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A 15 años de la sanción de la Ley de Salud Mental, una de las voces que apoyó su aprobación en el Congreso al punto de que asociaciones médicas emitieran una declaración de “persona no grata” revisó, ahora, por qué su implementación falló. La norma, según concluyó, terminó siendo más una “frustración” para los profesionales que una herramienta útil para atender una demanda insatisfecha por falta de servicios de calidad y proximidad para la atención, el seguimiento y la recuperación de los problemas de salud mental.
“Mi inquietud fue repasar, a casi una década y media de la sanción de la ley, los pobres resultados que hay. Son muchos años”, expresó Hugo Cohen, psiquiatra especialista en asistencia psicosocial en desastres. “Obviamente, sigo sosteniendo que es una ley muy buena. La OMS la consideró modelo. Entonces, ¿qué pasó?”, planteó.
En 2010, Cohen participó activamente en los debates legislativos como asesor subregional en Salud Mental para Sudamérica de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Eso le valió, entonces, que asociaciones profesionales de la especialidad criticaran formalmente su defensa de uno de los proyectos como funcionario de un organismo internacional. En mayo, la Fundación para la Investigación Interdisciplinaria de la Comunicación (Finteco), que integra la Asociación Mundial de Psiquiatría, formalizó un pedido de desagravio a esa declaración de persona no grata.
A una década y media, las respuestas con las que Cohen dio sobre los problemas con la aplicación de la ley fueron, de hecho, parte de la presentación de su libro durante el VII Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos hace dos semanas. Coincidió con la actualización del informe mundial y el atlas de salud mental de esa organización internacional con sede en Ginebra. La OMS estimó que, exacerbados por las consecuencias de la pandemia de Covid, los trastornos afectan a poco más de 1058 millones de personas en el mundo, con respecto de los 970 millones proyectados en 2019.
En Al margen de la ley de salud mental: crónica de su implementación en Argentina, Cohen avanza sobre 13 puntos de una fallida norma elogiada por la OMS, que nació sin presupuesto ni intención política de ponerla en práctica. El análisis de la norma nacional repara en esos obstáculos que la transformaron en “una frustración para los que trabajan en salud y salud mental, los familiares y las personas con padecimiento mental”, definió. Para eso, identificó qué es lo que no funciona y, entonces, por qué no funciona. A cada obstáculo, le asignó así un capítulo.
En diálogo con LA NACION, repasó los que más reclamos concentran de familias y profesionales. El primero fue, ni más ni menos, que el presupuesto destinado a las prestaciones para una demanda que repuntó especialmente a la salida de la pandemia de Covid y se mantiene. El financiamiento asignado es lo que determina si una norma se transformará en políticas públicas o no.
“La ley prevé que a los tres años de su sanción, es decir para 2013, tenía que destinarse el 10% del presupuesto nacional de Salud a salud mental y en 14 años, por tomar hasta el año pasado, no pasó de un 2%. Es decir que no solo eso está muy lejos de aplicarse, sino que el artículo 32 de la norma, que es el que se refiere al presupuesto, quedó sin reglamentar. Una ley que implica transformaciones y nace sin presupuesto, es una ley muerta. Más aún en salud –expresó Cohen–. La dimensión más sensible para valorar la decisión política es qué presupuesto se asigna. No hubo apoyo político a esta ley desde el inicio. De ahí devino lo demás.”
Sin fondos, lo que el texto preveía sobre, por ejemplo, las internaciones en hospitales generales, la apertura de hospitales de día, las casas de medio camino o el acompañamiento a las familias de personas con problemas de salud mental “no se concretó o se hizo pobremente”, describió el psiquiatra. Para su trabajo, tuvo en cuenta cuestiones objetivas, desde el financiamiento específico orientado al sistema de salud hasta las estadísticas o los resultados de los censos de internación previstos cada dos años con las provincias. “No se modificaron los indicadores en todos estos años”, planteó.
