Marcha federal de salud: se abre un nuevo conflicto entre la UBA y el Gobierno nacional
El Consejo Superior de la universidad resolvió rechazar la resolución del Ministerio de Salud que actualizó el sistema de residencias; nuevas licitaciones en el Garrahan
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LA NACIONFabiola Czubaj
Previo a la marcha federal de salud, crece la tensión de distintos sectores con el Gobierno, que redobla su apuesta. Ayer, las autoridades de los hospitales nacionales y el Ministerio de Salud firmaron los convenios para implementar el cambio en la remuneración de las residencias con financiamiento esa cartera, mientras que esta mañana anunció cambios en las licitaciones de servicios generales del Hospital Garrahan. En tanto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) rechazó la modificación para el pago a los residentes nacionales y adhirió a la movilización de esta tarde.
La jornada, que comenzó con diferentes actividades en el interior del país, tendrá su epicentro esta tarde con una movilización desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo. Detrás de las consignas de apoyo al Garrahan, en defensa de la salud pública y “todos los sectores vulnerados por el Gobierno nacional”, se confirmaba por estas horas la participación de gremios, agrupaciones políticas y organizaciones como el Colectivo Ni Una Menos y centros de estudiantes.
El Consejo Superior de la UBA resolvió ayer rechazar la resolución del Ministerio de Salud publicada en el Boletín Oficial hace dos semanas que actualizó el sistema nacional de residencias en cuanto a cómo se les abonará la remuneración a los futuros residentes.
Como publicó LA NACION, tras el reclamo de un aumento que pedían los residentes del Garrahan, a los que se sumaron sus colegas del Posadas y otras instituciones que dependen de la cartera que dirige Mario Lugones, el ministerio resolvió que esos profesionales opten, en adelante, por uno de dos tipos de becas: una, abonada por la institución donde siguen su formación de posgrado y, otra, a cargo del Ministerio de Salud, como hasta ahora.
Ambas se seguirán financiando con fondos nacionales, pero en el caso de la beca a cargo del hospital o instituto nacional, las instituciones podrán mejorar la oferta con recursos propios. El cambio se aplica solo a los cargos que cubre esa cartera, no así otras jurisdicciones, universidades, organismos o el sistema privado. Pero el Consejo Superior de la UBA consideró para esa alternativa “precariza las condiciones laborales de las y los graduados que integran el sistema de residencias, al eliminar la relación formal del trabajo y transformar las residencias en becas de formación”, fundamentaron al afirmar que “reduce el descanso posguardia, las semanas de licencia y prolonga la jornada laboral”.
Por la opción de la Beca Ministerio, según surge del texto del convenio que firman los aspirantes con Salud, un residente de primer año cobrará unos $810.000 de bolsillo –que son los $998.000 de la beca actual, menos los aportes jubilatorios y la cobertura a través de la Obra Social de los Trabajadores del Estado Nacional–, con ART y seguro de mala praxis a cargo de la institución y sin incentivos extras que esa dependencia pueda otorgar.
En tanto, por la Beca Institución, cobrará el monto neto de $998.000 que paga el Estado, con ART, cobertura de salud y seguro de mala praxis según ofrezca la institución, además de que podrá recibir incentivos extra. En ambos casos, siempre de acuerdo con el texto del convenio, tendrán tres semanas de licencia anual, con licencia por maternidad, paternidad, matrimonio y enfermedad. La dedicación contempla 45 horas de trabajo semanal, con al menos una guardia semanal de hasta 24 horas corridas y no más de ocho guardias por mes, con media jornada de tareas al día siguiente de una guardia.
Este año, la Nación financia 1155 de los 7687 cupos disponibles para primer año de las residencias básicas y posbásicas a cubrir desde septiembre en centros de todo el país (postulantes que rindieron este mes el Examen Único de Residencias).
La UBA rechazó esos cambios porque “atentan contra la relación formal laboral de los profesionales y la calidad formativa del programa de residencias” y, en otro artículo de la resolución del Consejo Superior, expresó la adhesión “a la participación activa de la comunidad universitaria en la movilización” convocada para hoy, a las 16.30, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, “en defensa del derecho a la salud pública, gratuita y de calidad”.
En el Rectorado ratificaron hoy ambas decisiones y, ante la consulta de LA NACION, aclararon que “el presupuesto de la UBA depende de la Secretaría de Educación y las residencias en el Hospital de Clínicas [que depende de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA] del financiamiento de la UBA”. Aclararon que en ese hospital no hay cupos financiados por otras jurisdicciones, la Nación o el sistema privado. Los postulantes a las vacantes que financia y habilita la UBA cada año también se presentan al Examen Único. En la oferta de cargos publicada para este año, para el Clínicas aparecen tres vacantes financiadas por la Ciudad en bioquímica clínica.
“El nuevo reglamento aplica para las residencias nacionales y con financiamiento nacional. Tanto las jurisdicciones como las Universidades nacionales tienen la libertad de elegir cuál es el modelo elegido para la remuneración de sus residentes. El Ministerio de Salud lo que hizo es ofrecer una nueva opción a la ya existente, ni más ni menos”, respondieron desde esa cartera a LA NACION a horas de la concentración principal.
Nuevas licitaciones
Más temprano, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, dio a conocer a través de su cuenta de la red X que abrieron licitaciones para los servicios de limpieza, seguridad y alimentación del Garrahan. “Nos encontramos con sindicatos que ponían las reglas de juego de los contratos, cantidad de personal sobredimensionada y condiciones de trabajo irregulares”. La seguridad está a cargo de la Cooperativa de Trabajo Solucionar Ltda desde 2017, Floor Clean S.A. se ocupa de las tareas de limpieza desde hace 21 años y las firmas Sano y Bueno Catering S.A. y Luis Gómez S.A. brindan los servicios de comida a partir de 2016 en el primer caso y de 2013, en el segundo.
La funcionaria refirió que, con la corrección implementada en el proceso de contratación y la prestación de esos servicios, proyectan a partir de los precios como referencia que los valores que venía abonando el Estado se reducirán para el resto del año en $387 millones en limpieza, $622 millones en seguridad privada y $212 millones en la alimentación.
Las ofertas a la licitación con la revisión de las condiciones de contratación para la limpieza se abren en 10 días, mientras que la seguridad privada podría cambiar a partir del mes que viene, luego de impugnaciones por “discriminación de la cooperativa”, que no tenía el personal en relación de dependencia.
“La cantidad de contratados supera el necesario, pero las condiciones laborales son malas: el precio por hora es de $8076, mientras que el de mercado es del doble y el personal está en negro. Se planificó la vigilancia con tecnología básica y habitual en empresas de seguridad hospitalaria, lo que reduce en un 25% el personal necesario para esos servicios. Se mejoró, además, las condiciones de los trabajadores porque, a partir de esta licitación, deben estar en blanco y se eliminó un requisito extraño: el certificado de libre deuda sindical que obligatoriamente tenía que firmar el mismo sindicato. Se accedió a emitir el documento frente al reclamo sindical, pero solo con la firma de un contador público para certificarlo”, ampliaron en el ministerio.
En tanto, en limpieza “se recalculó el personal, con una reducción de la dotación de 489 a 356 trabajadores, en promedio, con escalas de otras instituciones” y ajustaron según “estándares nutricionales y de calidad” las condiciones del pliego para los servicios de alimentación, que podrían quedar a cargo de 67 personas en lugar de las 114 empleadas, según surge de un detalle oficial.
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