La angustia Agostina Páez, la argentina acusada de racismo en Río de Janeiro, tras el revés judicial
Un inesperado revés postergó el regreso de la joven influencer al país; permanecería entre 10 y 15 días más en Río de Janeiro
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Agostina Páez se mostró muy angustiada este jueves luego del revés judicial que la condenó a quedarse en Río de Janeiro, Brasil, aproximadamente entre 10 y 15 días, acusada de injuria racial tras haberles hecho gestos racistas a los empleados de un bar en Ipanema.
Hasta anteayer, se creía que podría volver a la Argentina. “Estoy desesperada, desbordada, sufriendo un montón, no sé qué tanto más voy a sufrir aquí”, expresó a LN+, y sumó: “Cada vez menos esperanza. Estoy muy angustiada”.
El miércoles, cuando parecía que Páez iba a volver a su país tras un largo proceso judicial, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte determinó que la joven no podrá abandonar Brasil de inmediato. El magistrado se decidió a mantener las medidas cautelares y el monitoreo electrónico, de forma tal que la joven deberá permanecer aproximadamente dos semanas más en Río de Janeiro.

La decisión fue en contra de la opinión de la propia fiscalía y de la querella, que ya habían prestado su conformidad para que Páez regresara a la Argentina de inmediato.
“Es una espera de un poco más de tiempo. El juez en vez de revocar las cautelares y dejarla salir, prefirió esperar al fallo”, explicó Junqueira. Según sus estimaciones, el fallo “tendría que ser breve”. “El juez quiere estudiar un poco más las inconsistencias de los relatos para fallar. Ayer definió que prefiere esperar que presentemos los alegatos finales y fallar y que haya el depósito de una caución para que pueda regresar a la Argentina”, sumó.
La abogada presentó un habeas corpus esta tarde. “Es un remedio jurídico contra un acto coactivo. No nos da otra. El habeas corpus puede destrabar [la salida de Agostina del país]. Esperamos el alegato final”, sostuvo. Junqueira aseguró que, si el Tribunal rechaza el habeas corpus, irá a la Corte Suprema: “El derecho a la libertad es una de las garantías fundamentales de la Constitución”.

La mujer también señaló que, aunque parece poco tiempo, el alargamiento de la estadía en Brasil, donde fue objeto de un gran escrutinio público, es perjudicial para su clienta, que está hace dos meses en Río de Janeiro. “Si bien es una gestión de una semana más, para Agostina es mucho. Para una persona que está acá privada de su libertad, con su padre... Vamos a presentar los habeas corpus porque más allá de una cuestión logística, jurídicamente no haría tanta diferencia“, detalló.
Sin embargo, la decisión no cambia el fondo del acuerdo al que se llegó el pasado martes y que establece una pena mínima para Páez por un solo hecho, intercambiable por un resarcimiento y trabajos comunitarios. “Hay alegatos finales presentados por fiscalía que piden que la pena mínima de dos años sea reemplazada por trabajos comunitarios y reparación del daño moral a las víctimas. El que va a definir es el juez. Confiamos en el poder judicial de Brasil, que va a hacer el proceso justo”, señaló Junqueira.
La abogada criticó el fuerte escrutinio que sufrió la joven de parte de los medios locales. “Salió en los medios brasileros que el reemplazo de una pena por una eventual reparación de daños podría significar algún tipo de impunidad. Eso generó en la fiscalía una sensación de que no hay credibilidad en el sistema de justicia de Brasil. Yo lo veo al revés: el sistema judicial no está para responder a clamores sociales sobre lo que es o no impunidad. La Justicia tiene que aplicar la legislación”, reclamó.

La abogada explicó que la fiscal incluyó en su documento que “no pueden contaminar la sociedad con la sensación de impunidad”. “No son legisladores que tienen que responder a la sociedad. Cambiar una decisión o postergar la revocación de cautelares, que ya son efectivamente desproporcionadas, para responder a lo que piensa la sociedad, eso sí es una falta de credibilidad de la Justicia”, cuestionó Junqueira.
La abogada se mostró visiblemente en contra de la postura del juez. “Si vamos a responder al clamor público, entonces la ahorcamos en plaza pública. La ponemos acá y listo”, manifestó.
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