“La corrupción anida”: los diputados que investigan el fentanilo mortal pedirán cambios estructurales en la sospechada Anmat
La comisión especial prepara su informe final; el desempeño de la agencia que controla medicamentos y alimentos quedó en la mira
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LA NACIONFabiola Czubaj
El trabajo de la comisión especial del Congreso que investiga la venta a hospitales y sanatorios de miles de ampollas de fentanilo contaminado está en cuenta regresiva. Tras la última audiencia esta semana, los diputados de la oposición y el oficialismo que la integran se aprestan a consensuar el informe final la próxima semana, antes de la renovación de la Cámara baja.
El documento apuntará a que el cuerpo legislativo avance en 2026 con una reforma estructural de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat), responsable de que los productos bajo su competencia que se producen, importan o prueban en el país en ensayos clínicos no causen daño a la salud de la población, de acuerdo con las funciones atribuidas hace tres décadas.
Este miércoles, en la última sesión de la comisión investigadora de Diputados, tampoco se presentaron los titulares del Ministerio de Salud de la Nación, Mario Lugones, y de la Anmat, Nélida Bisio.
Ambos se excusaron de manera formal, por carta, a primera hora. Lugones argumentó “cuestiones de agenda”; a las 9.30 hubo una reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Bisio, en tanto, indicó que tenía “cuestiones de agenda impostergables” por la Jornada de Integración de la Genómica a la Vigilancia Epidemiológica de los Laboratorios de Referencia y Redes de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis Malbrán).
Familiares de las víctimas que estaban presentes esperaban la respuesta de la titular de la Anmat después de las fallas en los controles para impedir que las ampollas de fentanilo contaminadas de HLB Pharma, producidas en Laboratorios Ramallo, llegaran al mercado. También, porque iba en línea con el desempeño del organismo durante la investigación judicial, algo que mencionó el juez Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, en el que recayó la causa a partir de las muertes asociadas al uso de ese fármaco en el Hospital Italiano de La Plata.
Asimismo, aguardaban que concurriera el ministro de Salud. Ante la ausencia, las autoridades de la comisión investigadora le solicitarán formalmente a Lugones que reciba a los familiares de las víctimas.
“Lamentamos la ausencia porque ambos contestaron por escrito las preguntas de esta comisión. Pero era importante poder completar ese trabajo con esta última reunión informativa”, dijo Mónica Fein (Encuentro Federal), que preside la comisión. Silvana Giudici (PRO) está a cargo de la vicepresidencia y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), de la secretaría. Las tres diputadas nacionales se comprometieron a enviar una nota a la cartera sanitaria.
A la par, durante la reunión las autoridades tomaron nota del pedido de varios miembros para que la comisión cumpla con la obligación reglamentaria de informar a la presidencia de la Cámara baja sobre las ausencias de los funcionarios del Poder Ejecutivo por desobediencia, luego de haber sido citados en más de una oportunidad. “Es prioridad rendir cuentas”, apuntó la diputada Karina Banfi (UCR), que también citó las obligaciones que, con la Constitución Nacional, imponen a los funcionarios las leyes de Ética Pública y de Acceso a la Información.
Ya camino a lo que será la redacción del informe final con el trabajo realizado desde septiembre pasado, cuando quedó conformada la comisión especial, los legisladores que fueron tomando la palabra apuntaron a los cambios estructurales de la Anmat que puede definir el Congreso, como así también señalar deficiencias a resolver por las autoridades sanitarias nacionales o provinciales. Y, por último, concluir de la investigación si fallaron los protocolos de fiscalización, si existió negligencia o impericia en el accionar del organismo de control, o si hubo connivencia de funcionarios o terceros interesados con los titulares de los laboratorios que elaboraron y comercializaron el fentanilo contaminado. De hecho, esas son las hipótesis sobre las que se expresaron varios diputados.
“Hay falta de normativa que hace posible que no haya, por ejemplo, un manual de fiscalización”, dijo Giudici al respecto. “En esa profusión de normas y leyes que rigen el trabajo de la Anmat es donde la corrupción anida. Tenemos una infinidad de ejemplos en la Argentina y tiene que ocurrir una tragedia para que el Estado actúe”, agregó, y recordó las de Cromagnon en diciembre de 2004 y de Once, en el verano de 2012. “Hay fallas, y muchas, sobre todo con la atención a las víctimas y los familiares. También, deberíamos recomendar que el sistema se reformule en ese aspecto desde los gobiernos locales para que los asistan. Información tenemos para nuestro informe final y mucha”, continuó la secretaria de la comisión.
Al respecto, Tolosa Paz planteó recomendar en el informe que, a través del Consejo Federal de Salud (Cofesa), las provincias acuerden cómo mejorar sus auditorías sobre los centros de salud que habilitan no solo sobre las instalaciones, el equipamiento o el personal, sino también sobre la calidad de la atención a los pacientes y familiares en clara relación a los pedidos de historias clínicas que fueron rechazados en sanatorios u hospitales donde se administró el fentanilo contaminado. La diputada Vilma Ripoll (MST–Frente de Izquierda) pidió incorporar al informe final la necesidad de que el Estado brinde cobertura de salud y contención a los familiares de los víctimas.
La legisladora también repasó los proyectos de ley presentados por distintos diputados que aparecerán en el informe para darle tratamiento durante 2026, como el que impone requisitos para ser propietarios, administradores y directores técnicos de laboratorios, o el paquete de propuestas normativas que acercaron los familiares de las víctimas en la reunión de la comisión en Rosario, hace unas semanas y que tienen que ver con dotar a la Anmat de sistemas eficientes y digitales de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, como es el fentanilo y otros opioides sintéticos, con registros desde el punto de elaboración hasta la administración y obligación de reporte a laboratorios, droguerías y centros de salud.
Los diputados tomaron también de esa iniciativa la necesidad de que el organismo regulatorio cuente con una base de datos propia con información sanitaria de su competencia para no depender de otros organismos, como el PAMI, o la industria que debe controlar, además de legislar sobre la obligación de la denuncia en el caso de contaminación o efectos adversos con un sistema nacional de alerta y notificación rápida frente a sospechas y la definición de sanciones a las empresas o las instituciones de salud que omitan, demoren o falseen información.
“Era una tragedia evitable en la Argentina”, dijo el diputado Pablo Yedlin (Unión por la Patria). “Que nuestro informe sea tremendamente claro y duro”, propuso.
La palabra final se cedió a Alejandro Ayala. Su hermano murió en el Hospital Italiano de La Plata. “Lo que más me preocupa es el compromiso social en estos siete meses de desgracia que atravesamos los familiares. La confianza en el sistema de salud está quebrantada. Llamamos a la sociedad a tomar conciencia colectiva porque no se llegó aún a dimensionar la magnitud de esta tragedia. Que esto no vuelva a suceder en la Argentina”, cerró, de cara a la comisión.
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