Puente Ciudad de la Paz: tras el fallo judicial que prohíbe removerlo, el gobierno porteño frena la segunda etapa de la obra
La medida cautelar detuvo la demolición, pero AUSA sigue adelante con la licitación
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LA NACION
Tras la medida cautelar de la Justicia que, por impulso de vecinos y asociaciones patrimonialistas, ordenó al gobierno porteño suspender cualquier intento de demolición o desarme del Puente Ciudad de la Paz, la administración local decidió acatar la medida y frenó la segunda etapa del proceso iniciado para el reemplazo de la centenaria estructura, que une los barrios de Palermo y Colegiales. Aunque esto fue celebrado por quienes luchan por la permanencia del viaducto histórico, admiten que el conflicto está lejos de darse por cerrado.
Hace poco más de un mes, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15 había considerado que existía “un riesgo real e inminente de que se produzca un daño irreparable al patrimonio cultural de Buenos Aires” y ordenado suspender cualquier intento de demolición o desarme del puente, construido en 1919 y protegido mediante su catalogación como bien patrimonial. Lo hizo en respuesta a la acción de amparo colectivo impulsada por dos asociaciones civiles frente a la licitación convocada por la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA) para la instalación de una nueva estructura.
Ahora, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad la Resolución Nº 606, firmada el 17 de noviembre por el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua. El documento estableció que la Etapa 2 de la obra “Puente Ciudad de la Paz” queda sin efecto “hasta tanto se haya dictado sentencia firme en la causa EXP 215671/2025-0″.
Para las organizaciones impulsoras del amparo, la decisión representa un avance relevante. Desde Basta de Demoler explicaron: “Es muy importante que en tan poco tiempo se haya definido todo. Es obvio que la movilización vecinal fue bastante importante. Esto no lo hizo solo Basta de Demoler, si no hubiesen estado todas esas movilizaciones, esto no hubiese salido adelante”.
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, su fundador, Jonatan Baldiviezo, coincidió en que la resolución se ajusta a lo dispuesto por la Justicia. “Es algo positivo porque el gobierno en cierta forma decidió acatar la medida cautelar. La resolución que da de baja la etapa 2 del puente es simplemente un cumplimiento de lo dictado por el juzgado contencioso administrativo. Al estar suspendida todo tipo de demolición, no tenía ningún sentido avanzar con la licitación, porque estaba prohibido cualquier trabajo que implicara afectar la estructura”.
La mencionada etapa incluía el diseño y la fabricación de una nueva estructura metálica de cuatro tramos destinada a reemplazar la existente.
Baldiviezo también advirtió que el trasfondo del conflicto continúa abierto. “Esto no implica que el gobierno haya desistido de su voluntad de demoler el Puente Ciudad de la Paz, sino que solamente está acatando la prohibición de demolerlo establecida por la Justicia”.
En paralelo, desde Basta de Demoler remarcaron que el proceso está lejos de darse por cerrado. “Sabemos que las Autopistas Urbanas SA (AUSA) suspendieron la licitación hasta que se resuelva la cuestión legal, pero también sabemos que el gobierno de la ciudad siempre apela los fallos judiciales, así que sabemos que acá no se terminó”, afirmaron.
En ese sentido, llamó la atención la circular en la que AUSA prorroga la apertura de ofertas de la licitación solamente hasta el 5 de enero de 2026, una fecha cercana en la que es imposible que se haya dictado la sentencia definitiva del litigio judicial.
El conflicto, que ya acumula varios capítulos, movilizó a los vecinos de la zona. En diciembre de 2022, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la estructura fue cerrada al tránsito por riesgo estructural. Sin embargo, las obras de reparación no comenzaron hasta fines de 2024. El 31 de marzo de este año se reabrió al tránsito vehicular, en un acto encabezado por Jorge Macri y Bereciartua.
Cuatro meses después, AUSA lanzó la licitación para construir una estructura más amplia que permitiera el paso de camiones, con respaldo del jefe de gobierno. Justificaron la iniciativa en supuestas fallas estructurales y problemas de seguridad, aunque los informes técnicos oficiales contradijeron esa versión. El llamado para la obra chocó con la catalogación que protege a la estructura, por lo que luego AUSA solicitó al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) la descategorización. Luego de varias sesiones frustradas, la votación rechazó el pedido.
La suspensión de la etapa 2 abre ahora un período de espera entre las partes: la Ciudad, por un lado, y los vecinos y organizaciones patrimonialistas, por el otro. “El gobierno va a quedar a la espera de lo que termine resultando en la decisión final del juicio, como también lo haremos nosotros”, señaló Baldiviezo.
Desde Basta de Demoler dijeron que permanecerán alertas. “Vamos a estar muy atentos a lo que siga sucediendo porque sabemos que el gobierno de la ciudad no va a aflojar y sabemos que van a apelar”, afirmaron.
“El próximo paso para nosotros y para los vecinos es pensar un proyecto positivo en el puente y en su entorno. Los vecinos tienen ganas de proponer un arreglo: rampas para personas con movilidad reducida, mejoras en los terrenos linderos y también una pequeña plaza vecinal. Ojalá podamos organizarnos para avanzar con eso”, concluyeron.
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