uno de los principales impulsores del cierre del Aeropuerto de El Palomar.

Detrás de Muriel hay varios hombres cercanos a La Cámpora que manejan cada uno de los permisos que se dan en los aeropuertos. De hecho, uno de ellos, Sebastián Heffes, fue el encargado de negociar los permisos que se le dieron al gobierno porteño a la hora de instalar el puesto de detección gratis que, el propio Heffes, desarticuló cuando llegó LabPax con sus hisopados obligatorios y pagos. Nada sucede dentro de la concesión sin que sea visado por el Orsna y los alfiles de La Cámpora. Ni siquiera el poderoso concesionario, AA2000, puede entregar un permiso de algo sin el visto bueno de este organismo.

Luego empieza la trama privada. La primera irregularidad es la firma del contrato entre AA2000 y la Fundación Educativa San Lázaro. Según el contrato, la concesionaria le entregó a esta asociación un espacio en Ezeiza para que montara un área para hacer hisopados a quienes se fueran del país. La fundación representada en aquel acto por Carlos Potikian y Patricia Eurnekian, fue la que acordó con LabPax la realización de los test. A cambio pidió 30% de la facturación bruta, sin IVA y sin Ingresos Brutos, que serían destinados a la Cooperadora del Hospital de Ezeiza llamado Alberto Atanik Eurnekian, tío del presidente de AA2000, Martín Eurnekian.

Aquella iniciativa acordada en enero solo era para los viajeros que salían de la Argentina y quisieran hisoparse o realizarse un PCR en Ezeiza pero, en mayo, se convirtió en obligatoria para los que entraban. El negocio se multiplicó. AA2000, San Lázaro y LabPax redefinieron el porcentaje y el número quedó en 15. ¿Es justo que solo un hospital de un partido reciba $750.000 por día en concepto de donación? Y en su caso, si lo es, ¿en función de qué parámetros se decidió?

Del otro lado del contrato estampaba su firma Laura Cáceres. La monotributista tuvo dos trabajos en relación de dependencia. Fue empleada de Gervasio Corach, socio del abogado Guillermo Scarcella en un estudio jurídico que llevaba los dos apellidos, entre febrero y diciembre de 2007. Luego, de marzo de 2008 y hasta agosto de ese año, su empleador fue Aguas Bonaerenses (ABSA), una empresa estatal provincial de la que era presidente Scarcella.

El abogado, que tiene cercana relación con Daniel Scioli, además, es investigado por ser sindicado como uno de los dueños True Star Argentina (ex Wrapping), dedicada al embalaje de valijas en aeropuertos. Solo para referirla, la de la bolsa verde en la entrada de las estaciones. Scarcella compartió los negocios de la firma Baggage con Viviana Tejada, la esposa del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Cáceres tiene a su nombre dos marcas (tipo mixta, clase 39) desde enero de 2015: Baggage y Wrapping Argentina. Además, compartió una sociedad, Los Tamangos, con dos miembros de la familia Scarcella y tiene varios domicilios en sedes de empresas del grupo.

La otra socia, Paola Orellana Perillo, es la pareja de Jorge Fabrello, dueño de Bio Fab, una empresa dedicada a la compra y alquiler de equipamiento médico. Fabrello y Marcos Aguirre, dueño de Sanity Care, son los verdaderos dueños en las sombras. El primero, un entrerriano que se hace llamar ingeniero, aportó a la sociedad sus contactos con quienes producen los test de hisopado rápido creados por el Conicet. A la sociedad trajo, además, sus teóricos contactos con varios funcionarios de Salud y con dirigentes de La Cámpora. El otro, Aguirre, el pasaporte de estar dentro de Ezeiza con la autorización de AA2000 para dar todos los servicios en la sala de emergencias de la estación.

Bio Fab, de hecho, desplazó al laboratorio Lectus, que ya se prestaba a firmar el acuerdo con Sanity Care. Fabrello presentó las credenciales suficientes como para adquirir el reactivo de Neokit-Covid 19 y últimamente, el Neokit Plus, desarrollado por el Conicet y producido por Laboratorio Cassará. Nació así un negocio que terminó rápido, cuando los pasajeros contaron en una madrugada, que en Ezeiza funcionaba una barrera sanitaria que solo exigía un requisito para que se abriera: pagar $2500.

Por Diego Cabot

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