La clínica pone el foco en la fundación y la ONG defiende sus prácticas: versiones que se cruzan en una causa abierta
Según los comunicados, la intervención se realizó con aval judicial en el marco de la normativa vigente
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En la puerta de la Clínica Santa María, en Villa Ballester, dos hojas impresas permanecen pegadas sobre el vidrio de ingreso. Son, hasta ahora, la única respuesta visible hacia el exterior frente a un caso que derivó en una investigación judicial con múltiples hipótesis. LA NACION estuvo en el lugar y constató que ambos comunicados, fechados el 27 de abril de 2026, siguen exhibidos sin presencia de voceros ni atención a la prensa.
El primero de los textos plantea que, ante la difusión de información que consideran errónea y sin sustento, la institución decidió fijar su posición. Allí se explica que la Fundación Cigesar, presidida por el doctor Damián Levy, contrató a la clínica únicamente para el uso de su infraestructura, mientras que la atención médica fue realizada por equipos propios de esa organización. También se vincula el episodio con la atención de una menor de edad, identificada como S.A.F., víctima de una violación, cuya causa tramita en Santiago del Estero.
En ese mismo comunicado, la clínica rechaza una de las versiones que circularon en las últimas horas. Señala que no cuenta con servicio de obstetricia ni realiza prácticas vinculadas con esa especialidad. A su vez, menciona que el establecimiento fue inspeccionado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires el mismo 27 de abril, y que, según ese organismo, cumple con las normas vigentes y actúa dentro del marco legal.
El segundo comunicado apunta en la misma dirección. Allí se detalla que la atención a una paciente de 13 años se realizó en el marco de la Ley 27.610, y que hubo intervención de autoridades judiciales para preservar material genético relacionado con la investigación de la violencia sexual. También se advierte sobre la filtración de información a medios de comunicación, lo que, según el texto, vulneró la confidencialidad y derivó en interpretaciones inexactas.
Consultados por este medio, desde la clínica se limitaron a ratificar lo expresado en los carteles. “Nosotros no tenemos que ver con el médico [Levi]. Solo les prestamos salas y equipo, pero él no es parte de la estructura médica de la clínica”, indicaron. Ante nuevas preguntas sobre lo ocurrido, señalaron que no brindarán más declaraciones y que su postura es la ya difundida.
En la cuadra, el movimiento es habitual, aunque atravesado por comentarios sobre lo sucedido. Ana, empleada de un kiosco situado en la esquina opuesta al centro de salud, aseguró que se enteró del caso por los medios. “Lo que tiene ese lugar son quejas o denuncias por la atención de los médicos, eso se escucha hace tiempo. Pero esto que pasó, lo de los abortos, no lo sabía. Me sorprendió completamente”, dijo.
Entre los vecinos, las posiciones son diversas y en algunos casos contrapuestas. Carlos Benítez, que vive a pocas cuadras, afirmó que conocía la actividad de la fundación. “Se sabe que ahí trabajan con interrupciones del embarazo. Es legal en la Argentina. No entiendo por qué tanto escándalo si está dentro de la ley. Si hay algo irregular, eso lo tendrá que determinar la Justicia”, sostuvo.
En contraste, Marta Quiroga, también vecina de la zona, expresó dudas sobre el caso. “A mí me parece todo muy raro. Se habla de un embarazo de ocho meses, eso ya es distinto. Que investiguen bien qué pasó y cuán legal es todo, porque una cosa es lo que dice la ley y otra lo que puede pasar en la práctica”, señaló.
Una tercera vecina, Laura Andrada, planteó una postura intermedia. “Todos saben que esa fundación trabaja con abortos y es algo permitido por la ley. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero es legal. Lo que preocupa es lo que se está diciendo ahora y que se aclare qué pasó”, indicó.
A pocos kilómetros, en Caseros, se encuentra la sede de la Fundación Cigesar, situada en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 4600. LA NACION también se acercó hasta ese lugar, pero el lugar estaba cerrado, con persianas bajas, pese a que en su página web figura un horario de atención hasta las 21. LA NACION intentó establecer contacto a través de los teléfonos publicados, pero las líneas aparecían inhabilitadas.
