Por qué el gobierno evalúa hacer públicos los resultados de las pruebas Aprender

El Poder Ejecutivo avanza en la elaboración de un proyecto de ley de libertad educativa. La iniciativa contempla la difusión por institución de los datos de las pruebas Aprender, una medida que cambiaría la normativa vigente. El Ministerio de Capital Humano, en conjunto con el de Desregulación y Transformación del Estado, impulsa esta reforma que busca otorgar mayor autonomía a las escuelas y un rol central a las familias.

La principal justificación para la publicación de los datos es fomentar una mejora en la calidad educativa a través de la comparación. Los impulsores de la medida sostienen que esta transparencia permitiría a los establecimientos con desempeños más bajos identificar y adoptar las prácticas exitosas de aquellos con mejores calificaciones.

Esta política se alinea con uno de los ejes del proyecto: transferir a las familias un mayor poder de decisión para que elijan la oferta educativa para sus hijos con información concreta sobre el rendimiento de las instituciones.

El borrador de la ley detalla el procedimiento en su artículo 63. La autoridad nacional de aplicación publicará anualmente la información en un portal digital de acceso libre y navegación sencilla. Los datos se presentarán de forma desagregada por cada institución educativa, aunque se resguardará la identidad de los estudiantes y los docentes.

La propuesta para difundir las evaluaciones nacionales se enmarca en un proyecto más amplio de “ley de libertad educativa”. Esta iniciativa, presentada en el Consejo de Mayo, busca derogar la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, vigente desde 2006. El texto define la libertad educativa como el derecho a enseñar y aprender según convicciones y métodos propios.

La redacción del documento es una tarea conjunta de la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger. Fuentes del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, confirmaron a LA NACION el contenido del borrador difundido por La Política Online.

El documento redefine al sistema educativo como un conjunto de iniciativas de la sociedad y el Estado. Se describe a las familias como “el agente natural y primario de la educación de los hijos”. El proyecto habilita el homeschooling y otras formas alternativas de enseñanza, como la educación híbrida y a distancia, sin establecer una edad mínima.

También promueve una amplia autonomía pedagógica para que las instituciones diseñen sus propios planes de estudio. Otro punto clave es la insistencia en declarar la educación como servicio esencial para garantizar una prestación mínima durante medidas de fuerza. En materia de financiamiento, se plantea la equidad entre gestión estatal y privada y se mencionan instrumentos como becas, vales educativos o créditos fiscales.

La iniciativa también modifica el financiamiento universitario. El artículo 128 del borrador establece que los aportes del Estado nacional se distribuirán según el número de estudiantes, el tipo de carrera, la cantidad de egresados y las áreas de vacancia. El Consejo Interuniversitario Nacional definirá otros criterios.

Se permite que la educación superior se dicte en modalidad sincrónica, en tiempo real, o asincrónica, con interacción diferida a través de recursos digitales. El borrador, que cuenta con 136 artículos, fue entregado a la Fundación Libertad y Progreso para recibir sus aportes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.