Quebrada de las Conchas: imputan a la organizadora de una boda en una reserva natural por presentar una falta autorización
La fiscalía busca determinar si la responsable de la celebración del 23 de marzo pasado confeccionó el documento apócrifo o si intervino un tercero en esa maniobra
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La causa por el polémico casamiento de Nicole Pocoví y Federico Maran, celebrado en la Quebrada de Las Conchas, en Cafayate, sumó un nuevo avance judicial en Salta con la imputación de la mujer señalada como organizadora del festejo y, según pudo saber este medio, también propietaria del terreno dentro de esa reserva natural donde se desarrolló la celebración.
La investigación judicial, que se inició tras detectarse presuntas irregularidades en la autorización ambiental presentada ante el requerimiento de guardaparques, apunta ahora a determinar si fue Lucía Belén Grajales Soriano quien confeccionó el documento cuestionado o si intervino un tercero.
La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó a una Grajales Soriano, de 36 años, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de instrumento público en concurso ideal con uso de documento falso.
La decisión se tomó en el marco de una causa que se originó luego de que autoridades provinciales detectaran inconsistencias en la documentación exhibida para habilitar un evento, del que se estima participaron más de un centenar de invitados, dentro de un área protegida. La Quebrada de las Conchas es una formación geológica con rocas de unos 50 millones de años.
De acuerdo con la reconstrucción oficial, el 23 de marzo pasado un agente de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Salta realizaba un control de rutina en la zona de la Quebrada de Las Conchas, sobre la Ruta Nacional 68, cuando advirtió la presencia de una estructura montada para un evento.
En ese lugar había montado un escenario, iluminación y equipos de sonido, lo que llamó la atención por tratarse de una reserva natural donde este tipo de actividades requiere autorización ambiental previa de parte de la administración salteña.
Al solicitar la documentación correspondiente, se presentó una copia impresa de una supuesta habilitación emitida por el organismo ambiental provincial, que habría sido enviada en formato digital por la ahora wedding planner imputada. Sin embargo, ante las dudas que generó el documento, se realizaron consultas con las autoridades competentes, que confirmaron que no existía ninguna autorización otorgada para ese evento.
Irregularidades
Las irregularidades detectadas incluyeron el uso de un membrete institucional que no coincide con el vigente y la inclusión de una firma que no corresponde a ningún funcionario autorizado. En esa línea, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, Alejandro José Aldazábal, radicó una denuncia y desconoció expresamente la autenticidad del documento, al que calificó como apócrifo.
Con estos elementos, la fiscal consideró que existen indicios suficientes para sostener, en esta etapa inicial, que la imputada habría confeccionado o utilizado un documento público falso con el objetivo de simular una autorización oficial para la realización del evento. La mujer manifestó su intención de declarar por escrito y cuenta con un plazo de 48 horas para hacerlo, conforme a la normativa vigente.
Pocos días después de que el casamiento quedara en el centro del escándalo, Pocoví en diálogo con LA NACION fue tajante al referirse a la organizadora del casamiento: “El permiso que otorga la Secretaría de Medio Ambiente es responsabilidad de la propietaria, quien aseguró haberlo tramitado y quien fue denunciada por presuntamente haber presentado documentación falsa”.
Y defendió la celebración al sostener: “Generó trabajo para unas 100 personas de manera directa, además de movimiento en hoteles y restaurantes”. Sucede que los invitados viajaron desde la ciudad de Buenos Aires, de donde es oriunda de la pareja, y desde otros lugares del país para participar de la ceremonia en ese escenario natural.
Otra investigación
En paralelo, la investigación avanza también en el ámbito contravencional con la intervención de la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), donde ya declararon funcionarios del área ambiental. Entre ellos, el propio Aldazábal, quien aportó documentación administrativa, y el subsecretario de Gestión Ambiental, Normando Zúñiga Derendinger, además de un guardaparques que brindó precisiones sobre el área protegida y el procedimiento realizado el 23 de marzo, día en que se casaron Pocoví, dueña de una marca de anteojos de diseño, de 31 años, Maran, de 31 años, socio de la concesionaria Auto Milano.
Según pudo saberse, también está prevista la declaración de efectivos policiales que participaron del operativo en ese lugar de Cayafate, ubicado a más de 160 kilómetros de la capital provincial.
Según pudo reconstruir este medio, la mujer imputada, Lucía Belén Grajales Soriano, no solo organizó el evento sino que con su familia sería la dueña del terreno dentro de esa reserva natural donde se realizó el casamiento.
Se trata de una propiedad de larga data en manos de su familia, en la que residen desde hace años. En ese contexto, su rol aparece como central en la planificación de la celebración.
La organización del evento habría estado a su cargo en articulación con terceros contratados, entre ellos los vinculados a la boda de los novios. Sin embargo, uno de los puntos clave que intenta esclarecer la Justicia es quién fue el responsable concreto de la presunta falsificación del documento: si la propia imputada o un gestor contratado para realizar los trámites.
La causa se vincula con el casamiento que generó fuerte repercusión pública por haberse realizado dentro de una reserva natural y por el despliegue que incluyó estructuras, música a alto volumen y una importante cantidad de asistentes, en un entorno con estrictas restricciones ambientales. Además de la investigación penal por la presunta utilización de una autorización con firma apócrifa, el caso también podría derivar en sanciones económicas por los posibles daños ocasionados en el área protegida.
En ese contexto, el expediente busca reconstruir en detalle cómo se gestionó —o se intentó gestionar— la habilitación del evento, quiénes intervinieron en ese proceso y qué grado de responsabilidad le corresponde a cada uno de los involucrados, tanto en la organización como en la presentación de la documentación cuestionada.
La imputación marca un avance en la investigación penal, que se encuentra en una etapa inicial. Con los elementos reunidos hasta el momento, la fiscalía considera que existen indicios suficientes para sostener la acusación, aunque restará determinar en las próximas instancias si el caso avanza hacia un eventual juicio y bajo qué calificación definitiva.
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