En esa localidad, la actividad de la fundación tampoco resulta desconocida. Roberto Ledesma, vecino de la zona, afirmó que sabía a qué se dedicaban. “Siempre se comentó que trabajaban con interrupciones del embarazo. Por eso no entiendo el revuelo si es algo que está dentro de la ley”, sostuvo. En la misma línea, Silvia Ríos expresó que, si las prácticas son legales, no deberían generar sorpresa, aunque aclaró que cualquier irregularidad debe ser investigada.
Otros vecinos manifestaron reparos. Jorge Acuña consideró que el hallazgo dentro de la clínica genera sospechas. “No es normal que aparezcan restos de fetos en bolsas. Algo pasó y tiene que investigarse”, afirmó. Patricia Molina, por su parte, señaló que la legalidad no excluye la necesidad de controles. “Puede ser legal, pero eso no garantiza que todo esté bien hecho. Para mí tienen que dar explicaciones más claras”, dijo.
El caso que dio origen a la investigación combina distintos elementos. Una menor de 12 años, víctima de una violación, cursaba un embarazo avanzado. Su traslado a la provincia de Buenos Aires, las versiones contradictorias sobre el destino del bebé y el posterior hallazgo de restos biológicos en la clínica derivaron en la apertura de una causa judicial con varias líneas de análisis.
La investigación se inició a partir de un requerimiento de la Justicia de Santiago del Estero. Según consta en actuaciones del caso, cuando el personal policial se presentó en la clínica, las autoridades negaron en un primer momento la presencia de la menor y su madre. Luego de insistencias, se comprobó que ambas estaban internadas en el lugar.
Posteriormente, la madre habría manifestado desconocer el estado del bebé y su paradero, lo que reforzó sospechas entre los investigadores. Un juzgado federal ordenó el allanamiento del establecimiento. Para ese momento, la menor y su madre ya se habían retirado tras recibir el alta médica.
Durante la inspección, los efectivos encontraron ocho fetos en bolsas de residuos en un sector destinado a desechos. Dos de ellos presentaban signos de desmembramiento. También se secuestraron anotaciones y registros que ahora forman parte del expediente y serán analizados en el marco de la causa.
Intervienen en la investigación un juzgado federal de Tres de Febrero y la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Malvinas Argentinas, que busca determinar eventuales responsabilidades penales.
La intervención de la fundación bajo análisis
En el expediente judicial y en los comunicados difundidos tras el allanamiento aparece de manera reiterada la Fundación Cigesar, una organización no gubernamental que se presenta como dedicada a “la salud sexual y (no) reproductiva” (SIC) y que reconoció haber intervenido en los procedimientos realizados en la Clínica Santa María.
De acuerdo con su propia descripción institucional, la fundación trabaja en el acceso a prácticas vinculadas a la anticoncepción, la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley, la educación sexual integral y la prevención de infecciones de transmisión sexual. Además, desarrolla tareas de capacitación de profesionales y articula con organismos públicos y privados en distintos puntos del país.
Ese esquema de funcionamiento quedó bajo la lupa a partir de este caso. Según reconstruyeron fuentes sanitarias, la intervención de la ONG en la situación de la menor se inició en Santiago del Estero, cuando la madre consultó por cambios físicos en su hija y se confirmó un embarazo avanzado en el marco de una causa por abuso sexual. A partir de allí, la organización habría tomado intervención en la derivación y en la gestión del procedimiento.
Los investigadores buscan determinar si cada una de esas prácticas contaba con el respaldo legal correspondiente, reconstruir la trazabilidad de los procedimientos y establecer a quién corresponde cada uno de los restos hallados mediante estudios de ADN.
Hasta el momento, ni la clínica ni la fundación fueron imputadas. Desde la ONG sostienen que todas las intervenciones se realizaron dentro del marco legal vigente y con las autorizaciones correspondientes, y que aportarán la documentación necesaria para el avance de la causa.
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