Preocupación de las familias: cruce entre el Gobierno y los transportistas por los pasajes para personas con discapacidad

La noticia causó desconcierto y preocupación, sobre todo entre las familias de personas con discapacidad, trasplantados o niños con cáncer. Los pasajes de larga distancia, que hasta ahora estaban cubiertos por ley y eran gratuitos, aun teniendo que hacer un trámite engorroso, se volvieron una incógnita para los próximos días.

Hoy el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, derogó el fondo de compensaciones económicas destinado a las empresas de transporte automotor de pasajeros que cubren el costo de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. Según aclaró el Gobierno, el derecho a la gratuidad para esos grupos continuará vigente y deberá ser garantizado por las compañías. Sin embargo, las familias temen que en la práctica esto se convierta en la imposibilidad concreta de gestionar esos pasajes.

“Ya hace más de un año se volvió muy difícil conseguirlos, de acuerdo con los mensajes que estoy recibiendo. Siempre fue difícil tramitarlos, porque había que hacerlo al menos con un mes de anticipación, pero desde hace un tiempo, aun haciendo el trámite con tiempo, la respuesta que todos recibían era que no había más disponibles. Ahora, con esta medida, ya está: va a a ser literalmente imposible”, apunta la actriz Valentina Bassi, madre de Lisandro, de 17 años, con autismo, que durante el último año se convirtió en una de los referentes de las familias de personas con discapacidad frente a los incumplimientos del Gobierno.

Desde la Cámara de Empresas de Larga Distancia (Celadi) explicaron en un comunicado que lleva la firma de su presidente, Daniel Russo: “Una vez más, nos vemos obligados a aclarar que bajo ningún concepto cuestionamos el derecho al transporte gratuito de las personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncopediátricos. Lo que sí señalamos es la inconsistencia de, por un lado, desregular un sector –medida que este sector no cuestiona– eliminando su carácter de servicio público y, al mismo tiempo, pretender que las empresas absorban indefinidamente –sin compensación alguna– las cargas propias de ese régimen”.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el nuevo esquema normativo para el transporte automotor interjurisdiccional, que habilita a las empresas a fijar libremente las tarifas de sus servicios.

“Esto es un desastre. Todo el sistema de transporte no está funcionando bien para las personas con discapacidad. Y también hay problemas con el traslado urbano. En el subte, ya no te dejan pasar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Te hacen tramitar una SUBE especial, pero es ilegal, ya que el CUD es el único documento que se requiere para viajar de forma gratuita en todos los medios de transporte urbanos. Filtran justo personas que necesitan mucho. Si viene una persona del interior no va a poder hacer ese trámite, lo mismo cuando nosotros viajamos al interior. Pero no se está respetando y, de esa forma, se van sacando de encima la cobertura de esos pasajes. Es ilegal. Ya desde hace un año y medio que se vienen poniendo trabas al traslado de las personas con discapacidad. Ahora, esto ya es un espanto. Hay personas que vienen del interior a hacer tratamiento, que tienen hijos con cáncer, y no van a poder viajar. Todo el tiempo ponen trabas. Es desconocimiento de cómo funciona la dinámica de una familia con discapacidad y crueldad pura”, consideró Bassi.

En medio de la incertidumbre de las familias y los afectados, el Gobierno aclaró a través de la cuenta de la Oficina de Respuesta Oficial en la red X: “Con la Resolución 28/2026, el Gobierno no genera ningún perjuicio ni daño a los beneficiarios. La misma no elimina los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantados, en lista de espera ni para niños y adolescentes con cáncer. La gratuidad se mantiene totalmente vigente. Las empresas de micros ESTÁN OBLIGADAS a seguir entregando los pasajes gratis y la CNRT va a seguir controlando que lo cumplan. Lo que se elimina es el subsidio que el Estado les pagaba a las empresas por esos pasajes. Con el nuevo régimen de libertad tarifaria, ya no corresponde que el Estado les compense ese costo. Ahora las empresas lo absorberán”.

Y agregó que “el Gobierno mantiene los derechos de los beneficiarios y termina con un esquema de compensaciones millonarias que ya no tiene sentido”.

Desde la Celadi se informó: “Hace décadas, las empresas de colectivos de larga distancia entregan pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos. Esa práctica estuvo históricamente enmarcada en un esquema en el que el Estado reconocía a las empresas de transporte regular una compensación económica parcial al ser consideradas prestadoras de servicio público, cargando a estas (empresas) con obligaciones que el resto de compañías no. En diciembre de 2024, el Gobierno decidió desregular el sector a través del Decreto 883/24. Con esa medida, el transporte de larga distancia dejó de ser considerado servicio público perdiendo muchos de sus diferenciales, derechos pero también obligaciones”.

