Mar del Plata: el Gobierno nacional presentó un amparo para frenar la creación de la zona roja
Un organismo que depende de la Jefatura de Gabinete y lidera Gustavo Vera dijo que es “inconstitucional” y pidió suspender su aplicación
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LA NACION
Mientras se evalúa la locación que finalmente tendrá la llamada “zona roja” en Mar del Plata, donde se ofrecerán servicios sexuales en la vía pública, el Gobierno nacional presentó un amparo en la Justicia Federal para frenar su implementación por considerarla “inconstitucional”.
El escrito fue presentado por el Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y recayó por sorteo en el Juzgado Federal 4. El director del organismo, el activista Gustavo Vera, cuestionó en duros términos la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante el 24 de junio e impulsada por el intendente Guillermo Montenegro y Juntos por el Cambio a nivel local.
Con fuertes críticas, el activista y funcionario disparó contra la regulación de un área determinada establecida por el Concejo Deliberante. Según dijo, la iniciativa “promueve, fomenta y organiza la prostitución e incluso pretende encarcelar y multar a las personas prostituidas en situación de extrema vulnerabilidad”.
De acuerdo con la presentación, existe un alto riesgo que, de ejecutarse la medida, se vean afectados tanto derechos humanos de las personas en situación de prostitución, tanto dentro como fuera de la llamada “Zona Roja”, siendo multadas o detenidas por las fuerzas de seguridad.
Según Vera -referente de la fundación porteña La Alameda- la ordenanza marplatense se contrapone a la ley 12.331 de profilaxis de enfermedades venéreas y la 26.364 de sanción de la trata, además del Código Penal. En esa línea, sostuvo que permite la aplicación “de multas y la privación de la libertad de personas que son víctimas de explotación sexual”.
“Es harto conocido que las mujeres que ejercen la prostitución rara vez lo hacen por cuenta propia y siempre es a partir de la vulnerabilidad que deciden llevarla a cabo”, por lo que “son víctimas de explotación sexual, y ante la falta de mejores oportunidades suelen ser revictimizadas incluso con ordenanzas como la que discute”, sostuvo Vera en el escrito.
Como parte de una discusión que no puede zanjarse rápidamente, el director del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas pidió que “hasta tanto se decida la cuestión de fondo se ordene una medida de no innovar, a los efectos de establecer la suspensión de los efectos de la ordenanza promulgada y su reglamentación”.
“Crimen organizado”
Vera manifestó que la ordenanza aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante alienta desde el Estado una actividad “que afecta la dignidad de las personas, promueve el crimen organizado, y pone en peligro sus vidas”. Señala, además, que no hay medidas para evitar que eso ocurra. “Resulta aún más grave que quienes lleven esta actividad de oferta sexual fuera de la zona fijada puedan ser privadas de su libertad, revictimizando y estigmatizando a las más vulnerables, con un final incierto”, cuestionó.
Asimismo, hizo hincapié en que la ordenanza choca con la ley 12.331, que prohíbe el “establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella”. Consideró, además, que la iniciativa puede “echar por tierra” el compromiso del Estado “para combatir la trata de personas y asistir a sus víctimas para recomponer sus derechos”.
A su vez, puso de manifiesto que 26 municipios en nueve provincias sancionaron cupos laborales para “dar trabajo digno” a personas que eran víctimas de la explotación sexual, y mencionó que Catamarca y Chaco ya votaron leyes de inclusión laboral. “El Concejo Deliberante de Mar del Plata contra la corriente, las leyes y las convenciones internacionales promueve, fomenta y organiza la prostitución e incluso pretende encarcelar y multar a las personas prostituidas en situación de extrema vulnerabilidad”, criticó.
La defensa de Montenegro
Tras la aprobación de la ordenanza, el intendente Guillermo Montenegro señaló que la medida es una necesidad en el contexto actual. “[La medida] le da más herramientas a la Justicia y la policía para que puedan actuar”, sostuvo. Y remarcó: “De esta forma, se da respuesta a un problema que muchos vecinos de la ciudad tienen hace años: la presencia de la Zona Roja en la puerta de sus casas”.
“Mi responsabilidad es trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, y que entre todos podamos construir una ciudad más segura y ordenada”, cerró.
Con información de Télam
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