“No vamos a comprar el silencio”. ¿Cuál es la indemnización que deberían cobrar las víctimas de abuso del Colegio del Salvador?

A partir de 2002, después de que se destapara el escándalo de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica en Boston, Estados Unidos, era habitual ver carteles de remate en los jardines de las iglesias. Las distintas congregaciones religiosas tuvieron que indemnizar a las víctimas y como consecuencia, muchas diócesis se vieron obligadas a vender propiedades y algunas hasta quebraron.

En la Argentina, si bien existen antecedentes, eso no ocurrió de manera masiva. Sin embargo, en los últimos días el caso de los abusos cometidos hace 20 años por un religioso —fallecido en 2015— en el tradicional Colegio del Salvador puso el tema sobre la mesa. ¿Cuál es la indemnización que le corresponde recibir a una víctima de abuso? Ésa es la pregunta que ahora debe responder la Justicia.

La semana pasada, 10 víctimas realizaron una denuncia penal contra quienes eran autoridades del Colegio del Salvador y de la Compañía de Jesús al momento de los abusos. Los acusan de haber sido presuntos partícipes necesarios de los delitos de abuso sexual, corrupción de menores y encubrimiento agravado.

“Exigimos que se investigue y sancione a las autoridades de ese momento por haber desestimado denuncias, no haber hecho lo posible por dar con el total de las víctimas, silenciar lo ocurrido y permitir que César Fretes [el abusador] siguiera teniendo contacto con menores”, dijeron los denunciantes en un comunicado difundido el martes pasado.

La denuncia ya tuvo consecuencias. El viernes 10 de marzo se realizó un allanamiento al Colegio del Salvador con el objetivo de reunir toda la información disponible sobre César Fretes. Con ese antecedente y a la espera de nuevas actuaciones de la Justicia, el colegio difundió un comunicado y salió a responder.

LA NACION entrevistó a Alejandro Aníbal López Romano, doctor en derecho canónico y asesor legal del Colegio del Salvador, quien reconoció los abusos cometidos por Fretes. Además, negó que las autoridades denunciadas sean responsables de los delitos imputados, aseguró que se trata de un delito prescripto y sostuvo que el colegio está dispuesto a pagar las indemnizaciones que la justicia disponga en base al daño generado en cada víctima.

“Las personas denunciadas no cometieron ningún hecho y lo ignoraban, al igual que todo el colegio. Es un escándalo porque si hay alguien que hizo algo [por los abusados] fue la Iglesia, separando y expulsando a Fretes. El Código Penal de la Nación dice que el plazo de la prescripción corre desde que la víctima cumple 18 años. Si tomamos esto y los hechos fueron en 2003 prescribieron hace ya varios años”, dijo.

De acuerdo a López Romano, cuando al final del ciclo 2003 tres familias denunciaron ante una de las autoridades ahora acusadas que sus hijos habían sido abusados por Fretes, el colegio lo separó y puso en conocimiento a la autoridad religiosa para que iniciara la investigación en la Iglesia.

“Automáticamente la autoridad de la Iglesia le aplicó una medida cautelar y le suspendió el ejercicio. Siguiendo las normas de aquellos años, se le aplicaron todas las disposiciones vigentes”, dijo.

Además, negó que, tal como afirman las víctimas, se hubieran realizado denuncias anteriores a 2003. “Al contrario, era una persona elogiada”, sostuvo.

Gonzalo Elizondo, una de las víctimas denunciantes, dijo al respecto: “Varios testimonios presentes en el expediente confirmaron que en el Colegio sabían de estos abusos al menos desde 1998. Sorprende que en medio de un proceso judicial tengan la osadía de mentir descaradamente a la comunidad educativa”.

“Lo que sucedió es terrible y el papa Francisco lo ha dicho: con el pedido de perdón no alcanza, pero había procedimientos que había que respetar. En 2003 solo los padres podían realizar la denuncia por un delito de instancia privada. En 2018 la ley cambió y desde entonces cualquiera que toma conocimiento de un abuso puede ir a hacer la denuncia, pero con la ley de aquel tiempo, las autoridades del colegio no podían ir a denunciar”, dijo López Romano.

Elizondo refutó también este punto: “Desde 1994 la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tiene rango constitucional en la Argentina. A su vez, la ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 1999, establece que “toda persona que tomare conocimiento de la existencia de abuso físico, psíquico, sexual, trato negligente, malos tratos o explotación de niños, niñas y adolescentes debe comunicarlo inmediatamente a los organismos competentes””.

La actual demanda penal es el tercer capítulo de un pedido de reparación integral por parte de las víctimas que comenzó en julio de 2022, cuando realizaron un reclamo administrativo al colegio en el que solicitaban un resarcimiento económico y un pedido de disculpas públicas que fue rechazado por el colegio.

Según López Romano, ese reclamo se trató de “un correo electrónico de dos hojas pidiendo 30 millones de pesos para cada uno en el que no decían qué secuelas psicológicas tuvieron, ni cuál fue el daño en cada uno”. Por eso, aseguró, el colegio rechazó el reclamo y solicitó a las víctimas que acudieran a la justicia para que las pericias cuantifiquen el daño.

“El impacto de un abuso es diferente en cada persona. Hay quienes lo superan y quienes no lo superan nunca más. Capaz alguno merece los 30 millones, pero capaz a otro no le hizo nada. Un juez cuando saca una sentencia por un perjuicio de este tipo, le tiene que poner un precio al daño moral porque es el menoscabo que recibió la persona en su dignidad. Eso se determina con pericias y en base a eso la Justicia cuantifica”, dijo el abogado.

