La policía tiene atribuciones antes reservadas a la Justicia

La Corte Suprema de Justicia aprobó sin objeciones el proyecto que le remitió el jefe de la Policía Federal, comisario general Adrián Pelacchi, para poner en funcionamiento la Policía Judicial. El máximo tribunal otorgó así a la fuerza nuevas atribuciones que antes estaban reservadas a los magistrados.

Las críticas de la comunidad jurídica a la iniciativa, aprobada el 15 de abril último, no se hicieron esperar. Prestigiosos letrados y jueces coincidieron en que esta medida vulnera garantías constitucionales básicas como el principio de inocencia, la defensa en juicio y la garantía del juez natural. En el más absoluto de los silencios, el 25 de mayo último se inició el proceso de instrumentación de esta nueva estructura.

Según consta en la resolución Nº837/97, los ministros Julio Nazareno, Augusto Belluscio, Enrique Petracchi, Guillermo López y Adolfo Vázquez concluyeron que "los términos de la propuesta sometida a consideración de esta Corte resultan apropiados para satisfacer los propósitos tenidos en cuenta" cuando el 17 de diciembre del año último se le encomendó a la Policía Federal que "eleve a consideración de este tribunal una propuesta que atienda cabalmente al cumplimiento de la función atribuida por la ley 24.121".

El artículo 80 de la mencionada norma atribuye a la Policía Federal la función de Policía Judicial. Cuando fue aprobada, esta disposición fue bien recibida por muchos jueces que plantearon la necesidad de que exista una cuerpo policial propio, independiente del Poder Ejecutivo, que trabaje como auxiliar de la Justicia.

Sin embargo, el reglamento que ya entró en vigencia (el ministro Nazareno se dio por notificado el 19 de mayo último, mediante la resolución 1230/97) autoriza, por ejemplo, investigaciones previas de los uniformados sin notificación al juez competente, a proseguir actuando una vez elevadas las actuaciones al juez de la causa y a comenzar pesquisas "a partir de trascendidos y denuncias anónimas" sin comunicación previa al juez penal en turno.

Asimismo, establece que el director de la Policía Judicial "podrá conocer acerca de la totalidad de causas judiciales iniciadas" y requerir la participación de otras dependencias de la institución sin autorización judicial. Podrá, además, "supervisar el desarrollo de las investigaciones previas", que sólo serán anoticiadas a un magistrado "en caso de obtenerse resultados positivos".

Y, como si todo lo enunciado fuera poca cosa, la Corte Suprema también dispuso que los jefes de las oficinas de la Policía Judicial tendrán que informar a sus superiores de los actos "o diligencias dispuestas por el juez competente o el representante fiscal".

"¿Y el secreto de sumario impuesto en muchas causas por decisión de un juez? ¿Y si el investigado es alguno de sus jefes?", se preguntaron dos integrantes de un tribunal oral porteño.

Cambio de nombre

El comisario mayor Norberto Sánchez, ex jefe de la Dirección General de Asuntos Judiciales, fue designado director general de la Policía Judicial Federal, y el comisario inspector Roberto Conte fue nombrado secretario de Sumarios y Asuntos Judiciales. Ambos tendrán a su cargo las nuevas atribuciones que la Corte Suprema avaló sin discusión alguna.

En la división Prensa de la Policía Federal, una agente que atendió el teléfono dio una definición contundente para el nuevo organismo: "¿Sobre qué cambios quiere averiguar usted? Que yo sepa todo está igual, sólo cambiaron el nombre", dijo.

Los ministros admiten que fue un error

Es altamente probable que la Corte Suprema de Justicia, en su próximo acuerdo de ministros del martes próximo, revoque la acordada que dictó para aprobar el proyecto de la Policía Federal que organiza bajo su esfera la Policía Judicial.

Pero ello no ocurrirá sin cabildeos.Ayer, según una fuente judicial, el titular de la Policía Federal, Adrián Pelacchi, se habría entrevistado con el presidente del alto tribunal, Julio Nazareno, uno de los firmantes de la acordada, junto con sus pares Enrique Petracchi, Augusto Belluscio, Guillermo López y Adolfo Vázquez.

En rigor, lo que ocurrió es el resultado de muchas confusiones. Por un lado, el Congreso, cuando dictó la ley 24.121, puso a la Policía Judicial bajo el control de la Federal, cuando lo que corresponde es que ambas fuerzas sean independientes.

En segundo lugar, la hace depender al mismo tiempo de la Federal -que depende a su vez del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Casación Penal. Es decir, incurre en una contradicción. Y, finalmente, pese a que esa ley menciona a la Casación, la Corte asumió un problema que no le corresponde.

En suma, frente a tamaño dislate, en los despachos de varios jueces de la Corte sólo se atina a explicar que se trató de "un error" y que se firmó "sin estudiar a fondo un proyecto que presentó un secretario".

Por Adrián Ventura

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