Procesaron a Hernán Boveri y “Fini” Lanusse por presunta administración fraudulenta en la causa por el robo de anestésicos
El juez Javier Sánchez Sarmiento les dictó el procesamiento sin prisión preventiva; la figura penal prevé una pena máxima de seis años
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LA NACIONJosé María Costa
El juez Javier Sánchez Sarmiento dispuso el procesamiento de Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse por el delito de administración fraudulenta, sin prisión preventiva, en el marco de la causa que investiga la sustracción de medicamentos anestésicos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Según pudo saber LA NACION, el magistrado consideró que existen elementos suficientes para avanzar en esta instancia del proceso penal, aunque sin ordenar la detención de los imputados. Además, les trabó un embargo millonario a cada uno.
La resolución judicial se dictó luego de una serie de medidas de prueba que incluyeron allanamientos, análisis de documentación interna del hospital y declaraciones testimoniales incorporadas al expediente. La figura de administración fraudulenta contempla una pena máxima de seis años de prisión, según lo previsto en el Código Penal, en caso de que se llegue a una condena.
Boveri, anestesiólogo de planta del Hospital Italiano, y Lanusse, residente de tercer año del área de anestesiología, estaban imputados en la investigación que analiza cómo anestésicos de uso estrictamente intrahospitalario salieron del circuito legal y aparecieron en domicilios particulares de la ciudad de Buenos Aires. Ambos profesionales fueron apartados de sus funciones y alcanzados por distintas medidas restrictivas mientras avanza la causa.
La pesquisa tuvo su origen a partir del hallazgo de medicamentos anestésicos en distintos procedimientos ordenados por la Justicia y del rastreo de su procedencia. Según surgió de las actuaciones, los fármacos secuestrados pertenecían al stock del Hospital Italiano y no se comercializan en farmacias ni en circuitos de venta habilitados. Ese dato fue central para que los investigadores avanzaran sobre la hipótesis de una salida irregular del material.
En el expediente se acreditó, hasta el momento, un recorrido que vincula al hospital con al menos dos domicilios particulares donde se encontraron medicamentos e insumos médicos. Esos allanamientos permitieron recuperar parte del material sustraído y reforzaron la sospecha de una maniobra sostenida en el tiempo. La Justicia investiga ahora la cantidad total de fármacos desviados, el período durante el cual se habría llevado a cabo la práctica y los roles específicos de cada uno de los imputados.
Durante las indagatorias, Boveri optó por no declarar, mientras que Lanusse realizó un descargo verbal y anticipó una presentación por escrito. Según fuentes judiciales, en esa instancia no se incorporaron elementos que modificaran sustancialmente el eje central de la investigación. En esta etapa, el juez consideró que las pruebas reunidas permiten sostener el procesamiento, aunque sin imponer la prisión preventiva.
En el caso de Boveri, según pudo saber LA NACION, se dispuso un embargo de $70 millones. En tanto, Lanusse deberá pagar $30 millones de embargo.
La causa por la sustracción de anestésicos se tramita de manera unificada bajo la órbita del juez Sánchez Sarmiento, luego de que la Justicia resolviera concentrar en un solo expediente actuaciones que inicialmente se habían iniciado por carriles separados. Esa decisión apuntó a ordenar la prueba y analizar de forma integral la trazabilidad de los medicamentos, los controles internos del hospital y las eventuales responsabilidades penales.
En paralelo, continúa en trámite otro expediente judicial que investiga como averiguación de muerte dudosa el fallecimiento del anestesista Alejandro Zalazar, ocurrido en febrero, aunque ese proceso se mantiene separado del que analiza el presunto delito contra el Italiano. Desde el punto de vista judicial, ambos casos comparten elementos de contexto pero tienen objetos procesales distintos.
La imputación por administración fraudulenta se apoya en la presunta afectación al patrimonio del centro de salud, en función de la salida irregular de medicamentos que solo podían ser utilizados dentro del ámbito hospitalario. Según la investigación, los anestésicos formaban parte del stock institucional y su desvío habría generado un perjuicio económico y operativo para la institución que presentó la primera denuncia en contra de Boveri y Lanusse.
Los allanamientos ordenados en marzo permitieron secuestrar ampollas de anestésicos y otros insumos médicos en dos domicilios particulares de la ciudad de Buenos Aires. Para los investigadores, esos hallazgos resultaron determinantes para confirmar que los medicamentos no permanecieron dentro del circuito hospitalario y que existió una salida irregular del material.
Además del procesamiento, Boveri y Lanusse continúan alcanzados por diversas medidas restrictivas dispuestas durante la etapa de instrucción. Entre ellas, se mantiene la prohibición de contacto entre ambos y la prohibición de salida del país, mientras la causa sigue su curso judicial.
La investigación también analiza los controles internos del Hospital Italiano y los sistemas de registro y trazabilidad de los anestésicos. Uno de los ejes de la pesquisa es establecer cómo se produjo el faltante, qué mecanismos fallaron y si existieron otras personas que, sin estar imputadas, facilitaron o conocieron la maniobra.
Las denuncias
Según consta en las denuncias que dieron origen a la causa luego unificada, la primera alerta formal sobre la salida irregular de anestésicos no surgió de una auditoría interna, sino a partir de presentaciones realizadas tras el hallazgo del cuerpo del anestesista Alejandro Zalazar. En esos escritos se advirtió sobre “el acceso irregular, la sustracción y el consumo de medicamentos anestésicos que solo pueden ser utilizados en el ámbito hospitalario y bajo estrictas condiciones de control”.
Las presentaciones judiciales señalaron que los fármacos involucrados eran utilizados “fuera del acto médico, sin indicación clínica, sin monitoreo y en ámbitos ajenos a cualquier práctica asistencial”. En ese contexto, los denunciantes remarcaron que se trata de sustancias que “requieren un estricto control, cuya administración indebida implica un riesgo cierto para la vida”.
Otro de los ejes que aparecen en los escritos es el análisis de la estructura interna del servicio de anestesiología. Allí se menciona la eventual participación de médicos en formación y se advierte que la “asimetría jerárquica” dentro del hospital es un elemento relevante al momento de evaluar responsabilidades, en función del acceso diferencial a los medicamentos.
Desde un primer momento, las denuncias aclararon que la investigación no apuntaba a delitos vinculados con el narcotráfico ni a la figura de “dealers” en el sentido penal clásico, sino a la presunta sustracción y utilización de drogas legales fuera del ámbito hospitalario. Ese encuadre original es el que, con el avance de la causa, derivó en la imputación por administración fraudulenta y en el procesamiento ahora dispuesto por la Justicia.
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