Más allá de lo que consideró un incremento presupuestario que se mantuvo en “cero” pasados los primeros tres años desde la sanción de la ley, resaltó que hasta el año pasado se había hecho un solo censo nacional de los pacientes que están internados: fue en 2018. Citó que la actualización curricular para la formación profesional en salud mental y la atención de urgencias sigue pendiente, mientras que la falta de datos epidemiológicos es una constante que impide saber con mejor detalle qué problemas tienen los argentinos, cuántos los padecen, qué edades tienen y si trabajan o estudian.
No evadió otro de los problemas que bloquean sistemáticamente cualquier mejora del sistema de salud: “Históricamente, en la Argentina hubo confusión entre política partidaria y política de salud. Las medidas de salud mental requieren de tiempo, no se pueden hacer reformas de fondo en pocos años. La Argentina tuvo siete directores nacionales de salud mental en 14 años y había pertenencia partidaria”, dijo. “Esto generó pérdida de recursos valiosos que podrían haberse evitado. Debe priorizarse la capacidad técnica para enriquecer una política de salud pública”, planteó.
En su informe, la OMS actualizó el promedio mundial de profesionales de salud mental en 13 por cada 100.000 habitantes. “La Argentina es uno de los países que más recursos humanos tiene porque hay 13 psiquiatras y 140 psicólogos cada 100.000 habitantes –continuó Cohen–. Sin embargo, la cantidad de pacientes que no acceden a servicios [de salud mental] de calidad para atenderse y recuperarse alcanza al 70-80%, como en los países con 10 o 20 veces menos profesionales. Esto es dramático y no son los profesionales los responsables.”
Cohen trabajó en 24 países e intervino en 13 emergencias y desastres naturales en la región y el país, ya sea con asistencia a afectados o capacitación en primeros auxilios psicológicos a socorristas, profesionales de la salud o diplomáticos. Desde esa experiencia, afirma que en la Argentina hay una deuda pendiente en la formación y la preparación para actuar en urgencias en salud mental; desde esos eventos de magnitud hasta las crisis que llegan a una guardia. Atribuye a esto el reclamo de padres y familiares por los problemas con las internaciones y lugares a los que acudir en esos casos sin tener que deambular de una guardia a otra.
“Con internación en hospitales generales, atención en urgencia, disponibilidad de psicofármacos, apoyo domiciliario, contención a las familias y estructuras de rehabilitación, en algún momento empezará a dejar de tener sentido la existencia del hospital psiquiátrico. Al no desarrollar una red con todos esos componentes, ¡cómo vamos a pedir que se cierren esos centros!”, dijo Cohen.
Pero, ¿por dónde empezar? En el contexto de demanda actual, dio prioridad a disponer de servicios de cercanía tanto física como geográfica para poder dar seguimiento a los pacientes. El apoyo a las familias para saber qué hacer y cómo actuar cuando un ser querido está en crisis, con excitación psicomotriz. “Si la familia no recibe apoyo, poco sabrá qué debe hacer”, respondió.
Lo segundo en lo que hizo hincapié fue que los servicios de proximidad y la orientación familiar se sostenga en el tiempo. “En salud mental, la atención no se resuelve con una inyección, una serie de indicaciones y la consulta a la semana. Lo que asusta, que son las 48 o 72 horas posteriores a la urgencia, se compensa con psicofarmacología. Pero el alta no es lo mismo que con una intervención o cirugía de rutina, sino que hay que dar seguimiento diario y con continuidad. Sin centros de cercanía, no se puede hacer”, insistió Cohen.
Todo esto, para el actual colaborador del Equipo de Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias de la OPS, son algunas de las respuestas “para tratar de comprender por qué estamos como estamos”. Subrayó, una vez más, la necesidad de modificar los planes de estudio de grado y posgrado en las facultades de ciencias de la salud y medicina para que los profesionales que vayan egresando cuenten con herramientas para responder a las urgencias en salud mental.
“No planteo una crítica porque sí, sino para que la Ley de Salud Mental se ponga en marcha. Si no, no servirá de nada. Hay mucho de discurso y de consignas, pero poco de las prácticas. Hay que poder identificar las causas para apuntar a cómo resolverlas”, concluyó Cohen.