Y agregó: “Mientras la autoridad nacional dejó de pagar las compensaciones, intimó a las compañías de colectivos de larga distancia a continuar entregando estos boletos gratuitos, un número que al año supera los 1,5 millones de pasajes de larga distancia”, dice.

Ante el reclamo de las empresas de larga distancia, fue el Estado –a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte– quien acudió a la Justicia para forzarlas a seguir entregando los boletos gratuitos. “En dos instancias consecutivas –primero el Juzgado Federal en noviembre de 2024, y luego la Cámara de Apelaciones en julio de 2025– los tribunales resolvieron que, si bien las empresas debían continuar entregando los pasajes, el Estado debía continuar pagando las compensaciones, perdiendo en ambas instancias la posibilidad de imponer esa carga sin costo", afirmó el comunicado de Celadi.

¿Cuál es la situación actual? “A pesar de las sentencias, el Estado aún no regularizó los pagos. El último pago que realizó correspondió a noviembre de 2024. Desde entonces, los meses adeudados se fueron acumulando mientras las empresas siguieron entregando los pasajes gratuitos por orden judicial. Ante esta situación, el 18 de mayo de 2026, el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional, aprobó una primera liquidación de la deuda de $8.753.962.143 por el período noviembre 2024-abril 2025, e intimó al Ministerio de Economía a pagar en diez días bajo apercibimiento de multas judiciales. Esa cifra, sin embargo, es solo una parte de lo adeudado: el total acumulado desde que el Estado dejó de pagar supera los $27.000 millones de pesos”, según sostuvo la Celadi.

Los períodos posteriores a abril de 2025 están siendo relevados en la misma causa. “En el día de hoy, el Gobierno publicó la Resolución 28/2026 eliminando el régimen de compensaciones. El texto oficial sostiene que los derechos de los pasajeros con discapacidad permanecen vigentes y que las empresas seguirán obligadas a entregar los pasajes. Eso es exactamente lo que está en debate judicial: si esa obligación puede recaer íntegramente sobre empresas privadas en un mercado desregulado, sin compensación alguna del Estado. Es una cuestión que aún la Justicia no resolvió en su sentencia de fondo. Lamentablemente, lo que la resolución no menciona y nos vemos obligados a aclarar es el contexto en el que fue dictada: dos fallos en contra, una deuda de más de $27.000 millones y un mandato judicial de cumplimiento”, describe el comunicado de la cámara.

“La resolución dice que la gratuidad sigue, por ley. Las empresas siguen teniendo que dar los pasajes gratuitos. Pero, claramente, esto va a generar un problema, porque la que queda en el medio es la gente, porque las empresas van a decir que si el Estado no les paga, cómo van a hacer para cubrir esos pasajes. Cuando empezó esto, lo pagaban las empresas, después llegaron a un acuerdo. Pero ahora va a volver todo el punto anterior y se van a volver a negar a cubrirlos. Tendremos que hacer los reclamos correspondientes”, expresó el padre Pablo Molero, director de Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuclea a distintas organizaciones del sector de la discapacidad.

“Este punto, como muchos otros referidos a la discapacidad, es algo que en los últimos años ya venía funcionando muy mal. Si nos guiamos por antecedentes donde también estábamos mal, como coberturas de salud, actualización de nomencladores, etc (por citar algunos ejemplos) lamentablemente ahora estamos mucho peor. Así que este anuncio no genera una expectativa positiva para el sector sino todo lo contrario, seguirá empujando para abajo en esta lenta y amarga decadencia del “sálvese quien pueda”. Evidentemente para este gobierno la discapacidad es solamente una tablita de Excel que hay que ajustar así que esta es simplemente una raya más al tigre. Ojalá alguna vez recapaciten, porque desde el autismo que nosotros representamos no vemos tablitas sino a las personas y sus familias, que en la mayoría de los casos estamos transitando situaciones dantescas. Y eso no solo es inhumano sino que es injusto. Pero también hay que reconocer que si está pasando todo esto es porque a la sociedad en su mayoría tampoco le importa demasiado lo que le ocurre a la discapacidad. En lugar de indignarse solamente cuando leemos la noticia y desde ese lugar motivarse a hacer algo esporádico, hay que comprometerse de manera permanente con la causa. Si realmente, como decimos, nos interesa. No hacen falta grandes cosas, solamente juntar granitos de arena. Pero granitos de arena con compromiso. Y como a la sociedad no le interesa -tendrá sus motivos para ello- a la dirigencia tampoco le interesa. Es así de sencillo", dice Paulo Morales, fundador de TEActiva, una organización que trabaja para visibilizar los derechos de personas con trastornos del espectro autista.

Por Evangelina Himitian

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