Carlos Lombardi, abogado representante de las víctimas, confirmó el monto solicitado en aquella primera instancia y dijo que se calculó siguiendo el criterio aplicado por la misma Compañía de Jesús en otros países, como España, Alemania y Francia, donde la congregación cerró resarcimientos económicos de este tipo. “El monto se solicitó conforme al tipo de delito, la trascendencia social, el daño y el tiempo transcurrido”, dijo. En cuanto a la falta de detalle, Lomabrdi explicó que, cuando se reclama un daño moral, a diferencia de cuando se reclama un daño psicológico, no se tiene por qué justificar.

“La misma congregación de la que forman parte estableció indemnizaciones estandarizadas a nivel mundial, por lo que sería factible hacerlo aquí también. Además, son una de las congregaciones más millonarias. Pero acá desde un principio se blindaron, que es el típico comportamiento de la Iglesia. A pesar de las lágrimas de cocodrilo, demuestran que no les interesan las víctimas”, dijo Lombardi.

Luego de ese primer reclamo rechazado, López Romano dijo que se continuó con una mediación en la que “no se pudo hablar” ya que “se presentaron con una cifra inamovible” que, según pudo saber LA NACION, habría sido el doble del primer reclamo: 60 millones de pesos por cada uno de los diez abusados.

Por su parte, Lombardi reconoció que fue “una cifra más elevada” teniendo en cuenta “la crisis económica y la incorporación de nuevas víctimas”.

“La institución no es un boliche en el que viene alguien, pide 30 millones de pesos y se los dan. Sería una irresponsabilidad. No vamos a comprar el silencio, vamos a honrar todas nuestras responsabilidades y obligaciones, pero en un marco de legalidad. Si se acredita en la Justicia y se verifica, se pagará y si no alcanza se venderá una propiedad, como pasó en Estados Unidos, se rematará o si no quebrará”, argumentó López Romano.

Por último, el asesor legal del colegio habló de la gradación que legalmente tiene el abuso: “No es lo mismo el acceso carnal, el sometimiento ultrajante y el abuso simple. El acceso carnal es lo más grave, después viene el sometimiento ultrajante, que es cuando uno va más allá de obtener la gratificación y humilla al otro, y el abuso simple, que es un tocamiento externo y lo que ocurrió en estos casos”, dijo.

“Siempre tuvimos claro que nuestra prioridad no es lo económico, sino que se investigue lo que ocurrió y se sancione a los responsables —dijo Elizondo—. Nuestro reclamo original presentado el año pasado justamente refiere a una reparación integral, que incluía el pedido de una indemnización pero que iba mucho más allá: investigar lo ocurrido, sancionar a los responsables, disculparse públicamente y garantizar que no vuelva a ocurrir. Ese pedido fue el que rechazaron. Por eso decidimos avanzar con la demanda penal, que es lo que estamos discutiendo ahora y que es nuestra prioridad. Dicho esto, recibir una indemnización por lo que nos ocurrió es un derecho que tenemos y que está establecido en la Justicia, pero aún no hemos avanzado con la causa civil, donde se debería definir esto”.

“Desviar la atención hablando de dinero es un golpe bajo que demuestra una vez más que no les interesan las víctimas, solo proteger su estatus de poder y revictimizarnos luego de años de silencio y vergüenza. Yo cambiaría cualquier suma de dinero por lograr que los responsables de lo que nos pasó rindan cuentas ante la justicia”, agregó Pablo Vío, otra de las víctimas denunciantes.

En abril de 2013, un histórico fallo de la Cámara de Apelaciones de Quilmes, condenó al obispado de ese distrito a pagar una indemnización de 155.000 pesos a un joven abusado por un cura en 2002. En ese momento, el dólar rondaba los 9 pesos, por lo que la cifra equivalía a un monto cercano a los 17.000 dólares.

Teniendo en cuenta la gradación detallada y el antecedente de Quilmes, López Romano propuso considerar ese caso como una referencia válida. “No digo que corresponda [la misma indemnización], pero podemos tomarlo para comparar casos análogos”, dijo.

El caso de Quilmes no fue el único en el que la Iglesia argentina indemnizó económicamente a víctimas de abuso por parte de religiosos.

A finales de ese mismo año, la Iglesia anunció que asumiría públicamente su responsabilidad por casos de pedofilia cometidos por un sacerdote en la localidad de Ricardo Rojas, en el partido de Tigre, y que repararía a las cuatro víctimas “moral y económicamente”, aunque no trascendió la cifra. Para ello, la diócesis de San Isidro puso en venta algunas de sus propiedades. Fue la manera de afrontar el pago de las indemnizaciones.

En muchas partes del mundo la indemnización económica por casos similares ha llevado a distintas iglesias a crisis económicas devastadores. Por ejemplo, el año pasado, una diócesis canadiense vendió 43 propiedades para pagar por el acuerdo económico que se alcanzó con las víctimas del internado de Mount Cashel, en el que cientos de niños sufrieron abusos sexuales durante décadas.

Consultado por la posibilidad de que el Colegio del Salvador afrontara una crisis similar a partir de la actual denuncia, López Romano dijo que siempre existe un riesgo financiero, pero que hay que cumplir: “Si hay que vender una propiedad, se vende y se honra lo que estipule la Justicia”.